Ramón Rodríguez PP

El senador Ramón Rodríguez afirma que “la subida arancelaria tendría consecuencias letales para la industria del calzado”

Adela Pedrosa resalta que “es injusto e inadmisible que el Gobierno desproteja a una parte de la industria española”, dejándola fuera del listado de actividades económicas incluidas en el R.D. Ley 5/ 2021

Exigen ayudas directas para la industria del calzado y reprochan al Gobierno que deje fuera al sector en el reparto de los Fondos Europeos

Los senadores del Grupo Parlamentario Popular, Ramón Rodríguez y Adela Pedrosa, han reclamado al Gobierno, durante la defensa de una moción del PP en el Pleno de la Cámara, que suspenda el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google) mientras se negocia un acuerdo conjunto sobre la fiscalidad en los servicios digitales, en el marco de la OCDE, y que impulse medidas de apoyo al sector del calzado.

Así, Ramón Rodríguez, ha pedido al Ejecutivo que restablezca las negociaciones con EE.UU para evitar la subida de los aranceles a una serie de productos españoles, entre ellos el calzado, en un 25 por ciento, con lo que el impuesto se situará en el 35 por ciento al existir ya un gravamen del 10%. “Esta subida arancelaria tendría consecuencias letales para la industria del calzado”, ha afirmado.

Por ello, los senadores del PP, han exigido “ayudas directas” para la industria del calzado, al tiempo que ha reprochado al Gobierno que “deje fuera” al sector en el reparto de los Fondos Europeos, “un duro golpe que impedirá que muchas empresas puedan reflotar”, ha asegurado.

Por su parte, la senadora por Alicante, Adela Pedrosa, que ha intervenido en el turno de portavoces, ha denunciado que “es injusto e inadmisible que el Gobierno desproteja a una parte de la industria española”, dejándola fuera del listado de actividades económicas incluidas en el R.D. Ley 5/ 2021 de medidas de apoyo a la solvencia empresarial.

“Nuestras empresas están heridas señorías, se quedan fueran de las medidas, sufren los estragos de la pandemia y ahora pagan las consecuencias de la ‘tasa Google’”, ha denunciado con rotundidad Pedrosa.

Tras el “SOS” lanzado por el sector del calzado, tanto por el golpe que ha supuesto el año de pandemia, como por el impacto que están teniendo determinadas decisiones políticas, los senadores del GPP han recordado que España “es el segundo país fabricante y exportador de calzado en Europa y líder mundial, junto a Italia y Portugal, en fabricación de calzado de calidad”.

En este sentido, han explicado que España cuenta con 3.543 empresas de calzado, con una facturación de 3.570 millones de euros. “Y lo más importante –ha remarcado- el sector contabiliza casi 40.000 trabajadores y cuenta con un 46 por ciento de empleo femenino”.

Concentración del sector en aéreas geográficas

Por otra parte, el senador popular por Albacete ha destacado otra de las características del sector del calzado, su concentración en determinadas aéreas geográficas, lo que puede suponer “un daño económico y social irreparable en ciudades y comarcas” como, por ejemplo, Almansa (Albacete), Fuensalida (Toledo) Elda, Villena, Petrel y Elche (Alicante), Valverde del Camino (Huelva) y en otras de las Islas Baleares, La Rioja, Aragón y Murcia.

Durante su intervención en el Pleno, Rodríguez también ha señalado que la deslocalización es otro de los riesgos que corre esta industria, a pesar de que España cuenta con “una mano de obra especializada, un alto nivel competitivo y una industria auxiliar perfectamente coordinada con las fábricas”.

“Estas cualidades han sido determinantes para que varias firmas internacionales hayan confiado en nuestro país para la fabricación y distribución de sus productos, pero una subida arancelaria podría deslocalizar su producción hacia países que ofrezcan una alternativa más rentable, como Italia o Portugal”, ha subrayado.

En este sentido, Adela Pedrosa, ha señalado que la ‘tasa Google’ “ya ha paralizado pedidos y ha provocado cancelaciones, lo que dejará a nuestras empresas sin opciones de competitividad y pondrá en riesgo miles de empleos”.

