El borrador del 7º Plan General de Residuos Radiactivos recoge la construcción de un ATC con lo que no hay cambios sustanciales con respecto al vigente
La Plataforma lamenta esta decisión, puesto que entiende que no es necesario, así como la prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares más allá de 40 años
La decisión de la ubicación del ATC se retrasa a la aprobación del plan y no descarta la opción de Villar de Cañas
El 2 de julio de 2018, el gobierno central paralizó temporalmente el ATC de Villar de Cañas hasta consensuar un calendario de cierre de las nucleares y la posterior redacción de un plan actualizado de gestión de residuos: el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (7º PGRR)
En los últimos días ha dado a conocer, por diferentes medios de comunicación, las líneas generales que llevará el nuevo plan. Todas las informaciones coinciden que habrá ATC con el objetivo de que esté operativo en 2028. Pero el ejecutivo (actualmente en funciones) no recibirá el borrador del plan de manos de Enresa hasta que se produzca la investidura. Una vez recibido Moncloa puede modificarlo antes de someterlo a información pública en un proceso reglado de evaluación ambiental.
El vigente plan (el sexto) contempla la puesta en funcionamiento del ATC en 2010 y unas previsiones de financiación que ya en 2015 criticaba con dureza el Tribunal de Cuentas. Es decir, es un plan fallido por la vía de los hechos.
El séptimo plan: más de lo mismo
Para la plataforma, el 7ºPGRR es una copia actualizada del sexto. El nuevo plan contempla, para cumplir sus objetivos, la subida de la tasa por cada MWh nuclear un 20%. Este monto debería ser suficiente para cubrir los gastos de gestión de todos los residuos nucleares (tanto de baja, media, como alta actividad), incluido la construcción del ATC. Pero podría ser papel mojado, como lo es el actual, ya que existen enormes incertidumbres sobre 2 aspectos fundamentales:
Un calendario de cierre insensato e imprevisible
Por un lado, no está claro si será posible cumplir el calendario de cierre pactado con las eléctricas (la última central nuclear cerraría en 2035), dado lo obsoleto del parque nuclear que origina continuas incidencias y demuestra la escasa cultura de seguridad de los gestores de las centrales. Dos ejemplos recientes pueden ilustrar esta situación: Una prealerta de emergencia en Ascó II el 11 de mayo pasado o el inicio de diligencias penales contra los propietarios de Vandellós II por irregularidades continuadas. No hay que olvidar que los propietarios de las centrales nucleares, se enfrentan en breve a la solicitud de renovación que deberá informar favorablemente el CSN, comenzando por Almaraz I. El regulador podría obligar a realizar fuertes inversiones en las instalaciones con el fin de mejorar su seguridad, haciendo inviable su continuidad.
A la Plataforma no le parece sensato prolongar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años (horizonte contemplado en el 6º PGRR) puesto que se generarán más residuos radiactivos, peligrosos durante decenas de miles de años, por lo que pide al gobierno que no renueve las licencias actuales o si lo hace, que ponga como límite los 40 años de operación.
La respuesta social frente al ATC
Por otro lado, la ubicación de esta instalación, dada la fuerte respuesta social y política se ponga donde se ponga, dará lugar a importantes movilizaciones que tendrían un reflejo en los intereses partidistas, llegando a bloquear su construcción. Un ejemplo es esta Plataforma que ha conseguido aglutinar a buena parte de la sociedad castellanomanchega, parando la construcción del ATC en Villar de Cañas durante más de 7 años. En la última campaña electoral, solamente el Partido Popular defendió abiertamente la ubicación del ATC en Villar de Cañas y obtuvo una contundente derrota, con los niveles más bajos en votos de las últimas décadas. Pero la larga lista de lucha contra la instalación del cementerio nuclear se inició en 1987 y desde entonces los sucesivos intentos han sido bloqueados por la movilización popular. Por ello, no se puede descartar que, en el enésimo intento, vuelva a ocurrir lo mismo.
La ubicación del ATC va para largo
Una vez aprobado el 7º PGRR, (previsto para finales de año) el gobierno de Moncloa tiene dos opciones: dar por bueno el informe de la “Comisión Interministerial para selección del emplazamiento ATC y Centro Tecnológico” realizado en 2010, es decir, elegir la ubicación del ATC a partir de la lista de 8 localidades finalistas de este informe (cabe recordar que Villa de Cañas estaba en 4ª posición) o bien iniciar desde cero todo el procedimiento, con nuevas reglas y nuevos candidatos. La Plataforma se inclina por la primera opción, dado que los márgenes de tiempo (el ATC debería estar operativo en 2028) no parece que permitan partir de cero. Por tanto, la candidatura de Villar de Cañas sería una más.
Un ATC innecesario
La Plataforma defiende que no es necesario un ATC que obligaría al transporte de los peligrosos residuos por buena parte de la geografía peninsular. Pero el riesgo que deberían asumir los vecinos de las 2016 poblaciones afectadas (a los que nadie les ha consultado) es innecesario, puesto que los residuos nucleares se están almacenando en las diferentes centrales nucleares, a través de los ATI (Almacenes Temporales Individuales), construidos o en diferentes fases de diseño y autorización) haciendo innecesario el ATC.
Según María Andrés Portavoz de la Plataforma: “A estas alturas pocos dudan de que las condiciones de los terrenos en Villar de Cañas no son los mejores para albergar un cementerio nuclear, esto no quiere decir que lo descartemos definitivamente. Durante muchos años nuestro lema ha sido -Ni en mi pueblo ni en el tuyo-, por tanto, no estaremos contentos si al final se coloca el cementerio nuclear en otra localidad. Para nosotras, es tan importante saber si habrá ATC y dónde se colocará, como que se dejen de producir residuos radiactivos de alta actividad. Por tanto, el pacto de este gobierno con las eléctricas, para prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares más allá de los 40 años, nos parece insensato.”
La Plataforma está constituida por muchas personas a título individual y 49 organizaciones que son:
AcampadaCuenca, A.D.I. Záncara, A.VV. Casa Blanca, Asamblea de Jóvenes QNK, A.VV. Pozo de las Nieves (Cuenca), A.VV. San Antón, A.VV. San Fernando, A.VV. Tiradores Altos, Agrupación Naturalista Esparvel, ATTAC-CLM, Área de Juventud de IU, ARMH- Cuenca, ASAJA Cuenca, Asociación de Naturalistas Conquenses, ASTAREL, Ayuntamiento de Alconchel de la Estrella, Ayuntamiento de Belinchón, Ayuntamiento de Belmonte, Ayuntamiento de Cuenca, Ayuntamiento de El Hito, Ayuntamiento de Villar de la Encina, Baladre, Caldero Mágico, CC.OO. (U.P. Cuenca), CGT Cuenca, Ciudadanos por la República de Cuenca, Despensa Natura, Ecologistas en Acción – CLM, Ecologistas en Acción – Cuenca, EQUO, FAVECU, FCPN, La Gavilla Verde, Greenpeace, Grupo Ecologista Universales, IU (Agrupación local de Cuenca), Juventudes Socialistas de CLM, Partido Castellano, PCE de Cuenca, Asociación de consumidores ecológicos Pisto, Plataforma Ciudadana Ambiental de Tarancón, Podemos-CLM, PSOE – Cuenca, Salvemos las Tablas Ya, UGT – Cuenca, Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), UPA Cuenca, UPA-CLM, Yesca-Cuenca.
