Debido a la pandemia del coronavirus, la celebración del Orgullo Gay se ha tenido que trasladar forzosamente a los medios digitales en medidas de seguridad sanitaria. A causa de esto, el colectivo LGBTI ha aprovechado la difusión de las redes sociales para llevar a cabo una serie de reivindicaciones al Gobierno, entre ellas, percibir el Ingreso Mínimo Vital en base a las necesidades propias de este colectivo por su condición de homosexuales.
En base a la crisis económica que está atravesando el país, esta comunidad reclama unos ingresos mínimos que garanticen que podrán superar sin dificultades esta etapa. Esto es debido a los perjuicios económicos soportados por este colectivo en anteriores etapas similares en el país. Así lo indica el tweet publicado de David Jiménez, uno de los adheridos al “Manifiesto LGBTI por una Renta Básica Universal”, donde señala que “ante la crisis económica que viene, los colectivos LGBTI nos unimos para reclamar una #RentaBásicaUniversal que garantice nuestras vidas en condiciones de dignidad”.
Una vez hecha esta publicación en las redes sociales, gran parte de la sociedad se ha escandalizado y ha interpretado que este colectivo exigía el Ingreso Mínimo Vital únicamente por su naturaleza homosexual. De ser así, esta comunidad estaría discriminando al resto de la sociedad por sus inclinaciones sexuales.
Como argumento para percibir esta renta mínima, señalan que gracias a esta ayuda del Gobierno, no sólo se cubrirán las necesidades alimentarias de este grupo de la sociedad, también las del resto de la población que se encuentre en una situación de precariedad económica. En este manifiesto, se menciona de forma especial a las mujeres, menores de edad y a demás colectivos sociales haciendo especial hincapié en la desigualdad que sufren las personas LGBTI en distintos contextos sociales.
En total y según un estudio realizado por CromosomaX, el manifiesto que reclama el Ingreso Mínimo Vital denominado ‘Manifiesto LGBTI por una Renta Básica Universal’, ha sido firmado por 54 colectivos de todo el país y por 278 adheridos individuales. Entre ellos el Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, numerosos profesionales relacionados con el periodismo, la sanidad y economía entre muchos otros con distintos cargos.
Los datos obtenidos en el ‘Manifiesto LGBTI por una Renta Básica Universal’ pretenden trasladar al Gobierno la urgencia de recibir esta prestación, debido a que el confinamiento ha agravado de forma considerable la situación de varios subgrupos pertenecientes a este colectivo. Como primer ejemplo señala a los menores que conviven con familias LGBTI fóbicas y su imposibilidad de emancipación. Añade además la situación actual del colectivo trans, señalando que el 85% debe prostituirse por su precariedad económica. De la misma forma menciona a los inmigrantes homosexuales y estacionados de forma ilegal en nuestro país y demás casos soportados de exclusión laboral por homofobia.