En el Parador, el mismo lugar donde se firmó el Manifiesto de Sigüenza, con el decálogo que marca un antes y un después en el reto demográfico, y con la presencia y activa participación de María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza y presidenta de la Comisión de Despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha, que forma parte del proyec
El proyecto Mecanismo Rural de Garantía (Rural Proofing), en el que un grupo de cincuenta mujeres y cincuenta hombres (el llamado G100) trabaja para ‘ruralizar las leyes’, se ha presentado este sábado en el Parador de Sigüenza, con presencia de la alcaldesa de la localidad, María Jesús Merino, que forma parte del citado G100 y es además la responsable de la Comisión de Despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha; del vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y del director de El Hueco, Joaquín Alcalde. El Hueco es la entidad impulsora del proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra y la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La sesión, que se realizaba de manera presencial y online, se ha celebrado en formato de intercambio de experiencias. Los responsables del Rural Proofing han explicado los pormenores del proyecto y el vicepresidente ha expuesto el Proyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.
Han sido introducidos por María Jesús Merino, quien ha afirmado que “ningún lugar mejor que esta ciudad, que bautiza el Manifiesto de Sigüenza, para presentar el proyecto Rural Proofing”, en alusión a que su decálogo de conclusiones es un documento que marca un antes y un después en la lucha contra la despoblación.
La alcaldesa de Sigüenza ha recordado que aquel Manifiesto, “verdadera hoja de ruta frente al reto demográfico”, firmado precisamente en el Parador, “está entre los antecedentes del Proyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha”, que es “una norma pionera que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación, por cuyo contenido, elaboración y puesta en común y espíritu felicito a la Junta de Comunidades”, ha calificado Merino, al ahora Proyecto de Ley. Por último, la alcaldesa se ha referido a la necesidad de que la UE considere también como comarcas fuertemente despobladas de la provincia de Guadalajara, como ya lo ha hecho con las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, con las ventajas que ello pueda comportar.
“Ha sido un muy interesante intercambio de conocimiento de dos proyectos que tienen el objetivo de repoblar el medio rural”, ha señalado por su parte Joaquín Alcalde, director de El Hueco, entidad que ha puesto en marcha el Rural Proofing, con el apoyo del Gobierno de Navarra.
Alcalde ha advertido de que “hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos. En este caso, que las leyes no sean iguales para todos es una cuestión de justicia, de cohesión territorial y social, y de progreso”.
Por su parte, Martínez Guijarro, ha insistido que la voluntad del Gobierno regional la Ley se apruebe “con el mayor consenso posible” ya que el texto recoge el 90 por ciento de las medidas que se acordaron en la Comisión sobre despoblación celebrada en las el Parlamento autonómico, “porque el problema de la despoblación trasciende legislaturas y gobiernos y la puesta en marcha de medidas que la combatan tienen que perdurar en el tiempo”.
Asimismo, Martínez Guijarro, ha insistido en que ésta será “una ley pionera, avanzada y transversal” ya que incorpora la fiscalidad para luchar contra la pérdida demográfica toda vez que afecta a la práctica totalidad de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma.
Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.
El texto está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los y habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, y con la que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere sentar las bases “para que los ciudadanos puedan decidir con libertad donde vivir”.
Aportando también en la Jornada, han estado, entre otros portavoces del reto demográfico y la lucha contra la despoblación, Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, y Jesús Alique, comisionado para el reto demográfico en el Senado por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Qué es el G100?
El denominado G100 está compuesto por 50 mujeres y 50 hombres procedentes de toda la geografía española y especialistas en diversas materias. El G100 afronta un reto mayúsculo: la creación de un mecanismo para la revisión de la legislación, las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades, con el fin último de promover los cambios que contribuyan a la repoblación rural, garantizando que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular la normativa, las políticas y elaborar los presupuestos.
El G100 se ha dividido en 15 áreas estratégicas: municipalismo y gobernanza, legislación europea, fiscalidad, contratación pública, empleabilidad y emprendimiento, educación y cultura, movilidad y transporte, envejecimiento y salud, urbanismo y vivienda, medioambiente y energía, economía agropecuaria y forestal, tecnología y conectividad, comercio y turismo, comunicación, nuevas economías e innovación social.
El proceso, que se llevará a cabo a lo largo de este año, está a punto de concluir su primera fase, en la que los grupos temáticos han recopilado y revisado las políticas y normas que influyen y/o limitan el desarrollo rural. Con esta información, se realizará un trabajo plenario para poner en común los diagnósticos de cada área. Las primeras conclusiones se harán públicas a últimos del mes de mayo.
Posteriormente, durante el segundo semestre, los grupos propondrán alternativas al diagnóstico realizado y a final de año se presentarán públicamente los resultados.
Para finalizar el proyecto, se editará una guía con el Mecanismo Rural de Garantía que recogerá los puntos normativos conflictivos y las propuestas para su modificación en favor del impulso de una legislación que permita y promueva el desarrollo de las zonas rurales. El documento hará referencia asimismo al diseño de programas y estrategias para cubrir las necesidades de las comunidades rurales y pondrá en valor el potencial de estas zonas para aportar modelos de desarrollo innovadores, integradores y sostenibles.
Este proyecto de Mecanismo Rural de Garantía en España surge al amparo de procesos similares que se han iniciado en países que padecen graves desequilibrios territoriales, como es el caso de Reino Unido, Finlandia, Suecia, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.
En 2016 la Unión Europea (UE) celebró la Conferencia sobre Desarrollo Rural Cork 2.0, en la que se concluyó que era necesario revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural.
Castilla-La Mancha en el G100
Además de la alcaldesa de Sigüenza, otras cuatro personas procedentes de Castilla-La Mancha forman parte del G100. Son Juan Miguel Ortega Terol, profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo en la Facultad de Ciencias Sociales, Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan Ávila, ex alcalde de Cuenca, actualmente en el Departamento de Innovación Social de Red Eléctrica de España; Ángeles Martínez García, ex alcaldesa de Munera (Albacete) y agricultura a título principal; y Marta Corella, alcaldesa de Orea (Guadalajara).
