DEREHCOS HUMANOS

Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana apenas ha avanzado desde que culminara el plazo de enmiendas

Las entidades exigen a los partidos políticos que forman parte del Gobierno, como al resto de grupos parlamentarios, que retomen las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita avanzar en derechos y libertades a la ciudadanía y revertir el retroceso que implicó la reforma de 2015

Las organizaciones piden al Parlamento que se garantice la revisión de la Ley Mordaza como una oportunidad para adaptarla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos

Estas reivindicaciones están alineadas con las preocupaciones expresadas en la carta remitida al Gobierno por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović

Algunas de las principales organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos en el estado español, Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y la plataforma No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, lleva seis años de bloqueo parlamentario y exigen que las negociaciones se desarrollen con prontitud y alineando el texto con los estándares internacionales relativos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.

Las demandas de las organizaciones han sido trasladadas de manera oficial tanto los partidos políticos que forman parte del gobierno de coalición, como al resto de grupos parlamentarios con el fin de hacer llegar la importancia de retomar el diálogo entre las partes.

Desde su aprobación en 2015, han sido numerosas las ocasiones en que los partidos políticos se han comprometido a modificar o eliminar la Ley Mordaza. En abril de 2016, el Congreso instó al Gobierno a derogar la ley, y ya Pedro Sánchez, en 2018, en su discurso de la moción de censura al entonces presidente, Mariano Rajoy, expresó su intención de modificar los artículos que ponían en riesgo la libertad de expresión. En diciembre de 2019, el acuerdo de Gobierno contemplaba reformar la ley, pero casi seis años después de esos compromisos, no parece haber prisa para proteger la libertad de expresión y reunión en España.

Las principales preocupaciones de las organizaciones están expresadas en la carta del Consejo de EuropA, firmada por la Comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovi Radopca. En dicho escrito se explicita que la propuesta de reforma sigue dejando un amplio margen de interpretación de la ley a las fuerzas del orden que puede derivar en una aplicación desproporcionada y arbitraria;  la dificultad de recurrir estas sanciones reguladas vía administrativa; la vulneración del derecho de asilo que suponen las devoluciones en caliente; y que, en general, las propuestas no se adaptan a las normas europeas e internacionales de Derechos Humanos en lo que se refiere a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de derecho de asilo y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Las organizaciones solicitan, además, que el conjunto de grupos parlamentarios tenga en cuenta durante el proceso de tramitación de la reforma de la ley las preocupaciones recogidas de manera exhaustiva en los posicionamientos públicos de las organizaciones de la sociedad civil que vienen denunciado reiteradas vulneraciones de derechos humanos aplicando el actual texto de la Ley desde su entrada en vigor hace casi 7 años.

Principales preocupaciones en la reforma de la ley 

Las entidades insisten en que se retomen las negociaciones teniendo en cuenta que, en el actual borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesto por los partidos de gobierno, coinciden a identificar ocho elementos de especial preocupación:

– “Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» (36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (37.4). Estos dos artículos han supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Ninguno de ellos se modifica en la actual propuesta.

– No se eliminan las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, lo cual vulnera gravemente la libertad de información.

– No se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones.

– El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, y se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.

– No hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas, por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo, lo cual contradice las recomendaciones de diferentes organismos internacionales

– No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata se vean obligadas a ejercer en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abuso.

– Aunque se indica que se deben “utilizar siempre los medios menos lesivos”, no hay una prohibición expresa al uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

– Se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de “alteración del orden público”.

Las entidades anteriormente mencionadas entienden que, en el caso de que no se avance en las negociaciones y en la tramitación parlamentaria para transformar sustancialmente el proyecto de ley en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar.