En la provincia de Albacete
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) aseguró hoy que la empresa Iberdrola ha sido sancionada con un total de 1.400.000 € por varias infracciones “muy graves” en materia de conservación de la naturaleza y contra la fauna silvestre protegida.
En concreto, las últimas seis resoluciones dictadas sobre esta materia en el año 2016 se han llevado a cabo aplicando la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. El importe se desglosa en la sanción correspondiente más la indemnización en concepto de pérdida del valor medioambiental, ya que el valor de cada ejemplar de las especies amenazadas que pueblan Castilla-La Mancha se encuentra establecido por normativa, y ésta ha sido una de las cuestiones principales a la hora de valorar el importe de la sanción para dar cumplimiento de la obligación del responsable a compensar los daños provocados por la acción infractora.
Según APAM-CLM, las sanciones contra la eléctrica se deben a las numerosas intervenciones realizadas por los Agentes Medioambientales en la provincia de Albacete.
Y es que, una de las principales causas de muerte para las especies protegidas más amenazadas de nuestro entorno es la alteración de su hábitat. Entre estas alteraciones se encuentran los tendidos eléctricos que peinan el campo de forma lineal y por centenares de kilómetros. Principalmente, estas infraestructuras generan el problema de la electrocución de aves y, secundariamente, las muertes por colisión.
En la Península Ibérica, los tendidos eléctricos producen una mortalidad anual estimada en un millón de ejemplares, según datos de la SEO/Birdlife (Sociedad española de ornitología), aunque hay que tener en cuenta que las muertes de las que se tiene constancia no son el total de las que realmente ocurren. El problema es comparable al del envenenamiento de fauna o al de la desaparición del lince ibérico, los datos nos hablan de una auténtica tragedia.
Estas resoluciones sancionadoras han sido dictadas por los servicios jurídicos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en base a denuncias elevadas por los Agentes Medioambientales de la región.
El trabajo de los Agentes se centra en inspecciones periódicas a apoyos de tendidos eléctricos en búsqueda de diseños peligrosos para la avifauna y, en su caso, hallazgos y levantamientos de cadáveres aplicando el protocolo establecido en uso de su condición de funcionarios públicos con carácter de agentes de la autoridad.
La magnitud del problema radica en que Castilla-La Mancha es territorio de dispersión de grandes rapaces como el Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) o el Águila Azor Perdicera (Aquila fasciata) a través del movimiento de aves que provienen de otras regiones. “Su muerte en nuestros campos supone un freno en toda su población a nivel de la Península”, asegura APAM.
La importancia de estas últimas resoluciones sancionadoras radica en que de ellas se deriva una responsabilidad directa de las compañías eléctricas las cuales, según los fundamentos de derecho expresados en estas resoluciones, se encuentran obligadas a actuar en la neutralización de estos puntos peligrosos. Concretamente, el órgano instructor determina que “la muerte de los ejemplares declarados en peligro de extinción fue consecuencia de no haber modificado la línea eléctrica cuando la compañía eléctrica titular de la misma tenía la posibilidad de hacerlo y ningún impedimento legal concurría para haberlo hecho y así evitar la muerte de los ejemplares en peligro de extinción”.
Otro hito histórico que suponen estas resoluciones es que el órgano sancionador las fundamenta en “la necesidad de compatibilizar el suministro eléctrico con la necesaria protección medioambiental que ha de garantizarse”.
Por último, APAM-CLM (Asociación profesional de Agentes Medioambientales de Castilla La Mancha) consciente de la importante participación de la ciudadanía hace un llamamiento a la población para que en caso de hallar un ejemplar de fauna presuntamente electrocutado se proceda a solicitar la intervención de los Agentes Medioambientales a través de una llamada al 112 absteniéndose de tocar o alterar el hallazgo.