La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado que esta cantidad sirve para “revertir las situaciones de riesgo y, en los casos más graves, para proteger inmediatamente a esos o a esas menores”. También ha subrayado que cada año, la red de atención acoge a más de 1.000 víctimas de maltrato, abusos y negligencias severas que afectan a niños y niñas, a su desarrollo, a su integridad moral, física y a su situación emocional”.
En estas políticas se enmarca la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de subvenciones por 20,3 millones en convenios con 15 entidades del tercer sector social para 56 hogares con 14 entidades; un convenio para un centro de ejecución de medidas judiciales y un convenio para cinco pisos de autonomía personal y preparación para la vida independiente.
El Gobierno de Castilla-La Mancha destina anualmente para proteger a la infancia en situación de riesgo y de vulnerabilidad en la región, más de 66 millones de euros, una cantidad con la que “atendemos a 71.000 menores y trabajamos con más de 30.000 familias para, en la mayoría de los casos, intentar revertir las situaciones de riesgo y, en los casos más graves, proteger inmediatamente a esos o a esas menores”, a lo que hay que sumar 22 programas de atención a la infancia.
Así lo ha explicado hoy la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que además ha subrayado que anualmente la red de recursos con la que cuenta la región para atender a la infancia acoge anualmente a “más de 1.000 víctimas de maltrato, abusos y negligencias severas que afectan a niños y niñas, a su desarrollo, a su integridad moral, física y a su situación emocional”. Esta red está conformada por 70 hogares y centros del sistema de protección, cinco pisos de preparación a la vida independiente y siete centros socioeducativos para jóvenes.
A todo ello, hay que sumar las 391 familias de acogida de la región “que hacen un labor encomiable e imprescindible”, a través de las cuales se acoge a 517 niños y niñas.
La consejera portavoz ha señalado la importancia de dar a conocer estos recursos para la protección de la infancia en situación de riesgo y de vulnerabilidad, “un tema del que se habla poco, pero en el que se vuelcan muchos esfuerzos, no solo económicos sino técnicos y, sobre todo, de humanos”. Precisamente, Blanca Fernández ha destacado la labor de estas y estos profesionales especializados que “protegen muchas veces la integridad física, emocional, el desarrollo, incluso la vida de niños y niñas que no solamente a veces se encuentran en riesgo o en desprotección, sino que incluso han sufrido malos tratos y abusos de todo tipo”.
20,3 millones para centros y recursos destinados a la protección de menores
En estas políticas se enmarca una de las decisiones tomadas en el seno del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a una serie de subvenciones por importe de 20,3 millones de euros para financiar hasta el 100 por 100 del coste de funcionamiento de varios centros y recursos destinados esencialmente a la protección de menores en riesgo, en situación de vulnerabilidad, que hayan sufrido maltrato o abusos y para procurar su protección, atención, seguridad y su educación.
Tal como ha informado la consejera portavoz, estos 20,3 millones de euros se destinarán a convenios con 15 entidades del tercer sector social que se distribuyen en 56 hogares con 14 entidades, un convenio para un centro de ejecución de medidas judiciales y un convenio para cinco pisos de autonomía personal y preparación para la vida independiente, “porque cuando un niño o una niña cumple los 18 años no los dejamos desamparados, sino que seguimos trabajando a través de esos programas para la preparación para la vida independiente”, ha explicado Blanca Fernández.
De este acuerdo se deriva el mantenimiento de cinco centros de primera acogida y valoración con 30 plazas; 56 hogares residenciales con 455 plazas; 22 plazas especializadas y 13 hogares funcionales para niños y niñas con discapacidad; cinco pisos de autonomía y preparación para la vida independiente con 30 plazas y un centro de ejecución de medidas judiciales con ocho plazas