El teletrabajo, el registro de la jornada laboral o la crisis sanitaria del Covid-19 han traído consigo nuevas situaciones en la empresa y trabajadores, lo que ha suscitado múltiples dudas relacionadas con la protección de datos, respecto a información especialmente sensible, como es la relativa a la salud o de la intimidad del personal y de los clientes.
Pudiendo ser estas cuestiones causa de algún conflicto laboral y dentro de la colaboración suscrita entre CECAM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de formación para la negociación colectiva y el diálogo social, la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) propone esta jornada, que contará como ponente con Laura Tirado, consultora en materia de Protección de Datos, de la empresa Globalsuite.
Desde la publicación del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, con vigencia desde el 12 de mayo de ese mismo año, es amplia la casuística generada a la hora de su aplicación, condicionada por las diferentes tipologías de negocios, medios y puestos de trabajo. Pero, más allá de dicha casuística, un aspecto estrechamente conectado y que no conviene desatender es el cumplimiento del derecho a la protección de datos de las personas trabajadoras. No en vano tanto los datos almacenados en los dispositivos de control como los generados por los mismos constituyen datos personales en la acepción del artículo 4 del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Más recientemente, la adaptación de muchas empresas al teletrabajo (regulado por el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre), como medio de mantener su actividad durante la pandemia, ha traído consigo nuevos riesgos en materia de ciberseguridad y protección de datos, siendo éste último un tema fundamental por las consecuencias que ello implica en materia de seguridad de la información, ya que surgen nuevos riesgos al utilizarse medios informáticos, que se pondrán a disposición del trabajador; y utilizarse por éste una red que, a priori, carece de las medidas de seguridad que proporciona la propia empresa; sin olvidar, el posible acceso de familiares a información confidencial.
Por último, con la crisis sanitaria del Covid-19, son numerosas las dudas generadas sobre cómo afrontar la situación de un positivo en la plantilla. La preocupación de la empresa por la salud del resto del personal puede a veces incumplir el 
derecho a la confidencialidad de un/a trabajador/a que está enfermo o convive con alguien enfermo de COVID. Por tanto, se hacen cada vez más habituales interrogantes como: si puede o no la empresa exigir a su personal que informe de esta condición; si es posible obligar a la plantilla a someterse a test de temperatura o de detección; cuál es la información que puede revelarse sobre las personas infectadas por el COVID, de cara a prevenir el contagio del resto de plantilla; y un etcétera tan amplio como sectores, puestos y modalidades de trabajo existen.