A pesar de resolver doce puntos (más los ruegos y preguntas), el orden del día del pleno ordinario correspondiente al mes de enero se resolvió en algo menos de tres horas y tuvo que comenzar, una vez más, con el minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género.
Tras una primera parte compuesta por asuntos más bien técnicos o formales, el primer debate llegaría en los puntos séptimo y octavo, con los pliegos de clausulas administrativas, prescripciones técnicas y gastos para la limpieza de edificios públicos y la limpieza viaria. Un contrato que expiró y tuvo que ser prorrogado, ante una empresa que insistía en que no podía mantener los costes salariales con ese precio.
Desde la izquierda se planteaba la duda sobre la pertinencia de que se trate de un servicio adjudicado a una empresa o resuelto con medios propios. El equipo de gobierno argumentaba que el ayuntamiento no cuenta con personal para esa tarea. El concejal delegado de limpieza explicó que el gasto en limpieza supondrá el 10 por ciento de los presupuestos municipales de los próximos años, con un incremento de 550.000 euros en las dos licitaciones para garantizar la calidad del servicio. Los pliegos incluyen novedades como los contenedores en el recinto ferial en los mercadillos.
Los pliegos se aprobaron con 14 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra. En este debate una parte de la oposición acusó al equipo de gobierno de una gestión desastrosa, incluido en servicios y obras, lo que provocó la reacción de la alcaldesa, tras repetidas acusaciones por parte de la portavoz de Vox sobre pérdida de fondos europeos. “Son intentos de confundir”, indicó Rosa Melchor, porque los fondos FEDER se liquidan el 31 de diciembre de 2023, mientras que lo que sí está claro es que se perdieron 5 millones de fondos europeos del proyecto Ocio y Comercio, cuando gobernaba el Partido Popular.
Los últimos puntos del orden del día contenían mociones de la oposición, una de ellas, de Ciudadanos, proponía incluir el sistema Bizum en los pagos que se realizan en el ayuntamiento. La cuestión en principio encierra problemas de compatibilidad informática, según explicó el concejal correspondiente, Antonio Cano.
Una vez más los debates derivaban hace valoraciones generalistas, abandonando el ámbito de lo estrictamente local, de manera que cuando se habla de limpieza de calles o situación de los barrios las acusaciones y reproches se extienden a la política nacional. El PP presentó una moción para realizar mejoras en el barrio de Goya y Parque Cervantes, mientras que Izquierda Unida proponía aplicar la ley de memoria democrática para eliminar el nombre de la calle Fernández Urrutia (general del bando franquista en la guerra civil).
La cuestión no se pudo resolver, porque cambiar nombres de calles en este momento afectaría al censo electoral por lo que el grupo de gobierno aceptó una transaccional por la que se creará un grupo de estudio tras los procesos electorales del futuro cercano.
