La gran apuesta verde de los presupuestos son las renovables, las redes inteligentes, la movilidad y la rehabilitación de viviendas a las que se asigna un total de 11.787 millones de euros
Greenpeace lamenta que no se destinen más fondos a la lucha contra la crisis de biodiversidad a la que solo se asignan 1.395 millones de euros para protección de ecosistemas, agua, costa y economía circular
La organización denuncia que se sigan dedicando fondos públicos a empresas contaminantes como muestran las condiciones del Plan Renove
Greenpeace considera irrenunciable la equiparación de la fiscalidad del diésel con la gasolina, como primera medida hacia una fiscalidad verde mucho más ambicioso
En un primer análisis de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 presentados ayer en el Congreso, Greenpeace reconoce grandes avances en la apuesta por la recuperación social y la reconstrucción verde con una inversión pública récord y un considerable aumento del gasto social – un 59,9% del total de los PGE-. El adelanto de los 27.000 millones de euros de los fondos de recuperación va a permitir el desarrollo de una gran apuesta verde centrada principalmente en renovables, movilidad y rehabilitación de viviendas. A pesar de ello, la organización denuncia que los Presupuestos siguen destinando fondos públicos a subvencionar las industrias y energías contaminantes sin especificar ningún condicionante ambiental.
Los 11.787 millones en los que se centrarán el grueso de los fondos de europeos para la reconstrucción verde se repartirán entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (6.805 millones) que dedicarán principalmente a un gran despliegue de renovables, eficiencia, movilidad sostenible y transición justa y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (4.982 millones) que destinarán a rehabilitación de viviendas y movilidad sostenible.
En el lado contrario, las políticas de gasto para Industria y Energía continuarán dando ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 320 millones de euros dirigidos en su mayor parte a compensar a los consumidores electrointensivos (que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable) o el de los 250 millones de euros del Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove), que continuará subvencionando coches contaminantes.
A la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas resilientes, pese a ser una de las 10 palancas incorporadas en el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno, tan solo se asignan 1.395 millones de euros que se repartirán entre el cuidado de los ecosistemas, agua, costa y economía circular
El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, recuerda que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 es muy necesarios para el impulso económico y para la recuperación verdes: “La inversión en renovables, redes inteligentes, movilidad y rehabilitación de viviendas está alineada con la transición ecológica: es un acierto que celebramos. Sin embargo, es inaceptable que sigan dedicando fondos públicos a subvencionar las industrias y energías contaminantes, sería muy mala señal que no se equiparara la fiscalidad del diésel con la gasolina. Además, la inversión en biodiversidad es demasiado modesta para el reto que tenemos. Nos estamos jugando el futuro en un contexto de emergencia climática y crisis de biodiversidad”.
Tibia fiscalidad verde
Por último, la organización resalta la tibieza de los presupuestos en términos de fiscalidad verde. El principio “quien contamina, paga” está prácticamente ausente de los presupuestos y España sigue estando en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes con un porcentaje respecto al PIB del 1,83%, frente a la media del 2,5%.
La única novedad sobre fiscalidad ambiental que se incluye en los presupuestos de 2021 es la reducción de la bonificación del impuesto del diésel, que aún no iguala la fiscalidad de la gasolina y mantiene las exenciones al uso profesional y que tendrá un impacto de 450 millones de euros. El Gobierno cuenta con otras figuras como el impuesto sobre envases de plásticos de un solo uso que aún se está tramitando en el Congreso y con la que espera recaudar 491 millones de euros.
“La fiscalidad ambiental es una de las vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad, además de enviar una clara señal para inducir cambios de comportamiento más sostenibles. Animamos al Gobierno a que siga asumiendo su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad verde y el principio de ‘quien contamina, paga’ como medidas indispensables dentro del paquete de reformas fiscales”, ha declarado Alicia Cantero, coordinadora del análisis de Presupuestos.
Con la mayor brevedad posible, Greenpeace dispondrá de una valoración ambiental más detallada de los presupuestos por partidas y programas que hará llegar a la Comisión de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados y que estará disponible en la web de la organización.