Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actúe en consecuencia.
A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas desplazadas de sus hogares como consecuencia de los conflictos, la persecución, y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen ha superado los 65 millones según datos de ACNUR. Una cifra que se incrementaría si sumásemos las miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse por desastres naturales o pobreza. Esta situación está poniendo al descubierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria, así como la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional.
El pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que los líderes de la Unión Europea acordasen un mecanismo de reubicación de emergencia para compartir la responsabilidad de quienes solicitan asilo. Sin embargo, decenas de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados y refugiadas en condiciones deplorables.
En el caso de Grecia, solo se ha cumplido el 6% de los compromisos de reubicación. A este ritmo, se tardarían 16 años en cumplir los compromisos de reubicación. Es una vergüenza que Europa no pueda dejar de lado la política y resolver esta crisis humanitaria compartiendo equitativamente la responsabilidad de un número relativamente pequeño de personas refugiadas.
En el caso de España, las cifras hablan por sí solas. En septiembre de 2015, España se comprometió a reubicar a 15,888 personas procedentes de Grecia en Italia, de las que, a 16 de enero de 2017, han llegado 745 personas. Por otra parte, en el primer trimestre de 2016, nuestro país se comprometió a reasentar a 1,449 personas, de las cuales, a 16 de enero de 2107, han llegado 289 personas.
Es decir, más de un año después de estos compromisos, España ha acogido a 979 personas. Una cifra muy lejana de las 17.337 personas que el gobierno se comprometió a acoger.
Teniendo en cuenta lo anterior, las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a:
- Agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento.
- Cumplir en el plazo previsto los compromisos acordados con la UE de acoger a 17.337 personas”.