El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de la localidad conquense contra la anulación de su Plan de Ordenación Municipal (POM) por parte del Gobierno regional, lo que haría inviable la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en su actual ubicación.
El presidente del Ejecutivo autonómico ha lamentado que se haya tenido que llegar hasta el Alto Tribunal castellano-manchego para demostrar que la normativa urbanística de Villar de Cañas incumplía la distancia de seguridad desde el vertedero nuclear a la población así como la insuficiencia de recursos hídricos para el desarrollo del proyecto.
García-Page también ha hecho hincapié en que la anulación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas debería derivar en “responsabilidades políticas” por un proyecto que, a todas luces, representa un negocio “nefasto para la salud de la gente, la seguridad, la economía del país y el derecho”.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno de España que “abandone” definitivamente y “renuncie al proyecto de Villar de Cañas” -en referencia al cementerio nuclear previsto por el Gobierno de España en este municipio conquense- ya que éste sólo puede constituir un “enorme derroche” de tiempo y de dinero para las arcas públicas y los españoles.
Así lo ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la visita que ha realizado este lunes al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y después de haberse hecho pública la nulidad, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), del recurso que el Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) presentó contra la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) que habilitaba el desarrollo del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el término municipal.
El presidente del Ejecutivo autonómico ha calificado de “muy positiva” la resolución del Alto Tribunal castellano-manchego que pone de relieve que el proyecto del basurero nuclear en la localidad conquense “se cae por todos los lados”.
En concreto, García-Page ha hecho hincapié en que la sentencia deja claro que se incumple la normativa sobre la distancia de seguridad que debe existir entre el ATC y el núcleo urbano; algo que, a juicio del presidente de Castilla-La Mancha, “debería ser suficiente para que el Gobierno de España diera por zanjado el proyecto”. Esta misma sentencia, ha abundado el jefe del Ejecutivo autonómico, pone énfasis en la falta de recursos hídricos para la puesta en marcha de un proyecto que ha resultado ser “una enorme patraña”, tanto desde el punto de vista técnico como procesal.
“No sólo fueron a elegir un mal sitio, no sólo es nefasto el proyecto, sino que además se ha ejecutado de manera chapucera”, ha recalcado García-Page, quien ha subrayado igualmente que el almacén nuclear no cuenta con el apoyo ni del Gobierno de Castilla-La Mancha, “ni hay consenso social, como obligaba la ley, ni existen razones que expliquen por qué se ha hecho tan 
mal”.
Responsabilidades políticas
El presidente regional también ha explicado que, además de abandonar el proyecto del ATC, la sentencia del TSJCM “debería derivar en responsabilidades políticas” dado el “malgasto” económico que ha supuesto, que el presidente regional ha cifrado en entre nueve y diez mil millones de euros y que, a juicio de García-Page, debería ser explicado.
En cualquier caso, García-Page ha reiterado la postura contraria del Ejecutivo castellano-manchego al desarrollo de este proyecto tras considerarlo un “negocio nefasto para la salud de la gente, para la seguridad, para la economía del país y para el derecho”, según se desprende de la propia sentencia.
“Haría muy bien el Gobierno en sacar la pata de donde la han metido”, ha indicado el presidente regional para quien, cualquier posicionamiento del Ejecutivo central a favor del ATC de Villar de Cañas a partir de ahora lo único que conseguiría es llevar a pensar que “algo se esconde detrás de este proyecto”, ya que sólo ha generado “pobreza, miedo e inseguridad a la comunidad autónoma”.
En esta línea y en respuesta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha argumentado que, al no existir ya Plan de Ordenación Municipal (POM), conceder nuevas licencias supondría “prevaricar”.
