El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que a través de esta legislación propia se reconoce públicamente a las 284 víctimas de la barbarie terrorista que el Ministerio del Interior tiene registradas en Castilla-La Mancha. “Con esta Ley venimos a contribuir al sentido común en la política nacional”, ha remarcado.
La futura norma establece la reparación y el reconocimiento de las víctimas y sus familiares, así como asistencia médica, incluyendo atención psicológica; acceso prioritario a los servicios sociales; atención específica en los centros educativos, tales como ayudas para estudio y servicio de comedor, transporte y adquisición de material escolar. Además, la nueva Ley reconoce bonificaciones en transporte, acceso prioritario a vivienda y bonificaciones fiscales.
El vicepresidente regional ha explicado que ahora el texto pasa al Consejo Consultivo, por lo que se espera que en el mes de diciembre éste haya remitido el informe al Ejecutivo regional y se prevé que la Ley pueda quedar aprobada a finales de año. “Es una ley que nos gustaría que contara con el máximo consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha”, ha declarado Martínez Guijarro.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de Castilla-La Mancha, un texto que el Ejecutivo regional ha diseñado buscando el reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo y sus familiares que tengan vecindad en cualquier municipio de Castilla-La Mancha.
Así lo ha trasladado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras la reunión del Consejo de Gobierno para explicar algunos detalles de esta nueva norma propia del Gobierno regional con la que, tal y como ha dicho, se va a “dignificar la memoria de las víctimas de terrorismo”, toda vez que ha añadido que “con esta Ley venimos a contribuir al sentido común en la política nacional”.
El Anteproyecto está configurado en cuatro títulos y un total de 36 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales. Establece un conjunto de medidas y prestaciones en distinto ámbitos de competencia autonómica destinadas a quienes sufran la acción terrorista en el ámbito de sanidad, servicios sociales, educación, empleo, transporte y vivienda y prestaciones, con el fin de atenuar las consecuencias de los actos terroristas y facilitar la vida diarias de las víctimas y sus familiares.
Durante su intervención, el vicepresidente ha enumerado las medidas de discriminación positiva que se incluyen en el articulado de la norma que beneficiará a las 284 víctimas de la acción terrorista que el Ministerio del Interior tiene reconocidas, a día de hoy, con residencia en Castilla-La Mancha.
Contenido de la ley
Medidas con las que, según ha avanzado el vicepresidente, “se garantiza asistencia sanitaria a las víctimas de terrorismo, haciendo una mención especial a la atención psicológica inmediata y durante el periodo de tiempo que fuera necesaria” y también se establece la sensibilización y formación del personal sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico, la asistencia y la rehabilitación.
En cuanto a los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializada, las personas reconocidas como víctimas del terrorismo tendrán derecho al acceso prioritario a los mismos, así como a sus prestaciones. Igualmente, se incluye el acceso prioritario en la prestación de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria, a los procedimientos de valoración, reconocimiento y revisión de las situaciones de dependencia y/o discapacidad.
En materia educativa, el alumnado víctima de actos terroristas tendrá derecho a recibir atención específica en los centros educativos; tendrá acceso preferente a las ayudas de comedores escolares y para la adquisición o uso de materiales curriculares, así como al transporte escolar y a residencias educativas. Además, estarán exentas de todo tipo de tasas y precios públicos por la prestación de servicios académicos, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha en los distintos niveles educativos. También tendrán acceso gratuito a los centros y recursos culturales y museos cuya titularidad ostente la Administración regional.
En el ámbito de la formación y el empleo, aquellos reconocidos como víctimas de terrorismo tendrán prioridad para participar en todos los programas de Empleo y Formación Profesional para el Empleo del Gobierno regional.
En el campo del transporte y vivienda, se prevé el reconocimiento de una bonificación de hasta el 50 por ciento en los viajes en los servicios regulares de transporte interurbano por carretera, dentro del territorio de la Comunidad. Asimismo, las víctimas del terrorismo con especiales necesidades de vivienda derivadas del acto terrorista recibirán un asesoramiento especializado y específico para la satisfacción de tales necesidades.
Beneficios fiscales
En fiscalidad, la ley habilita el reconocimiento de beneficios fiscales en la normativa tributaria propia de la Comunidad Autónoma para las víctimas que residan en la región y estarán exentas de abonar las tasas por participar en pruebas de selección para acceder a la condición de personal de la Junta. Además, la página web oficial de la Junta de Comunidades tendrá un apartado específico en la sección de Información en el que estará toda la información administrativa, sistematizada y permanentemente actualizada.
Distinciones para las víctimas de la barbarie terrorista
Durante su intervención, Martínez Guijarro ha destacado que el texto incluye “una serie de distinciones para las víctimas de la barbarie terrorista como la medalla a las víctimas de terrorismo y medalla a las instituciones y colectivos que actúan en defensa de estas víctimas”. Al respecto, ha recordado que en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha de 2018, celebrado en Talavera de la Reina, el Gobierno entregó una placa de reconocimiento al Mérito Regional a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
El texto incorpora, además, medidas activas para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo para lo cual promoverá el diálogo de acuerdo con los valores de libertad, justicia e igualdad que legitimen el Estado social y democrático de derecho; por otro lado, la norma insta al Gobierno regional a impulsar la educación para la paz y la convivencia, el respeto a los derechos humanos y las libertades, debiendo implantar en el currículo educativo proyectos con contenidos referentes a la historia del terrorismo, el fomento de la consideración hacia las víctimas del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista.
El vicepresidente ha explicado que ahora el texto pasa al Consejo Consultivo por lo que se espera que en el mes de diciembre éste haya remitido el informe al Ejecutivo regional y se prevé que la Ley pueda quedar aprobada a finales de año. “Es una ley que nos gustaría que contara con el máximo consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha”, ha recalcado.
Finalmente, Martínez Guijarro ha agradecido a las asociaciones de víctimas de terrorismo -AVT; 11M; y Víctimas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad- que han colaborado en la elaboración de este texto.