Artículo de opinión de Pilar Alía.
Durante estos días que preceden a la Navidad, en las Cortes de Castilla-La Mancha se está debatiendo y hablando sobre los Presupuestos Regionales para el próximo año 2020, así como su Ley de Acompañamiento en materia tributaria, un debate vital para el desarrollo de las políticas que afectan más directamente a los vecinos de la región.
En materia tributaria nuestra comunidad autónoma tiene cierta capacidad normativa en relación a los impuestos cedidos por el Estado, así como capacidad total en los impuestos propios, esta capacidad normativa origina diferencias impositivas entre comunidades autónomas limítrofes, como ocurre con nuestra tributación y la de la vecina Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.
Y la pregunta que surge es: ¿tenemos que pagar impuestos? Sí, pero los justos para que una sociedad se pueda organizar y desarrollar, ni más ni menos. De esa conclusión es de donde podemos extraer las razones que motivan al Partido Popular de Castilla-La Mancha a presentar enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, enmiendas que buscan que la tributación en Castilla-La Mancha baje con el objetivo de que los contribuyentes puedan consumir y ahorrar para invertir. Esto conllevará un mayor crecimiento económico y generará riqueza y empleo para posibilitar una mayor recaudación impositiva, pero con unos impuestos más bajos.
Este planteamiento es el que se está llevando a cabo, por ejemplo, en la anteriormente citada Comunidad de Madrid, donde solamente el anuncio de la bajada impositiva ocasionó un pronunciamiento inmediato de comunidades gobernadas por el PSOE como la Comunidad Valenciana, la nuestra, Castilla-La Mancha, o Asturias. Para estos gobernantes socialistas debe no existir la eficiencia en el gasto público, ya que su mayor interés es manejar cuanto más dinero público mejor, sin reparar en la mejor utilización de dicho dinero.
No sabemos si el resto de grupos parlamentarios en las Cortes Regionales se han preguntado en algún momento cuánto tarda un empresario de la región en cambiar su domicilio fiscal a Madrid, porque se lo puedo explicar: unos minutos. Sí, lo que se tarda en rellenar el llamado modelo 037 en la web de la AEAT, introducir el nuevo domicilio y dar a un botón. Debe ser que nuestros actuales gobernantes, no han reparado en este supuesto, y siguen poniendo cuantas más trabas burocráticas y mayor tributación mejor, ralentizando el crecimiento económico de nuestra comunidad.
Debemos fijarnos además, en algunos detalles que son relevantes a la hora de tener en cuenta la diferencia entre la política tributaria que aplica la vecina Comunidad de Madrid y la que se aplica por el gobierno socialista de Page en nuestra región, estos son algunos ejemplos:
- Un empresario de Castilla-La Mancha que quiere transmitir su empresa en vida a sus hijos paga más impuestos y tiene más obligaciones que el mismo empresario en Madrid. No entiendo cómo es posible que el gobierno socialista de Page no tenga en cuenta que el tejido empresarial de nuestra región está conformado, en mayor medida, por PYMES y empresas familiares.
- Un empresario de nuestra región con ahorros y algunos inmuebles se verá obligado a pagar un impuesto sobre Patrimonio que el mismo empresario en Madrid no tendría que pagar ya que fue eliminado hace años.
- Llegado junio, la receta del IRPF, ¿por qué nuestra tarifa autonómica sigue siendo más elevada que en Madrid? ¿No se plantea el gobierno regional bajarla? ¿Se plantea aumentar las deducciones en cuota? La respuesta es no, hasta la fecha nada.
- Y hablando de jóvenes pero sin dejar de lado a los no tan jóvenes que quieren acceder al mercado inmobiliario, ¿por qué en Madrid el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el ITP, es del 6 por ciento y en Castilla-La Mancha del 9 por ciento?
A pesar de que, desgraciadamente, todos los problemas por los que atraviesa ahora mismo España no se pueden arreglar bajando impuestos, el actual gobierno regional debería colaborar con los vecinos de la región con una bajada generalizada de impuestos como propone el Partido Popular de Castilla-La Mancha de Paco Núñez, a través de la aprobación de las enmiendas que se han propuesto. Lamentamos que no haya sido así y que le hayan negado a la región la posibilidad de competir, producir, generar riqueza y empleo. Ahora nos arriesgamos a seguir viendo como los castellano-manchegos buscarán el cambio de domicilios fiscales a otras comunidades autónomas limítrofes para buscar un mayor beneficio empresarial.
Pilar Alía Aguado
Economista