El consistorio tendrá que pagarles 29.694 euros y no 48.500. Las demandantes estaban en situación de fraude de Ley
El Ayuntamiento de Torralba de Calatrava ha aclarado que las cantidades que tendrá que abonar a las dos trabajadoras sociales cesadas en diciembre de 2017 serán de 29.694 euros, en lugar de 48.500 como habían indicado las demandantes en los medios de comunicación. Esta cantidad corresponde a los derechos profesionales y económicos desde el momento del cese hasta la emisión de las sentencias firmes y la amortización de las plazas, “pero no a ninguna condena por despido improcedente ni por indemnización, ya que el cese está justificado al no existir el Plan Concertado de Servicios Sociales al que se dedicaban exclusivamente”.
María Antonia Álvaro, alcaldesa de Torralba, ha explicado que bajo el mandato de su predecesora en el cargo, María Teresa González, las trabajadoras habían estado concatenando contratos temporales desde el año 2005 hasta el año 2012, fecha en la que González modificó la relación laboral convirtiendo los anteriores contratos laborales en una relación funcionarial de interinidad que irremediablemente con el paso del tiempo se convertiría en el reconocimiento de las trabajadoras como personal indefinido.
Álvaro, ha indicado que tanto la trabajadora social como la educadora de familia de los Servicios Sociales de Atención Primaria llevaban más de 10 años trabajando en el Ayuntamiento en fraude de Ley, como fraudulento fue también el hecho de nombrarlas funcionarias interinas “para no convocar un concurso de manera correcta y legal para cubrir esas plazas”.
En diciembre de 2017, la actual alcaldesa renunció al Plan Concertado de Servicios Sociales y adhirió a la localidad al Plan Regional de Acción Social (PRAS), puesto que al ser un municipio menor de 10.000 habitantes el servicio podía ser prestado directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha manteniendo así la prestación de servicios sociales, pero sin coste alguno para los torralbeños ni para el Ayuntamiento.
El hecho de que Torralba de Calatrava estuviese adherida al Plan de Servicios Sociales Concertado ocasionó un coste de más de 250.000 euros para todos los torralbeños y los Servicios Sociales no funcionaban mejor que ahora que es gratuito.
La sentencia hecha pública estos días reclamaba que se convocara debidamente el concurso para la cobertura de las dos plazas de Servicios Sociales o amortizarlas en debida forma. El Ayuntamiento ha elegido la segunda opción puesto que los servicios de estas profesionales ya no son necesarios al ser prestados por otras vías.
Además, el Ayuntamiento tampoco ha sido condenado a pagar las costas judiciales, por lo que este procedimiento judicial tampoco ha acarreado gastos para el consistorio.