El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en la necesidad de que el nuevo texto estatutario aborde a la vez una ley electoral que mejore la representatividad de esta Cámara, una reforma que nos permita contar con un texto moderno que incorpore instrumentos con los que otras comunidades se han ido actualizando en los últimos tiempos y una reforma que contemple el blindaje de los servicios públicos.
Asimismo, ha añadido, “estos años se va a llevar a cabo la elaboración de la Ley de Integridad Pública, un paso más en la política de transparencia que ha sido siempre el frontispicio en la actuación del Gobierno de Emiliano García-Page”, que viene a completar la normativa que existe en la Comunidad Autónoma incorporando nuevas obligaciones para los miembros del Ejecutivo regional.
Finalmente, Martínez Guijarro ha avanzado la elaboración de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas y Disposiciones normativas que servirá como instrumento “para que el conjunto de ciudadanos pueda saber cuál son los resultados de determinadas políticas que implementa la Administración regional”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará a lo largo de esta legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía, una tarea cuyo objetivo es dotar a la Comunidad Autónoma de un Estatuto de “nueva generación” que incorpore los cambios constitucionales y sociales desarrollados durante este siglo. Así lo ha señalado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Generales del parlamento autonómico donde ha desarrollado las líneas estratégicas de su departamento para esta XI legislatura que acaba de arrancar.
En su intervención, Martínez Guijarro ha insistido en la necesidad de reformar el actual Estatuto de Autonomía, después de más de 40 años de vigencia de la norma actual, que aborde a su vez, una ley electoral que mejore la representatividad de esta Cámara; una reforma que permita contar con un texto moderno que incorpore instrumentos con los que otras comunidades se han ido actualizando en los últimos tiempos; y una reforma que contemple el blindaje de los servicios públicos.
A este respecto, ha insistido en que lo que se busca es que los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) estén garantizados para la ciudadanía de la región con independencia de quien esté al frente del Gobierno.
Asimismo, ha incidido en la necesidad de “incorporar al nuevo texto tanto las nuevas exigencias de regeneración democrática que demanda nuestra sociedad civil hasta el régimen presupuestario y control de gasto introducido por la reforma del artículo 135 de la Constitución”.
Ajuste electoral
Por otro lado, Martínez Guijarro ha defendido que la reforma estatutaria debe ir acompañada de un ajuste electoral “para que la representación de los castellanomanchegos y de las castellanomanchegas no sea cercenada, sino que sea justa, que sea equilibrada, que evite que miles de ciudadanos puedan quedar sin representación política o que ésta no se adecúe a los parámetros de proporcionalidad”, suprimiendo, además, el régimen especial de aforamientos, tanto a los diputados regionales como a los miembros del Consejo de Gobierno.
En este punto, ha insistido en la necesidad de que el futuro Estatuto de Autonomía incluya la financiación autonómica y local, incorporando el gasto que supone mantener los servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales en zonas afectadas por la despoblación.
En su alocución, el vicepresidente primero ha recordado la prosperidad que ha supuesto para esta Comunidad Autónoma los 40 años de Estatuto de Autonomía que, en sus propias palabras, “han sido los mejores para Castilla-La Mancha”.
Ley de Integridad Pública y Ley de Evaluación de Políticas Públicas
Por otra parte, el vicepresidente se ha referido a la voluntad de este Ejecutivo autonómico por seguir apostando e incrementando la transparencia en toda la gestión de la Administración regional consolidando así el modelo de gobernanza que se viene desarrollando desde el año 2015, en el que se ha venido potenciando el fomento de la participación ciudadana y rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión.
Para seguir ahondando en estas directrices, desde la Vicepresidencia primera se va a abordar la elaboración de la Ley de Integridad Pública, “un paso más en la política de transparencia que ha sido siempre el frontispicio en la actuación del Gobierno de Emiliano García-Page”, que viene a completar la normativa que existe en la Comunidad Autónoma incorporando nuevas obligaciones para los miembros del Ejecutivo regional.
Finalmente, ha avanzado la elaboración de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas y Disposiciones normativas que servirá como instrumento “para que el conjunto de ciudadanos pueda saber cuáles son los resultados de determinadas políticas que implementa la Administración regional”.