Jorge Vega, Coordinador Provincial de Izquierda Unida de la provincia de Toledo, ha asistido a la manifestación convocada por la organización ‘Salvemos los Campos’que se ha celebrado en la localidad de Méntrida en la que se ha cuestionado el uso de los suelos rústicos de los municipios de Toledo para instalar huertos de placas solares para producir energía fotovoltaica.
«Desde Izquierda Unida de la provincia de Toledo estamos convencidos que para hacer una óptima transición energética y luchar contra el cambio climático de forma eficaz, es imprescindible potenciar el uso de fuentes de energía alternativa en la obtención de suministros esenciales como la electricidad” ha manifestado Vega, quien añade: “Siempre hemos apostado por ello y vamos a seguir haciéndolo».
Sin embargo, el Coordinador Provincial de IU Toledo avisa que “la proliferación de grandes huertos fotovoltaicos en nuestra provincia nos preocupa en tanto en cuanto se autorice su instalación en tierras productivas, cambiando una utilidad social de esas tierras por otra actividad lucrativa para beneficio de las grandes corporaciones oligopólicas de las empresas de electricidad”.
En este sentido, Vega ha destacado que «terminará por resultar incompatible las políticas para luchar contra el despoblamiento, ya que no quedarán tierras en nuestros municipios que puedan ser trabajadas y que hagan de reclamo laboral para las familias que quieran desplazarse a esos pueblos. No podemos ser eficaces contra la despoblación eliminando tierras productivas por huertos solares donde, además, apenas se necesita mano de obra para su mantenimiento».
A juicio de la formación de izquierdas “hay que encontrar una fórmula que permita el uso de energía alternativa sostenible para producción de electricidad con el mantenimiento de la riqueza de nuestros municipios y que puedan seguir siendo un polo de atracción necesario para luchar contra la despoblación que hoy es ya un problema real en la provincia, excepto en el corredor de La Sagra, y cuya única solución propuesta desde el ejecutivo regional es la Ley SUMA, cuyo objetivo principal es poner una alfombra roja a la instalación de grandes empresas a costa de agilizar los trámites administrativo de recalificación del suelo de municipio y cuyos efectos son estas instalaciones industriales en suelos productivos”.
Por último, Vega ha explicado que “el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, elaborado de oficio, expone claramente que no se ha establecido un planeamiento general de dónde y cómo se han de ubicar estás macro instalaciones. Pues es necesario que convivan estás instalaciones para la transición ecológica con preservar los valores naturales, paisajísticos, culturales y etnográficos del entorno, además de ser un buen motor para luchar contra el cambio climático”, pero «los promotores de estas instalaciones entienden que es imprescindible determinar las zonas idóneas para ubicarlas, es decir, eligiendo el sitio. Para eso usan un instrumento que ya tenemos también en Castilla-La Mancha que es una de simplificación de trámites urbanísticos para hacer esa elección».
La formación de izquierdas advierte que además “se están dando casos en los que las empresas, ya sean las que realizarán la instalación o las especuladoras, están troceando los proyectos para evitarse tener que hacer informes de impacto ambiental”.
