Las cuatro organizaciones piden al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) que se cambien los criterios para cuantificar el importe de los ecoesquemas, pues la actual propuesta supone nuevamente que las regiones españolas con mayores rendimientos históricos cobren hasta tres veces más que las regiones de menores rendimientos, perpetuando la diferencia histórica de ayudas que nos trajo el pago básico.
Las organizaciones profesionales agrarias regionales (ASAJA‐CLM, UPA‐CLM y COAG‐CLM) y COOPERATIVAS AGRO‐ALIMENTARIAS CASTILLA‐LA MANCHA han fijado su posición firme y unánime en contra de la propuesta del MAPA de ecoesquemas que actualmente se está debatiendo con las comunidades autónomas en el marco de la arquitectura ambiental del Plan Estratégico de España para la próxima PAC, dado que, a juicio de las mismas, perpetua los desequilibrios territoriales entre unas regiones y otras, especialmente en aquellos ecoesquemas que afectan a los cultivos leñosos y a los cultivos herbáceos, beneficiando nuevamente a las regiones de mayor pago básico actual y alejándose de la convergencia que exigen los nuevos reglamentos de la PAC.
Ecoesquemas de cultivos leñosos
La propuesta fechada el 21 de julio por el Ministerio, en lo que respecta a los ecoesquemas de cultivos leñosos (olivar y viñedo principalmente) denominados “Cubiertas vegetales inertes cultivos leñosos” o “Cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos” se ha establecido diferenciaciones de ayuda en función de la pendiente de las parcelas (para pendientes menores del 5%, entre el 5‐10% y mayores del 10%) que, en la práctica, supone que las parcelas con pendiente mayor del 10% (que, por ejemplo, son el 67,6% de la superficie de olivar andaluz según datos de su PDR) cobren aproximadamente 2,4 veces más ayuda que las de una pendiente del inferior al 5% (que es la práctica totalidad de la superficie de olivar de nuestra región), baremos que no atienden al diferencial real de incremento de costes de manejo que, teóricamente, es la base de cálculo.
Ecoesquemas de cultivos herbáceos
De la misma forma, en el caso de los ecoesquemas dedicados a los cultivos herbáceos, igualmente se establecen tres niveles de ayuda distintos para el mismo ecoesquema en función de si son tierras de cultivo de secano, secanos húmedos y tierras de regadío, con diferencias importantes en los niveles de ayuda de manera que el pago por hectárea en los secanos húmedos duplica la de los secanos, y la de los regadíos triplica la de los secanos.
Una “territorialización a medida” que perjudica a Castilla‐Las Mancha.
Este diseño de los ecoesquemas presentado por el MAPA supone de facto una “territorialización” hecha a medida para primar a aquellas regiones con rendimientos históricos más elevados sobre la base de criterios como, por ejemplo, la “pendiente” que se ha moldeado interesadamente en tres tramos que pretenden que cobren un mayor importe de ayuda regiones concretas sin tener en cuenta estudios agronómicos y de caracterización del olivar que justificarían un único tramo diferencial del 20% de pendiente a partir del cual la mecanización es sumamente dificultosa y a partir del cual está más justificada la diferenciación de la ayuda, y obviando otros criterios agronómicos como el nivel pluviométrico o el marco de plantación.
“Cambiarlo todo para no cambiar nada”.
Las cuatro organizaciones instan al MAPA a que cumpla con el mandado de los reglamentos europeos que exigen a los estados miembros una convergencia real y efectiva en los pagos del primer pilar, objetivo que no se cumplirá con el diseño de la actual propuesta que mantiene 20 regiones de pago básico que convergerán internamente entre cada una de ellas, pero no entre todas ellas, como sería lo lógico.
Convergencia que, igualmente, debe afectar a una parte importante del presupuesto destinado a los ecoesquemas (23%) que no pueden perpetuar las desigualdades que vienen sufriendo históricamente regiones como Castilla‐La Mancha en el reparto de las ayudas; una región en la que el sector agroalimentario es su principal motor económico y en el que las zonas rurales más deprimidas y con mayor riesgo de despoblación seguirán siendo altamente perjudicadas en el reparto de los fondos, limitando así su viabilidad económica futura.