La Administración quiere que se cacen 5.000 ejemplares en apenas un mes sin aportar financiación y sin viabilidad técnica ni jurídica
Las fincas privadas incluidas en el Parque Nacional de Cabañeros ya han anunciado que no ejecutarán el plan de caza urgente que ha puesto sobre la mesa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al ser inviable desde un punto de vista técnico, jurídico y económico.
Y es que después de prohibir la caza en este espacio hace poco más de un año, la Administración pretende ahora que se lleve a cabo una actividad cinegética frenética en las fincas privadas con casi 5.000 capturas en los 28 días del mes de febrero.
En este sentido, la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha notificada a los propietarios de fincas incluidas en el Parque Nacional especifica que la alta densidad de ungulados en el Parque Nacional de Cabañeros está teniendo “un impacto negativo que puede poner en peligro la conservación de diferentes especies de flora y fauna, al cambiar la composición del suelo”, además de aumentar el riesgo de “transmisión de enfermedades a animales e incluso personas, poniendo en riesgo las propias poblaciones de ungulados”.
La Consejería destaca que en estos momentos la densidad de las poblaciones es muy superior a la que se considera óptima, por lo que son necesarias “medidas excepcionales”. Ante esta situación, la solución ha sido conceder a las fincas privadas “autorizaciones extraordinarias de control urgente de poblaciones de ungulados mediante la modalidad de rececho y aguardo nocturno”.
La Plataforma de Afectados por Parques Nacionales considera que es un ejemplo claro de “hipocresía”, puesto que apenas un año después de prohibir la caza en el Parque Nacional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende ahora que se lleven a cabo de manera urgente estos controles. Y lo hace sin haber alcanzado un acuerdo con estas fincas -pendiente desde 2007-, habiendo iniciado procedimientos para anular los cotos y especificando, además, que en ningún caso habrá prestación económica por la prestación de este servicio.
Ante esta situación, las fincas han recurrido esta “autorización” que no respondía a ninguna solicitud previa y que, además, es inviable tanto desde un punto de vista técnico como económico y jurídico. Técnicamente, porque es imposible materialmente realizar ese volumen de capturas en el plazo establecido con las modalidades autorizadas (rececho y aguardo). Económicamente porque el coste mínimo de esas acciones rondaría los 260.000 euros, cantidad de la que no se hace cargo la Administración, y jurídicamente porque al tratarse de una resolución de imposible cumplimiento sería nula de pleno derecho.
Ante esta situación la Plataforma de Afectados por Parques Nacionales ha dejado claro que los propietarios no llevarán a cabo estos controles, y ha reclamado un paso adelante para que se alcance un acuerdo con las fincas privadas, a las que se ha prohibido un aprovechamiento tradicional como es la actividad cinegética sin que a día de hoy esté definido cómo se va a compensar esta limitación.
