El Área de Políticas Sociales de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional la acogida de menores que se encuentran en situación de desprotección en Ceuta y en las Islas Canarias.
Esta propuesta ha sido enviada a la Consejería de Bienestar Social debido a “la situación lamentable en la que se encuentran los menores migrantes que han llegado y seguirán llegando a las ciudades y comunidades autónomas más próximas al continente vecino, concretamente a Ceuta e Islas Canarias”.
Desde la formación de izquierdas señalan en nota de prensa que Castilla-La Mancha “puede y debe ofrecer acogida a los mismos por varias razones, la más importante es velar por los derechos de los mismos, atendiendo sus necesidades desde las más básicas, ya que debido al gran número de personas migrantes que abandonan sus lugares de origen, los territorios mencionados no pueden dar acogida digna a tantas personas” y añaden como segunda razón “la solidaridad territorial”.
“Actualmente, están siendo vulnerados sistemáticamente los derechos de los menores de edad que llegan a nuestras fronteras abandonando sus hogares y buscando una oportunidad en Europa. Las razones de cada una de estas personas son diferentes, muchas de ellas viven en sus lugares de origen en condiciones infrahumanas, en la más absoluta pobreza, sin saber lo que van a poder comer ese día y otros son víctimas de todo tipo de abusos y de violencias, lo que es común a toda la infancia que decide abandonar su país para venir a Europa, es simplemente la esperanza de tener una oportunidad de vida digna” explica Izquierda Unida en el texto.
Además el Área de Políticas Sociales reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Bienestar Social que “colabore en la difícil tarea de atender, cuidar y proteger a los menores” y ven necesario que “la JCCM amplíe las plazas en los hogares de protección dispuestos para acoger a los menores de edad en situación de desamparo, así como el personal educativo y técnico que se necesita para dar una respuesta integral a sus necesidades, ya que el sistema de protección ya se encuentra en niveles máximos de atención que precisan de ampliación y por ende de inversión”.
Por último, entienden que estas propuestas van encaminadas a “dar una respuesta y una valoración individualizada a cada menor, buscando la intervención más adecuada para cada uno de ellos, prevaleciendo siempre el interés superior del menor, tal como marcan, no solo las leyes de ámbito nacional e internacional de protección a la infancia, si no también nuestra Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha”.
