El objetivo principal es coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención, como ‘Puntos Violeta’, centros de Atención Primaria, Emergencias, Puntos de Atención Continuada o Urgencias Hospitalarias.
La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha avanzado que la Junta de Comunidades se personará como acusación popular en estos casos “si hubiese alguna agresión sexual derivada de la sumisión química”, de ahí que haya insistido en advertir a las personas que pudieran realizar este tipo de ‘pinchazos’, aunque no hayan inoculado ningún tipo de droga o sustancia, “que se atenga a las consecuencias porque como se le identifique, tiene serias repercusiones legales”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha actualizado su protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química y/o agresión a través de un pinchazo ante la situación que se viene detectando desde el pasado mes de julio, y especialmente en estas últimas semanas, de agresión a mujeres mediante objeto punzante en contextos de ocio y que “está creando cierta alarma social”.
Tal y como ha resaltado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, “el objetivo principal de dicho protocolo es coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención, como los conocidos como ‘Puntos Violeta’, centros de Atención Primaria, Emergencias, Puntos de Atención Continuada o Urgencias Hospitalarias porque lo que pretendemos es actuar con agilidad, credibilidad, amparo a la víctima y, desde luego, atenderla lo mejor posible con la mayor dignidad y con la mayor eficacia posible”.
Se trata de un protocolo en el que, ante todo, prima la rapidez para poder realizar las analíticas en un centro de salud u hospital, dado que son drogas que se diluyen rápidamente. Y es que, “lo que se pretende es integrar todas las puertas de entrada que puede tener una víctima y que se debe hacer, y para ello hemos establecido un código violeta”.
En este punto, la consejera y portavoz ha sido rotunda al señalar que la sumisión química o el ‘pinchazo’ “es una agresión que está penada por el Código Penal, y además es un delito público por la alarma social que genera y se puede investigar y perseguir desde la Administración pública y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no haya denuncia”.
En este sentido ha avanzado que la Junta de Comunidades se personará como acusación popular en estos casos “si hubiese alguna agresión sexual derivada de la sumisión química”, de ahí que haya insistido en advertir a las personas que pudieran realizar este tipo de ‘pinchazos’, aunque no hayan inoculado ningún tipo de droga o sustancia, “que se atenga a las consecuencias porque como se le identifique tiene serias repercusiones legales”.
Todo el peso de la ley sobre el violador
Por ello, ha insistido Blanca Fernández, “vamos a hacer que recaiga todo el peso de la ley sobre aquel violador que se atreva a someter químicamente a sus víctimas”, una decisión que que se formalizará en el próximo Consejo de Gobierno porque hay que darle forma jurídica, pero “la decisión política está tomada”.
Establecer un diagnóstico con el objeto de reintegrar el nivel de salud del paciente y dar la respuesta médico legal oportuna que garantice los derechos de la víctima, son otros de los objetivos del documento.
Puntos más destacados del protocolo
El protocolo recoge la actuación en los puntos de información ciudadana e igualdad, los llamados ‘Puntos Violeta’. Si han pasado menos de 72 horas, alerta al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y se activa el Código Violeta. Y si han pasado más de 72 horas, canalizar a Atención Primaria, salvo lesiones que tengan que ser atendidas por personal sanitario, en cuyo caso se alertará al Centro Coordinador de Urgencias. En el resto de casos: denuncia y seguimiento por su médico de Atención Primaria a la mayor brevedad posible.
Como resumen, las víctimas tras la agresión por “pinchazo” deben estar siempre acompañadas, y el relato de la víctima es muy importante y hay que darle espacio de escucha y veracidad para su recuperación, porque los datos añadidos en su relato pueden ayudar a esclarecer cómo es la práctica general de este tipo de agresión.
Además, este espacio puede permitir que la mujer recupere una cierta seguridad y control, minimizando el trauma.
Se llamará al 112 si precisa desplazamiento urgente y no tiene medios para ello, así como si precisa la asistencia sanitaria in situ.
Se deberá acudir rápidamente a un centro hospitalario o al centro sanitario que se haya establecido por la Comunidad para la atención sanitaria de estos casos.
Además, se realizará notificación urgente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la detención del supuesto agresor o agresores que puedan haberse identificado y evitar así que sigan actuando.
Como en el resto de situaciones de violencia de género, aquellas mujeres que presenten alguna situación de vulnerabilidad añadida (con discapacidad, migrantes, en situación de exclusión, con adicciones, etc.), van a requerir de una actuación aún más intensiva en la que se incorporen los apoyos sociales necesarios para poder ayudarlas con eficacia.
Para finalizar, la consejera de Igualdad y portavoz ha desvelado que, en base a las cifras que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la región se han registrado diez casos que han acudido de alguna manera al sistema sanitario, ocho de ellos con denuncia, y todos ellos han dado negativo en drogas en el primero de los análisis realizados.