La Ley del Tercer Sector supone una propuesta pionera que busca mejorar la concertación con las entidades de iniciativa social y dar seguridad y estabilidad al sector.
En Castilla-La Mancha hay 3.000 entidades sociales registradas y de ellas 255 van a colaborar en la gestión de proyectos en la convocatoria del IRPF en 2019.
El Gobierno regional incrementará los salarios de las y los profesionales del Tercer Sector que gestionen servicios públicos en el mismo porcentaje que el de empleados públicos de Castilla-La Mancha en 2019.
Así se ha pronunciado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales en el debate general relativo a la responsabilidad económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante los incrementos retributivos del personal correspondiente al Tercer Sector.
“Si hablamos del Tercer Sector en Castilla-La Mancha es porque este Gobierno lo ha puesto en la agenda, y si hablamos de incrementos retributivos es porque ahora sí podemos hablar de incrementos retributivos”, ha asegurado la consejera, que ha precisado que el Tercer Sector es un “factor clave en el desarrollo social y económico de la región”. En Castilla-La Mancha hay 3.000 entidades sociales registradas y 255 de ellas van a colaborar en la gestión de proyectos en la convocatoria del IRPF durante 2019.
La consejera ha recordado que el Gobierno regional está trabajando de la mano de las entidades que lo conforman con la primera Ley del Tercer Sector y del Concierto Social de Castilla-La Mancha, con la que se establecerá un marco jurídico común para el conjunto de entidades que lo integran, además de impulsar la cooperación y colaboración de las mismas entre sí y con el sector público y las empresas.
Una ley que incluirá la regulación del Concierto Social, “una cuestión demandada por las entidades sociales y por la que este Gobierno apuesta decididamente”, ha afirmado, poniendo de manifiesto que el Gobierno regional ya ha avanzado en este sentido con la puesta en marcha del sistema de pago mensual con el objetivo de garantizar la estabilidad económica de las entidades sociales de discapacidad y de atención a la infancia y familia fundamentalmente.
Asimismo, Sánchez, ha querido agradecer el esfuerzo y colaboración de las entidades sociales, sus profesionales y la labor de los empleados públicos, que están “totalmente volcados e implicados en la mejora de la gestión y la atención social”.
Participación, consenso y transparencia
El Gobierno del presidente Emiliano García-Page “es y quiere ser un Gobierno eminentemente social, que piensa en las personas por encima de cualquier otra cuestión y apuesta decididamente por su bienestar social, pero también por su bienestar sanitario y educativo”, ha señalado Aurelia Sánchez, que subrayado que el presupuesto de Bienestar Social alcanzó los 700,5 millones de euros en 2018, 93 millones más que el último presupuesto del Ejecutivo anterior, “destinados a atender a las personas con unos servicios públicos de calidad y en colaboración con entidades privadas y del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha”.
La consejera también se ha referido al aumento del Salario Mínimo Interprofesional afirmando que se trata de “una buena noticia” y ha destacado que en la práctica los salarios de los profesionales del Tercer Sector están por encima, «salvo alguna categoría muy específica, por lo que se prevé que “el impacto de la medida no suponga dificultad para su cumplimiento”.
Sánchez, se ha referido también a un preacuerdo del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y del que la Administración tiene conocimiento, una negociación colectiva a nivel estatal entre trabajadores y empleadores.
Por último, ha desgranado las propuestas del Gobierno que se concretan en cinco objetivos específicos relacionados con la financiación del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha para dar “fortaleza y solidez al sistema social que atiende a las personas más necesitadas en particular, y a todas las familias en general” y que se resumen en el incremento del presupuesto en las convocatorias de subvenciones a entidades de Iniciativa Social, como ha ocurrido en las de discapacidad y familia, que se han incrementado en casi 6 millones de euros con respecto a 2018; en el compromiso con las entidades del Tercer Sector Social que gestionen servicios públicos para incrementar el presupuesto destinado a financiar a sus profesionales en un porcentaje como mínimo igual al incremento del de empleados públicos para 2019 de Castilla-La Mancha.
Además, la Administración pública velará por el cumplimiento de la Ley y para que todos los y las profesionales que colaboren con el Tercer Sector Social y presten un servicio público reciban como mínimo el SMI; se continuarán desarrollando medidas de concertación que sean más fáciles, ágiles y seguras para todas las entidades colaboradas manteniendo y ampliando los pagos mensuales que ya se realizan a las entidades del Tercer Sector y fomentando la administración digital; y, por último, la tramitación de la Ley del Tercer Sector Social, “una apuesta pionera”, ha señalado Sánchez, para dar estabilidad al sistema y mejorar la red pública de servicios sociales y atención a la dependencia en la región.
Para finalizar la consejera ha invitado a los parlamentarios a sumarse a “construir y reconstruir bienestar, a no pensar en volver a recortar y a creer que esta forma de hacer es posible y que avanzar es el objetivo”, lo que es “la esencia y el trabajo del bienestar en el Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.