El Laboratorio Agroalimentario y Ambiental, la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental y los Servicios Periféricos de Ciudad Real y Toledo, retrasan informes esenciales para sancionar casos graves de envenenamiento de especies protegidas y de actuaciones sin evaluación ambiental que dañan espacios protegidos como Cabañeros.
Ecologistas en Acción alerta que diversos expedientes sancionadores por infracciones muy graves de las leyes medioambientales corren el riesgo de quedar en nada ante la pasividad de la Consejería de Agricultura que, a través de diversas instancias, no está emitiendo los informes preceptivos para que se incoen expedientes sancionadores y también procedimientos por delitos ambientales.
Tal es el caso, por ejemplo, de los casos de envenenamiento de fauna protegida denunciados en diciembre de 2014 en Nambroca (Toledo) y en febrero de 2015 cerca de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). En ellos murieron, respectivamente, 20 rapaces, entre ellas 5 milanos reales, especie en peligro de extinción, y 2 águilas imperiales ibéricas.
A falta de una respuesta escrita por parte de la Consejería a los requerimientos de Ecologistas en Acción y que se retrasa mes tras mes, la asociación ha podido confirmar que al menos dos son los motivos del retraso. Por un lado, la tardanza del Laboratorio Agroalimentario y Ambiental (LARAGA) en facilitar los datos de las analíticas que confirmen el tipo de veneno empleado. Por otro, la falta de diligencia de los Servicios Periféricos para en base a los datos de las necropsias de las aves muertas iniciar los expedientes pertinentes y adoptar medidas cautelares de protección de la salud y de los recursos naturales. Entre ellas, la suspensión de las actividades cinegéticas o ganaderas que hayan podido dar lugar al envenenamiento.
El caso del LARAGA es particularmente llamativo. Pues este Laboratorio se anunció por la Consejería como un instrumento moderno y eficaz para luchar contra el veneno y otras agresiones ambientales. Pues bien, sus informes no llegan, y nadie responde por ello. Tal vez debiera hacerlo el responsable e impulsor de la instalación, D. Tirso Yuste, Director General de Agricultura y Ganadería.
Estos retrasos están provocando que se aproximen los plazos para poder imputar un delito o una infracción administrativa. Como que ya ha ocurrido en Toledo y Ciudad Real, y ha sido denunciado también por la Sociedad Albacetense de Ornitología en otros casos de veneno en Albacete.
Otra situación especialmente preocupante es la del estado de las denuncias por obras en el Parque Nacional de Cabañeros. Mientras el Ministerio de Agricultura, aunque sea forzado por las denuncias, ha terminado por incoar expedientes sancionadores muy graves tanto por las obras en la finca de los Aznar-Oriol como por la construcción de un vallado en la finca Valleleor de Alberto Cortina, la Consejería se ha limitado a abrir expedientes informativos y sancionadores leves que no profundizan en las graves irregularidades cometidas.
Por ejemplo, y esto es responsabilidad de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la que es responsable Dª Matilde Basarán, por el incumplimiento del procedimiento de evaluación ambiental que afecta al camino de acceso a la finca Cabañeros y al vallado en Valleleor no se ha incoado, que se sepa, ningún procedimiento. Tampoco los Servicios Periféricos han actuado en consecuencia valorando como graves los daños causados a la flora y fauna del parque. Tampoco, ni una ni los otros han retirado las autorizaciones que nunca debieron dar para estas obras.
Así, de estos casos, de los que además se podían derivar responsabilidades penales, apenas se sabe nada y el tiempo pasa en beneficio de los infractores. Recordemos que los plazos de prescripción de las infracciones cometidas varían según las distintas leyes y la gravedad de los hechos entre 6 meses y los 5 años. En el momento actual ya se habrían superado los 10 meses para las obras en la finca Cabañeros, los 7 en Valleleor, los 6 para el caso de envenenamiento en Nambroca y casi los 4 en el caso del envenenamiento de dos águilas imperiales en Ciudad Real.
Ante estos hechos, que se suman a otras denuncias anteriores por dilaciones o ausencias en la tramitación de denuncias, Ecologistas en Acción reclama de la Consejería una actuación diligente y rigurosa, la sustitución del Laraga como organismo de referencia para analíticas de carácter medioambiental, al menos en los casos de veneno, y que se asuman responsabilidades por esta forma de proceder que con el paso del tiempo y la reiteración más parece algo buscado que fruto de la simple inoperancia administrativa.
