La propuesta pretende conseguir el apoyo unánime del Pleno en la Institución Provincial hacia esta figura “coherente y compatible con nuestro modelo de garantías, y que tiene perfecto encaje penal”
El Grupo Popular se ha señalado que “son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo” a este instrumento “como medio para garantizar la seguridad y los derechos y libertades de todos los españoles”
El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha presentado una propuesta para su debate el próximo Pleno a celebrar el lunes 29 de enero relacionada con la prisión permanente revisable a través de la que se pretende manifestar el apoyo a esta figura incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. De esta forma, se plantea instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable, así como dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha, y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Según la propuesta del Grupo Popular, la prisión permanente revisable es un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político.
Se trata de un instrumento coherente y compatible con nuestro modelo de garantías y que tiene perfecto encaje penal. Así, tal y como se señala claramente en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, «un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal».
Además, la previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, «aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado». Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, «si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social».
Pese a todo ello, argumenta el Grupo Popular en su presentación, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien hay quienes pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, una Proposición no de Ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable.Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, y los derechos y libertades de todos los españoles.
