La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha señalado que estas ayudas están destinadas a entidades no lucrativas, a entidades privadas de iniciativa social, universidades e instituciones científicas de diversa naturaleza, y, con las mismas, el Gobierno regional quiere “dar una respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social que, por su complejidad, van más allá de lo individual y hay que actuar sobre lo comunitario”.
Blanca Fernández ha resaltado que “de lo que se trata es de apoyarnos en las universidades, en las instituciones académicas y en el tercer sector social para intervenir mejor sobre las situaciones de exclusión social y para conseguir equilibrar esa balanza social, que a veces es tan compleja a la hora de intervenir, y que necesita de presupuesto público, de servicios sociales de atención primaria y también de programas especializados. Y aunque son personas que en muchas ocasiones no tienen voz, aquí estamos para hacer políticas que beneficien a todo el mundo”.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales para 2023 por un importe de 5,3 millones de euros, con una cantidad máxima subvencionable por proyecto de 500.000 euros y dirigidas a entidades no lucrativas, a entidades privadas de iniciativa social, universidades e instituciones científicas de diversa naturaleza.
De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha explicado que, con estas subvenciones, “el Gobierno regional quiere dar una respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social que, por su complejidad, van más allá de lo individual y hay que actuar sobre lo comunitario”.
Por esta razón, la consejera ha destacado el papel que otorga el Ejecutivo castellanomanchego a las entidades sociales, “esenciales en la puesta en marcha de este tipo de proyectos que por su alcance territorial o su carácter multidimensional trascienden el ámbito de intervención de los servicios sociales de la atención primaria y necesitan proyectos especializados y articulados de otra manera. Y es posible hacer esto gracias a las entidades del tercer sector social”.
Por lo que respecta a la universidad y otras entidades académicas, la consejera ha dicho que su papel tiene “mucho valor” porque gracias a su investigación se pueden conocer mejor los factores de riesgo y los procesos sociales que intervienen en la pobreza, en la marginalidad o las situaciones de exclusión, “en definitiva, en la vulnerabilidad social. Por tanto, es necesario investigar para mejorar los instrumentos de intervención social”.
Proyectos subvencionables
La financiación está dirigida a proyectos que atiendan procesos de inclusión social con comunidades en situación de vulnerabilidad interviniendo en áreas geográficas, puntos, zonas o barrios de la región que presenten procesos de segregación, discriminación o exclusión social y proyectos de mediación socioeducativa con comunidades que sufran marginalidad.
Por otro lado, se financiarán proyectos de abordaje de situaciones de exclusión social con dispositivos específicos de atención como los servicios de carácter ocupacional, acciones que complementen a los equipos técnicos de inclusión social, dispositivos de alojamiento para situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y también se financiarán acciones de formación. innovación, estudios, investigación y desarrollo de nuevas herramientas de intervención en relación a la exclusión social.
Entidades y personas beneficiarias
A lo largo de 2022 se han financiado 129 proyectos a 78 entidades y dos universidades públicas “y pretendemos mantener ese mismo nivel de proyectos para 2023”. En cuanto a las beneficiarias, son personas, familias o grupos en riesgo o en situación de exclusión social en la región; en ese sentido, este año se ha intervenido directamente sobre 10.500 de estas personas a través de estos proyectos.
Por último, se pueden beneficiar las y los profesionales vinculados a los servicios sociales de atención primaria y de entidades de iniciativa social que estén desarrollando proyectos de inclusión social. Este año se han beneficiado 890 profesionales.
“En definitiva -ha concluido la consejera- de lo que se trata es de apoyarnos en las universidades, en las instituciones académicas y en el tercer sector social para intervenir mejor sobre las situaciones de exclusión social y para conseguir equilibrar esa balanza social que a veces es tan compleja a la hora de intervenir y que necesita de presupuesto público, de servicios sociales de atención primaria, pero también necesita de programas especializados. Y aunque son personas que en muchas ocasiones no tienen voz, aquí estamos para gobernar y para hacer políticas que beneficien a todo el mundo”.