Artículo de opinión de Ramón Rodríguez. Senador del PP de Castilla-La Mancha

Tenemos la ministra de educación más espléndida de la democracia. Ha creado una ley, la de educación, a la que le ha puesto su nombre, Ley Celaá, y la ha donado generosamente al resto de españoles. Me cuentan que la ministra está exultante, la imagen de miles de españoles ataviados con lazos y banderas naranjas inundando con sus coches las calles de las principales ciudades de nuestro país al grito bilingüe de “StopLeyCelaá”, ha sido una inyección de ego difícil de olvidar.

También me cuentan que andaba algo “picadilla”, con Illa, porque el coronavirus monopolizaba las conversaciones de los españoles, no dejando espacio a otros temas de interés como SU Ley, pero hemos de reconocer que la ministra ¡lo ha conseguido!, los capítulos que conforman SU Ley no han dejado indiferente a nadie:

–           Capítulo 1.-  “Pasar con suspensos”

–           Capítulo 2.-  “España no habla español”

–           Capítulo 3.-  “La libertad de elegir lo que el Estado quiera”.

–           Capítulo 4.-  “Ley e ideología”

–           Capítulo 5.-  “El esfuerzo cansa”

–           Capítulo 6.-  “Elegir a dedo, una metodología progresista”

–           Capítulo 7.-  “La escuela única, el modelo cubano”

–           Capítulo 8.- “La Escuela vaciada: el éxodo de la Educ. Especial”

–           Capítulo 9.- “La Escuela Pública que nunca pisé”

–           Capítulo 10.- “La Educación Concertada: Primeros auxilios”

Como ven, temas que incitan al diálogo y la conversación.

La ministra es tan desprendida que ha confesado, con mucho dolor de su corazón, que se va a desprender de la educación CONCERTADA. Los más cercanos a la señora Celaá dicen que está seriamente afectada porque es la educación que ella eligió y en la que se educó, también su hijas, sus nietas, medio gobierno… pero de la que ahora debe desprenderse por “coherencia” ya que desde que forma parte de la “minipandi” encabezada por Sánchez-Iglesias “los hijos no pertenecen a los padres sino al Estado”, circunstancia que obliga a caminar hacia una ESCUELA ÚNICA y ESTATAL, senda que nos ahorrará, según ella, el trago de tener que elegir entre una educación y otra o entre un centro y otro.

Pero hay más, como sabe que vamos todos muy liados ha obviado el diálogo con la comunidad educativa, con el Consejo Escolar del Estado, con ponentes expertos…    para “no molestar”, solo ha contado con los que tenía al lado, o sea, podemitas y nacionalistas; ha renunciado a la propuesta educativa que su partido llevaba en el programa electoral para “integrar” las propuestas ideológicas de comunistas e independentistas; ha despojado al castellano de su condición de lengua oficial, vehicular y materna para descargarla de “tanta responsabilidad”; ha agilizado el nombramiento de los inspectores introduciendo la posibilidad de hacerlo “a dedo”; ha descargado de la mochila educativa el peso y el stress que suponía la asignatura de religión, el esfuerzo por estudiar o esos indeseables suspensos que te impedían pasar de curso. ¡Bravo ministra!

Ahora bien, donde verdaderamente culmina su generosidad es cuando a los niños con discapacidad intelectual que se forman en los 500 centros de Educación Especial de España les ofrece nada más y nada menos que 28.000 centros ordinarios para que puedan elegir, y no crean, garantizándoles “los recursos necesarios para atenderles en las mejores condiciones”. ¡Espectacular! Eso significa que cada centro ordinario, según la ministra, contará con el mismo equipo multidisciplinar especializado como el que disfruta ahora: orientación, psicología, logopedia, psicomotricidad, fisioterapia, rehabilitación etc., aumentando la plantilla docente en España en, al menos ¿200.000?; las instalaciones se reacondicionarán para adaptarlas a los niños discapacitados (espacios, aseos, barreras arquitectónicas…) y dotarán a los centros ordinarios de un sin fin de recursos materiales adaptados a sus discapacidades…  ¡Menudo despliegue si fuera cierto!

