Artículo de opinión de Olga Ávalos, concejala de IU-Podemos Toledo y responsable de Estrategias para el Conflicto de IU CLM
Llevamos meses escuchando que la ocupación de viviendas, es igual a delincuencia. Pero las estadísticas y la realidad no dicen eso. Entonces, ¿cuál es el origen y/o la intención de magnificar un supuesto problema o tergiversar el escenario real de la ocupación?
Hagamos un repaso a algunos aspectos que han influido en los últimos tiempos en el ámbito del derecho a la vivienda y sus consecuencias para llegar al punto en el que nos encontramos ahora.
Si buscamos la raíz del problema, que algunos no quieren ver o más bien tapar (precisamente los que están alentando los enfrentamientos), la encontramos en el problema habitacional actual que tenemos en nuestro país, un problema que se ha ido engordando paulatinamente en el tiempo y no por casualidad.
Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, y no precisamente por culpa de los y las currantes que representan la clase trabajadora, se quedó mucha gente sin trabajo y sin casa. Para los que pudieron conservar su trabajo, las hipotecas eran (y siguen siendo) un gasto muy importante en la economía doméstica. Unas hipotecas que contaban en buena medida con cláusulas abusivas que firmábamos sin saber lo que conllevaban. Estas condiciones contractuales siempre favorecían a los bancos. Estos, siempre tenían las de ganar, lo que generó una gran frustración entre muchos hipotecados, porque si bien desde el trabajo solidario de algunas asociaciones sociales se intentó y consiguió revertir las condiciones abusivas de dichas hipotecas, a veces esta reversión no se consiguió, lo que dejó a mucha gente fuera (familias en muchos casos).
Esta gente con el paso del tiempo aumentó su condición de pobreza, desigualdad y de vulnerabilidad. Unas condiciones que no tuvieron una respuesta por parte de las administraciones para solucionarse, porque sencillamente, nunca se quiso solucionar.
Otros tuvieron peor suerte. Miles de ejecuciones hipotecarias, dejaron en la calle a familias enteras. No se les dio ninguna solución real y algunas no tuvieron más remedio que ocupar otra vivienda.
Casualidad o no, es que los bancos y las entidades financieras pusieron el foco en estas familias vulnerables sin ningún miramiento, haciendo lo indecible por dejarlas en la calle. Después, y una vez vacías las viviendas, no han hecho nada, más allá de dejarlas abandonadas en un hipócrita “sueño de los justos”. Viviendas que se quedaban vacías, por no decir abandonadas y la mayoría de las veces sin pagar impuestos, sin hacerse cargo de nada, y exponiéndolas e invitando por su condición de abandono, a su usurpación para actividades delictivas.
Es decir, han dejado en la calle a miles de familias ¿para qué?, ¿para tal vez especular con un derecho a costa del sufrimiento de miles de familias? La realidad es que a día de hoy esto sigue ocurriendo. Miles de casas están vacías y la gente no tiene opción a ellas.
Esta situación, como he dicho antes, ha generado una nueva corriente de ocupación. Digo “nueva” porque debemos de separar ocupación social, de la ocupación para delinquir.
Pues bien, ahora los mismos que han generado este problema y no buscaron deliberadamente una solución, ahora que se ha salido de control esta cuestión porque se han formado verdaderas mafias (que no son “ocupas”, son delincuentes), ahora; estos ponen el grito en el cielo e intentan modificar las leyes.
Ahora sí interesa hacerlo y provocan que nos enfrentemos entre vecinos, nos meten miedo, hablan de indefensión. Pero poco se dice, o nada, de las nuevas empresas anti-ocupación, que están surgiendo y que no generan precisamente una buena convivencia por las tácticas y modos que parecen utilizar. Y hablando de empresas relacionadas con la seguridad privada, ¿os habéis dado cuenta que cuanto mayor es el grado de alarma social, casualmente aparece por “arte de magia” un anuncio de seguridad privada doméstica?, empresas de seguridad privada que en un buen número son propiedad de empresas administradora de activos financieros e inversión de capitales (lo que todas conocemos como bancos) que a la vez son los propietarios de las viviendas ocupadas.
¿Por qué no se ha elaborado antes a nivel estatal o por autonomías, leyes de vivienda útiles, programas de alquileres sociales dinámicos de verdad, sancionando también a los grandes tenedores (bancos y entidades financieras en su mayoría) que no cumplan con unos mínimos legales? Pues porque parece que no ha interesado.
La ocupación social no es el problema real para la población en general, ya que las estadísticas nos indican que esta difícilmente se va a ver envuelta en una situación de usurpación de su vivienda. Esto es así, porque una cantidad muy pequeña de ocupaciones se da en segundas viviendas entre particulares. La mayoría de las viviendas ocupadas pertenecen a bancos, fondos buitre, entidades financieras, constructoras, etc.; que echaron a las familias a la calle por multitud de circunstancias, entre las que se encontraba el hecho de no poder pagar sus hipotecas que en muchos casos eran abusivas.
Es decir, especuladores natos, que hacen de la vivienda un negocio, transgrediendo el principio del artículo 47 de nuestra “sagrada constitución” que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Vecinos contra vecinos y no contra especuladores, es lo que ha hecho fuertes a estos últimos. Con todo esto, intuyo que la famosa Ley anti ocupación a la que se aspira por unos, no pretende solucionar el problema de la vivienda como derecho básico constitucional, sino más bien solucionar y dar facilidades a un nuevo escenario que los especuladores ya prevén: una nueva ola de desahucios a base de lanzamientos, debido a las repercusiones económicas derivadas de la crisis por el coronavirus, que engrosarán los ya voluminosos activos financieros de los que disponen. Activos libres de responsabilidades y sostenidos con el dinero del rescate que les dio el Estado, a costa del trabajo y las condiciones de vida de la gente de España.
Una pescadilla que se muerde la cola.
Poner el foco en el problema real sería reconocer y exponer que hay muchas viviendas vacías y muchas personas en la calle. Esto en un país democrático no es normal, pero menos democrático y normal es que se rescaten bancos, autovías y no personas.
Algunas de las soluciones serían: bajar el precio de las hipotecas, adaptándolas a la situación real que tenemos en estos momentos, establecer políticas reales para el alquiler, no especular con un derecho constitucional y controlar con mecanismos y recursos, los abusos en esta materia.
Olga Ávalos
Concejala de IU-Podemos Toledo y responsable de Estrategias para el Conflicto de IU CLM