La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha dado a conocer los detalles del Decreto de ayudas a personas afectadas por el conflicto de Ucrania en la región, dotadas con 1,6 millones de euros y que, se estima, darán respuesta a unas 600 personas que están asentadas en Castilla-La Mancha tras huir del conflicto en su país y que presenten situaciones de vulnerabilidad social y económica.
García Torijano ha informado de que, unido al Decreto de Ayudas a familias ucranianas, también se ha dado luz verde a un programa temporal de contratación de cinco funcionarios interinos que refuercen la gestión y el trámite de estas prestaciones desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2023.
También se ha aprobado la Convocatoria de Ayudas de Emergencia Social para 2023, dotada con 9,3 millones de euros, para cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido, mantenimiento de suministros y dignificación de la vivienda.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy varios expedientes que suponen una inversión de 11,1 millones de euros destinada a la protección social de la población más vulnerable a través de un decreto de concesión directa de ayudas a personas afectadas por el conflicto de Ucrania, un programa de refuerzo temporal de empleo para agilizar su tramitación y la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social para 2023.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto a la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.
En relación al primero de los asuntos, las ayudas directas a personas afectadas por la crisis de Ucrania en Castilla-la Mancha, la consejera ha explicado que la cuantía recibida por parte del Gobierno de España asciende a 1,6 millones de euros para “dar respuesta a esas situaciones de vulnerabilidad que puedan tener todavía las personas que huyeron del conflicto de Ucrania, desde que empezó hasta el verano, para poder atender a sus necesidades básicas e insertarse en la población y en la Comunidad Autónoma”.
El decreto se publicará en el Diario Oficial de la región antes de que acabe el año y viene a dar una respuesta modulada a la situación actual que presenta la población ucraniana que se ha asentado en el territorio regional tras los primeros meses del conflicto.
Como ha recordado la consejera, “ahora que la situación de familias asentadas en el territorio ya es más estable, se pone en marcha este decreto para poder dar una respuesta ágil, eficaz, eficiente y flexible a las situaciones que todavía sean difíciles de afrontar a las familias ucranianas”.
Se trata de una ayuda de 400 euros al mes por cada adulto que la solicite, más 100 euros adicionales por cada menor a su cargo. Se solicitan a través de los servicios sociales, tendrán una duración de seis meses y se estima que se podrán conceder unas 600 ayudas que se abonarán mensualmente a los beneficiarios, que han de estar empadronados en Castilla-La Mancha, bajo régimen de Protección Temporal, que acrediten carencia de medios económicos y no sean beneficiarios de plazas ni recursos del dispositivo de emergencia.
Atención a la Emergencia de Ucrania en Castilla-La Mancha
La titular de Bienestar Social ha manifestado que, hasta ahora, todas estas situaciones de vulnerabilidad se han ido respondiendo con las Ayudas de Emergencia, en concreto, se han resuelto 172 ayudas, con una inversión de 281.450 euros.
Desde que comenzó el conflicto, son cerca de 130.000 personas las que han llegado a España desplazadas por la crisis bélica. En Castilla-La Mancha, hasta la fecha, son 2.799 personas las que han solicitado la protección temporal en la región “a las que hemos dado respuesta desde el principio a todas las necesidades que tenían para que tuviesen una vida normalizada y poder reconstruir su proyecto de vida cuando, además, salen de su país con unas circunstancias tan dolorosas como las que han sufrido estas personas”, ha dicho García Torijano.
Asimismo, ha repasado otras cifras que dan muestra de la atención que se ha ofrecido en relación a este conflicto, como las 1.612 personas que han sido atendidas por los servicios sociales; la emisión de 2.774 tarjetas sanitarias y los 849 menores escolarizados en centros no universitarios de la región.
“Una respuesta por parte de las administraciones que ha sido reflejo de la que ha dado la sociedad castellanomanchega, que está altamente sensibilizada con la problemática de estas personas vulnerables”, ha insistido.
Programa temporal de refuerzo para agilizar la tramitación de las ayudas
Unido al Decreto de Ayudas a familias ucranianas, también se ha dado luz verde a un programa temporal de contratación de cinco funcionarios interinos que refuercen la gestión y el trámite de estas prestaciones desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2023.
“Estamos hablando de 165.000 euros que se ponen en marcha para poder contratar a un trabajador social, dos técnicos administrativos y dos auxiliares administrativos, que se van a dedicar solo y exclusivamente a poder tramitar todas las ayudas que, a través de los servicios sociales de Atención Primaria, nos hagan llegar para agilizar el programa”.
9,3 millones de euros para Ayudas de Emergencia Social en 2023
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado 9,3 millones de euros de la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social para 2023.
Tal y como ha explicado la titular de Bienestar Social, “se trata de ayudas que van dirigidas a cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido, mantenimiento de suministros en el hogar, cuando en un momento dado, de una forma sobrevenida, una familia no pueda hacer frente a esos pagos, así como para la adecuación y dignificación de la vivienda”.
El período de solicitud de las mismas se abre el 2 de enero y permanecerá abierto todo el ejercicio o hasta agotar el crédito disponible.
Las ayudas de emergencia en 2022 han disminuido con respecto al año 2021. Así lo ha afirmado la consejera al realizar el repaso y balance de esta convocatoria en esta legislatura, en la que se han concedido 20.614 ayudas de emergencia social a las que se han destinado más de 20 millones de euros.
“Esto también es una respuesta a lo bien que está respondiendo en estos momentos el Ingreso Mínimo Vital, donde estamos llegando casi a las 20.000 prestaciones en nuestra Comunidad Autónoma y también a todos los recursos y programas que ponemos en marcha desde la Consejería de Bienestar Social y el resto de áreas de Gobierno para paliar las situaciones de vulnerabilidad social en la región”, ha concluido Bárbara García.