Señora ministra, SU Ley se merece que la conozca la Unión Europea y hasta el Tribunal Constitucional, los ciudadanos han decidido firmar para ello. Pero, una última cosa, dicen las malas lenguas que esta ley la redactó usted con sus socios para que le apoyaran los Presupuestos Generales del Estado.  ¡No creo! ¿Por qué van a chantajearla con esto si ya tienen suficiente con el montón de millones que les van a enviar a sus Comunidades Autónomas? Aunque para no dar que hablar, si le parece, cuando aprueben los dichosos PGE y ya no necesiten tanto a sus “societes”, podría hacer usted la vista gorda y guardar su Ley en un cajoncito, con disimulo, hasta que, o bien decida sentarse a hablar con la comunidad educativa o bien lleguemos otros al gobierno y, entre todos, podamos acordar un PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN. ¿Qué le parece?

 Ramón Rodríguez

Senador del PP de Castilla-La Mancha

El senador del PP, Ramón Rodríguez, ha denunciado las concesiones del PSOE para poder sacar adelante esta ley, “a Podemos que el Estado controle la educación, lo que ataca directamente a la libertad de enseñanza, de elección de centro, a también la concertada y a los independentistas les paga con la supresión del castellano y la elección de los inspectores de educación a dedo, sin oposición”

El representante popular en la Comisión de Educación de la Cámara Alta ha adelantado que el PP recurrirá esta Ley ante el Tribunal Constitucional, “porque entendemos que es necesario garantizar la educación de nuestros hijos”

El senador por Albacete, Ramón Rodríguez, comparecía esta mañana en rueda de prensa junto al presidente del Partido Popular, Benjamín Prieto, para insistir en que la llamada Ley Celaá no es más que, simple y llanamente, “el pago económico e ideológico de Pedro Sánchez a independentistas y Podemos para seguir en el Gobierno de España”. Rodríguez, que forma parte de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, destacaba la preocupación que ha generado esta nueva normativa, que se someterá a votación mañana jueves, entre los ciudadanos, ya que incluye cuestiones tan alarmantes como que “el español va a dejar de ser lengua vehicular, oficial en nuestro país o que los alumnos puedan pasar de curso aunque suspendan”.

Así, Ramón Rodríguez, ha denunciado que los integrantes socialistas del Gobierno de España sólo busquen asegurarse y permanecer en sus ministerios, “saben que la crisis sanitaria, económica, social y política está provocando miedo, inseguridad, indignación, en definitiva, hartura entre los españoles y ante la posibilidad de no agotar la legislatura, Sánchez es capaz de pactar y pagar lo que sea y a quien sea, en este caso Podemos e independentistas”, ha insistido.

Para poder atender a las demandas de sus socios, Pedro Sánchez acuerda con ellos la redacción de una ley sin contar con la comunidad educativa ni con la sociedad civil, “a Podemos le concede que el Estado controle la educación, lo que ataca directamente a la libertad de enseñanza, de elección de centro, a la concertada y a los independentistas la supresión del castellano y la elección de los inspectores de educación a dedo, sin oposición”, ha explicado el senador popular, “de todo esto, el PSOE tiene como objetivo mejorar las cifras de aprobados, sin importarle la formación de nuestros alumnos, y a apostar por la inclusión mal entendida, haciendo desaparecer los centros de educación especial de aquí a unos pocos años”.

“La LOMLOE es un ataque al diálogo y al consenso, al castellano como lengua oficial de nuestro país, a la convivencia entre españoles, y entre centros públicos y concertados y, también a la educación pública porque la despoja de la calidad, de valores como el esfuerzo y el mérito y atenta contra la profesionalidad de los profesores”, declaraba Ramón Rodríguez, quien también detallaba que ese ataque de la Ley Celaá se extiende “al servicio de inspección, a la libertad de enseñanza, de elección de formación religiosa, a las educaciones concertada y especial, a la pluralidad y a la igual de oportunidades”.

El senador ha afirmado, para concluir que “en definitiva lo que se va a conseguir es desmantelar la Educación de nuestro país a la vez que se va a desmantelar nuestro país con una Ley de Educación. Yo apelo no solo a la comunidad educativa y a la sociedad civil para que diga un no rotundo a esta Ley, porque lo que necesitamos es un pacto y no mercadear con la educación, utilizándola como moneda de cambio político” y adelantaba que el Partido Popular recurrirá esta normativa ante el Tribunal Constitucional, “porque entendemos que es necesario garantizar la educación de nuestros hijos”.