Por sectores, UNEF estima que se instalen 95 MW nuevos en el sector industrial y agropecuario, 23 MW en el de servicios y 37 MW en el segmento residencial y Administraciones Públicas.
Este programa de ayudas a la inversión supone una gran oportunidad para el autoconsumo, un instrumento vital en la lucha contra el cambio climático.
La decisión del Gobierno con esta partida es un reconocimiento al sector como elemento tractor de la recuperación económica española.
Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas en las que UNEF ha logrado eliminar el requisito de la licencia de obras para autoconsumo, una de las principales barreras a su desarrollo.
Castilla-La Mancha recibirá 43,2 millones de euros del programa de ayudas para la inversión en autoconsumo anunciado por el Gobierno. Enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español y el reparto de los fondos de recuperación europeos ‘Next Generation UE’, esta partida permitirá la instalación de 155 MW nuevos de autoconsumo global en esta Comunidad Autónoma.
Para UNEF esta partida supone una gran oportunidad para el autoconsumo, no sólo para continuar siendo un instrumento vital en la lucha contra el cambio climático, sustituyendo el uso de combustibles fósiles por instalaciones fotovoltaicas que usan una energía limpia y que no liberan emisiones como es la procedente del sol, sino también para ser un elemento tractor de la recuperación económica española.
En concreto estas ayudas, a repartir entre todas las Comunidades Autónomas, destinarán a Castilla-La Mancha 43,2 millones de euros de los cuales 19,9 millones subvencionarán instalaciones de autoconsumo en el sector industrial y agropecuario, 5.9 en el sector servicios y 17,4 en el segmento residencial y de las Administraciones Públicas.
Según los cálculos que ha realizado UNEF estas ayudas se traducirían en 155 MW nuevos de autoconsumo en Castilla-La Mancha. Por segmentos, la estimación es que permitirán la instalación de 95 MW nuevos en el sector industrial y agropecuario, 23 MW en el de servicios y 37 MW en el segmento residencial y Administraciones Públicas.
Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar la distribución de estos fondos. UNEF valora que se haya previsto el acceso a estas partidas por concurrencia simple y señala que la clave del éxito de este reparto es que la gestión de estas ayudas se lleve a cabo de manera ágil y rápida. Además, para conseguir el efecto deseado, será necesario que se dote al personal responsable de esa gestión de los medios adecuados.
Eliminación licencia de obras
Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas en las que UNEF ha logrado eliminar el requisito de la licencia de obras para autoconsumo, una de las principales barreras a su desarrollo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consiguió en enero de 2021 que esta Comunidad apruebe la adecuación de las leyes autonómicas de urbanismo a la realidad del autoconsumo, para que estas instalaciones se tramiten por la vía de la comunicación previa o la declaración responsable, lo que agiliza considerablemente la tramitación administrativa.
“La mejora de la agilidad de las tramitaciones es, en este momento más que nunca, clave para que se reactive la actividad de todo el entramado de autónomos y empresas que pueden hacer del autoconsumo una vía más de recuperación económica y generación de empleo en los municipios tras la crisis actual por la COVID-19”, señala José Donoso, director general de UNEF.
Así, gracias al trabajo realizado por UNEF, asociación que representa al 90% del sector, en Castilla-La Mancha, la comunicación previa o la declaración responsable sustituirá la licencia de obras, trámite que no se ajusta a la naturaleza de una instalación sobre cubierta y que conlleva retrasos de hasta ocho meses en la tramitación del proyecto. La licencia de obras supone un impacto en el coste de la instalación y desanima a los ciudadanos que quieren apostar por el autoconsumo para reducir su factura eléctrica y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Hasta el momento UNEF ha logrado que se elimine este requisito en todas las Comunidades Autónomas excepto en Madrid, Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja y País Vasco.