Ambas familias tienen la consideración de familia numerosa y en un caso está formada por una mujer víctima de violencia de género, con una discapacidad, y sus dos hijos; mientras la otra familia, con cuatro hijos y cuyo padre se encuentra en situación de desempleo, es usuaria de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Toledo tras perder su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria. En los dos casos, disponen también de un programa de acompañamiento y seguimiento, que se les presta a través de la entidad social de Cáritas Toledo.
El delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, señalaba que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha mantiene su compromiso, “como ha venido haciendo estos últimos cuatro años, de gobernar con alma, pensando en las personas y ocupándose de los colectivos y las familias más vulnerables de nuestra región y provincia”, como en estas situaciones concretas de alto riesgo, facilitándoles la residencia transitoria en unas viviendas dignas y adecuadas a las necesidades particulares de cada caso, “donde puedan rehacer su proyecto de vida y estabilizar su situación social, personal, emocional y laboral, según las circunstancias particulares de cada familia y durante el tiempo que precisen”.
En lo que va de este año 2019, se ha procedido en la provincia de Toledo a la adjudicación de un total de 13 viviendas sociales -incluidas estas dos últimas entregas- que forman parte del parque de viviendas de promoción pública de la Junta de Comunidades, destinadas a colectivos preferentes.
Durante un encuentro que han mantenido los delegados provinciales de Fomento, Jorge Moreno; de Bienestar Social, Francisco Armenta; y de Igualdad, Nuria Cogolludo, con responsables y coordinadores de las entidades sociales de Cáritas Diocesana de Toledo y de la Asociación Socioeducativa Athena, el Gobierno regional ha procedido a la entrega de dos viviendas sociales públicas para dos familias de la provincia de Toledo en situación de alto riesgo de vulnerabilidad.
Ambas familias tienen la consideración de familia numerosa y en un caso está formada por una mujer víctima de violencia de género, con una discapacidad, y sus dos hijos; mientras la otra familia, con cuatro hijos y cuyo padre se encuentra en situación de desempleo, es usuaria de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Toledo tras perder su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria.
Estas dos familias cuentan también con un programa de acompañamiento y seguimiento, que se les presta a través de Cáritas Toledo y, tras analizar su situación, se comprobó que ambas unidades familiares reunían los requisitos necesarios para optar a estos recursos públicos, al participar activamente en dichos programas de acompañamiento y disponer de ingresos mínimos para poder hacer frente al alquiler social y gastos corrientes de las viviendas adjudicadas.
El delegado provincial de Fomento señalaba que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha mantiene su compromiso, “como ha venido haciendo estos últimos cuatro años, de gobernar con alma, pensando en las personas y ocupándose de los colectivos y las familias más vulnerables de nuestra región y provincia”, como en estas situaciones concretas de alto riesgo, facilitándoles la residencia transitoria en unas viviendas dignas y adecuadas a las necesidades particulares de cada caso, “donde puedan rehacer su proyecto de vida y estabilizar su situación social, personal, emocional y laboral, según las circunstancias particulares de cada familia y durante el tiempo que precisen”.
Adjudicadas, en lo que va de año, 13 viviendas públicas sociales
Las dos viviendas entregadas, que han sido rehabilitadas por el Gobierno regional, forman parte del parque viviendas sociales de promoción pública, con el que cuenta la Junta de Comunidades y la empresa pública GICAMAN, para ser destinadas en alquiler a personas con bajos ingresos, así como a colectivos preferentes de: mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, personas dependientes o con dependientes a su cargo o con movilidad reducida, personas en situación de necesidad o exclusión social, jóvenes menores de 36 años, progenitores de familias numerosas y deudores hipotecarios afectados por desahucios de su vivienda habitual.
En lo que va de este año 2019, se ha procedido en la provincia de Toledo a la adjudicación en alquiler de un total de 13 viviendas públicas sociales, incluidas estas dos últimas entregas, mientras durante el pasado año 2018 se llevó a cabo la adjudicación de un total de 12 viviendas a personas de estos colectivos preferentes, así como con bajos ingresos.
En la actualidad, el parque de viviendas de promoción pública consta en la provincia de Toledo de 743 viviendas, de las cuales 475 (el 64 por ciento) están siendo destinadas al alquiler para personas con bajos ingresos (menor al 2,5 del IPREM- Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como a colectivos preferentes.