El aumento de las temperaturas por el cambio climático genera más evapotranspiración y, por tanto, cada vez habrá menos agua disponible
Las reservas de agua embalsada apenas alcanzan un 44%. La mala gestión y la contaminación agravan aún más la situación, por lo que urge acabar con la insensata política hídrica de las administraciones
España es ya el país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación
Han llegado las precipitaciones a la península, pero serán tan escasas que no cambiarán el delicado estado de salud de nuestras cuencas fluviales. El problema es que la sequía es más que la ausencia de lluvias. No se trata de cuánto llueve sino de cuánta agua disponemos. Y cada vez habrá menos.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el mes de enero ha sido el segundo más seco del siglo y el quinto más seco en 60 años. Las reservas de aguas embalsadas apenas alcanzan un 44% de media y parece que la situación podría agravarse en las próximas semanas. Las sequías son un fenómeno natural y recurrente en España y las lluvias, desde que hay registros fiables (1961), han fluctuado entre máximos de 903 mm (en 1963) a mínimos de 468 mm (en 2017). Entonces, ¿por qué cada vez dispondremos de menos agua?
El primer factor de la disminución del agua disponible es la mala gestión: regadíos sobredimensionados, robo de agua, pozos ilegales, trasvases innecesarios, urbanismo desmedido y, en general, sobreexplotación de los recursos hídricos. El agua no es infinita. En España la política hídrica ha ido encaminada a satisfacer cualquier demanda de agua, por insostenible que sea. Tal es el caso, por ejemplo, de Andalucía, donde el Parlamento quiere legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana, a pesar de que la propia Comisión Europea ha advertido que no hay agua para esos riegos. Y, por si fuera poco, crecen en nuestro país los cultivos de climas lluviosos y tropicales como el maíz, el mango o el aguacate, en lugar de otros cultivos de secano, más propios de nuestro clima.
El segundo factor, y no menos importante, está en las consecuencias del cambio climático en toda la península. A más calor, más evapotranspiración y por tanto, mucho menos agua disponible, además de menores precipitaciones. Con el calentamiento de los océanos, aumentarán también las lluvias irregulares, con aguaceros e inundaciones que no suponen un suministro regular de agua y son causa de graves daños humanos y materiales.
Y, en tercer lugar, aun teniendo poca agua, la contaminamos. Los vertidos urbanos, industriales y agropecuarios envenenan los acuíferos. En la actualidad, por ejemplo, muchos pueblos cercanos a macrogranjas no disponen de agua potable, ante la cantidad de nitratos que la hacen inservible para el consumo humano.
“Las sequías no se gestionan cuando hay sequía, sino cuando hay agua”, explica el responsable de agua en Greenpeace, Julio Barea. “Este otoño no ha llovido suficientemente pero se ha seguido regando como si nada. Si no se cambia la gestión del agua, nos dirigimos a una futura catástrofe”
España es ya el país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación. La sequía provoca pérdidas económicas, riesgo sanitario, problemas sociales y graves impactos medioambientales.
Es fundamental abordar, con urgencia, este problema para garantizar la disponibilidad del recurso más necesario para la vida, por lo que Greenpeace demanda medidas urgentes como:
- Cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras.
- Luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales (superficiales, subterráneas y costeras).
- Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
- Poner freno a la edificación y a la construcción de instalaciones muy demandantes de agua (campos de golf, parques temáticos…), especialmente salvaguardando emplazamientos cercanos a espacios protegidos o costas.
- Cerrar el más de millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía.
- Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
- Establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima.
- Reconversión del regadío intensivo y superintensivo a explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua.
- Prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica.
- Establecer la hoja de ruta que logre la transformación completa del sistema energético actual hacia un sistema 100% renovable.