El documento elaborado y presentado por la Consejería de Bienestar Social ha recibido la abstención de los tres grupos de la oposición, por lo que no ha logrado la mayoría cualificada que necesitaba de 13 votos a favor
El Grupo Municipal Popular ha votado a favor de un convenio de 1,5 millones de euros financiado al 55/45 por la Junta y el Ayuntamiento
Los grupos de la oposición al completo del Ayuntamiento de Cuenca no han dado su aprobación al convenio de Servicios Sociales de la Junta de Comunidades, al no obtener la aprobación de una mayoría cualificada de 13 votos, tal y como advirtió Ángel Mariscal, alcalde-presidente, durante el debate. El Grupo Municipal Popular, y sus 10 concejales, votó a favor de este documento, lo que no ha sido suficiente para aprobar dicho convenio; por su parte, los tres grupos de la oposición se abstuvieron.
La oposición ha basado su abstención en lo que consideran un condicionado del Equipo de Gobierno al expresar su intención de seguir negociando y pidiendo a la Junta la financiación del 100% del convenio.
En el transcurso de la sesión plenaria, Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca y José María Martínez, concejal de Atención a las Personas, pusieron de manifiesto el grave perjuicio que la no suscripción del convenio va a generar en los usuarios de estos servicios que viene prestando el Ayuntamiento durante 8 meses sin financiación alguna de la Junta.
El concejal ha explicado que el convenio rechazado supone una cuantía de 1,5 millones de euros entre la aportación de la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, y ha señalado que contempla la pérdida de 30.000 euros en el Plan Local de Integración Social (PLIS). En cuanto a la proporción de lo aportado por cada institución, la Consjería de Servicios Sociales y el Ministerio aportarían el 55% y el Ayuntamiento el 45%; en relación con la prestación de la ayuda a domicilio, la proporción contemplada es del 76/24 del coste hora, proporción no real, ya que el Ayuntamiento ha subido la hora a 14 euros y no a 12,40 que es lo que fijaba el convenio, lo que supone un incremento de 129.000 euros. En total 159.000 euros más.
El nuevo convenio, que no ha podido ser aprobado y que necesitaba pasar por el Pleno al haber cambiado sustancialmente respecto a los anteriores, establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 con posibilidad de prórroga por un período de hasta 4 años, teniendo efectos económicos desde el 1 de enero de 2017, dado el carácter de continuidad del servicio que se presta. Además, se señala en la cláusula decimocuarta que con carácter anual se procederá a actualizar el importe de los convenios mediante un anexo, en el que se establecerán las cuantías actualizadas para cada ejercicio, “estando sujeto a la condición en cada ejercicio de existencia de crédito”.
