Así lo trasladó Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a la Mesa del Agua, que se reunió en la tarde de ayer miércoles, 15 de noviembre. Una ayuda que el equipo de Gobierno solicitó en octubre de 2015 -con la seguridad que la recuperación de Aguas de Alcázar se produciría durante su mandato- recibiendo respuesta afirmativa en febrero de 2016. Para activarla, sólo sería necesario llevar a Pleno la aprobación de la solicitud con el importe necesario para cubrir posibles indemnizaciones. La primera edil aseguró que se iniciará la liquidación del contrato con Aqualia en cuanto haya una sentencia en firme de cualquiera de los procedimientos abiertos.
La Mesa del Agua valoró el fallo positivo relativo al recurso presentado por la ex – concejala socialista Ana Belén Tejado que anula la adjudicación de la gestión del servicio de Aguas de Alcázar a la empresa mixta y, por ende, el contrato con el socio privado, FCC Aqualia. Un fallo que ha abierto una nueva vía de actuación para la remunicipalización de la empresa; junto al inicio del expediente por lesividad y el recurso contra el dictamen del Consejo Consultivo presentado por Gonzalo Redondo, portavoz del grupo municipal socialista.
Para que se pueda iniciar la liquidación del contrato con Aqualia es necesario tener una sentencia firme que, en el caso del recurso presentado por la ex – edil socialista, sólo podría solicitar –de modo provisional- la demandante y, en ningún caso, el Ayuntamiento alcazareño, ya que en el recurso es uno de los demandados junto a Aqualia, aun después de haberse adherido a la demanda, como así establece la Ley en este tipo de procedimientos. Una solicitud de ejecución que supondría un coste muy elevado para la demandante.
Así, el curso normal del procedimiento concede un plazo de 30 días para que Aqualia pueda presentar recurso. Si no lo hiciera, este sería el plazo para iniciar la liquidación de la empresa mixta de forma directa, aplicando el Artículo 35 de la Ley de Contratos. En caso que presentara recurso –la opción más probable- el proceso se dilataría entre 5 y 6 meses más hasta que el Tribunal tomara la decisión de admitir o no a trámite el mismo. En caso que no lo admitiera, la sentencia sería firme en dos meses más. En el peor de los casos, si el Tribunal decide admitir a trámite el recurso de Aqualia, la obtención de una sentencia en firme podría dilatarse años.
Teniendo en cuenta estos plazos y que los juristas que asesoran al Ayuntamiento consideran que la opción más probable es que Aqualia presente recurso y sea desestimado, el expediente de liquidación de la empresa podría iniciarse en el otoño de 2018.
Es por este motivo que en la Mesa del Agua se decidió no abandonar ninguna de las vías posibles que pueden conducir a la remunicipalización, ampliando el abanico para obtener cuanto antes una sentencia en firme. Vías que ahora se ven refrendadas con el nuevo fallo positivo.
Pago de Indemnización
Con la obtención de una sentencia firme, anulando la adjudicación de la empresa de Aguas, Aqualia no tendría derecho a solicitar lucro cesante y sólo habría que devolverle la inversión que realizó, esto es el préstamo de 6,5 millones de euros y lo que pagó por las acciones de Aguas de Alcázar. Un importe que podrá devolvérsele gracias a la ayuda ministerial que el actual equipo de Gobierno solicitó en octubre de 2015 -en previsión de este desenlace- obteniendo respuesta positiva en febrero de 2016, con la posibilidad de reactivarla llevándola a Pleno para aprobar su solicitud oficial. Se trata de una ayuda prevista para cubrir indemnizaciones por sentencia, a coste cero, y que podría devolverse con los beneficios generados por la propia actividad de la empresa municipal de Aguas una vez que vuelva a ser pública cien por cien.