Desde el año 2015, el Gobierno de Emiliano García-Page ha financiado 123 proyectos dentro de la línea de ayudas para la prevención de la discriminación múltiple. La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha especificado que en este año han sido diez los proyectos impulsados “con el fin de evitar situaciones de exclusión y vulnerabilidad social y permitir que todas las mujeres, todas, tengan plenamente garantizados todos sus derechos y libertades. En concreto, la convocatoria de este año ha estado dotada con 175.000 euros”.
Las iniciativas que se subvencionan en la convocatoria de 2022 abordan cuestiones de enorme importancia, como la prevención de la discriminación múltiple de mujeres mayores de 65 años residentes en el medio rural; la prevención de la violencia machista con mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad social; o la generación de redes de empoderamiento y prevención de la desigualdad y la violencia de género.
El Gobierno regional ha destinado más de un millón de euros desde el año 2015 a la prevención de la discriminación múltiple, que es aquella que sufren las mujeres cuando varios factores de discriminación interactúan simultáneamente dando lugar a situaciones de mayor vulnerabilidad.
La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha apuntado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha destinado 1.073.000 euros a la financiación de 123 proyectos dentro de la línea de ayudas para la prevención de la discriminación múltiple. “Concretamente, en este año han sido diez los proyectos impulsados con el fin de evitar situaciones de exclusión y vulnerabilidad social y permitir que todas las mujeres, todas, tengan plenamente garantizados todos sus derechos y libertades. En concreto, la convocatoria de este año ha estado dotada con 175.000 euros”, ha especificado.
Así lo recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que publica la Resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Igualdad, por la que se resuelven estas ayudas concedidas a diez entidades del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.
Pilar Callado ha destacado, así mismo, la “enorme importancia de este tipo de ayudas y del trabajo que realizan las entidades para prevenir situaciones de discriminación que sufren mujeres en las que interactúan varios factores de discriminación y vulnerabilidad, como pueden ser mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, mujeres migrantes víctimas de violencia de género o mujeres con discapacidad en el medio rural, entre otros”.
Diez entidades y proyectos beneficiarios en 2022
A lo largo de la presente legislatura, el Instituto de la Mujer ha concedido un total de 46 proyectos dentro de esta línea. Los diez aprobados en esta última resolución de 2022 han sido los presentados por entidades como la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas Con Enfermedad Mental de Castilla-La Mancha, Enlace Empleo, ‘Mamachama’, la Asociación para la Mediación Social y Cultural ‘Intermedi@cción’, la Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla-La Mancha, Médicos del Mundo, Asociación ‘In Genero’ (Interculturalidad y Genero), la Asociación ‘Unión de Centros de Acción Rural’, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha y AIETI-Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos.
Las iniciativas presentadas abordarán cuestiones de enorme importancia, como la prevención de la discriminación múltiple de mujeres mayores de 65 años residentes en el medio rural; la prevención de la violencia machista con mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad social; o la generación de redes de empoderamiento y prevención de la desigualdad y la violencia de género. También se financiarán proyectos para el asesoramiento jurídico y legal para mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata o explotación sexual, el empoderamiento de las mujeres gitanas o la construcción de nuevas narrativas sobre mujeres diversas en el medio rural, entre otros.
Todos estos proyectos se financian con presupuesto proveniente de la Junta de Comunidades y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
