Ante la oleada de proyectos de instalación de energías renovables, Ecologistas en Acción hace públicas sus posiciones sobre estas tecnologías a través de un documento resumen.
En Castilla-La Mancha, al boom de proyectos se le une en la problemática la falta de información y de transparencia por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el intento de reducir el rigor de las evaluaciones ambientales con leyes «ad hoc» y una ausencia de planificación en la que medran los especuladores.
Es perentorio compatibilizar la necesaria descarbonización de la economía con la protección de la biodiversidad, la justicia social y el equilibrio territorial.
Las indicaciones científicas son claras: enfrentar la emergencia desde la justicia climática y garantizar un incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC exige reducciones globales superiores al 7,6 % anual de los gases de efecto invernadero. Para ello, es fundamental proceder a la inmediata descarbonización de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica un horizonte 100 % renovable con la mayor brevedad posible. Este objetivo no solo contribuiría de forma responsable a la lucha contra el calentamiento global, sino que supondría una notable mejora para la salud de la población y para la biodiversidad más amenazada por los cambios globales en marcha.
Ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico insaciable, que encuentra en las empresas energéticas y en sus insostenibles grandes proyectos la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria. La lucha contra el cambio climático tiene unos efectos muy beneficiosos contra la pérdida de la biodiversidad, pero el proceso de transición energética no puede ser una amenaza para la vida. No se deben perder especies, ecosistemas o espacios, que son irremplazables o de muy compleja restauración.
Existe una distancia enorme entre los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), que prevé para el año 2030 una potencia instalada de 50 GW energía eólica y 39 GW solar fotovoltaica, y los proyectos en tramitación de los permisos de acceso en Red Eléctrica de España, donde a 31 de diciembre de 2020 hay 130,4 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 45,3 GW en tramitación. Un total de 175,7 GW. Un volumen de potencia de eólica y solar excede claramente lo recogido en el PNIEC. De hecho, la propuesta de planificación de la red eléctrica 2021-2026 mantiene que «las expectativas de los promotores de nueva generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso […] superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica».
La falta de planificación rigurosa y vinculante, y de instrumentos de selección de emplazamientos adecuados, está generando la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats y la desaparición de especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas. Ante la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones, son las empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó a finales del año pasado un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales, pero no desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a esta caracterización. Incluso se siguen observando deficiencias en ese mapeo, como es el caso de las 10 plantas solares que se tramitan en un hueco «robado» al parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), que continúa siendo un lugar apto en el mapa, a pesar de que ya se puso de manifiesto lo inadecuada que sería esa ubicación.
Tampoco las Comunidades Autónomas, responsables de aprobar los proyectos de menos de 50 MW, cuentan con instrumentos de planificación y de zonificación creíbles. Las distintas CC AA deberían tener en cuenta el nivel de sensibilidad ambiental, especialmente los indicadores ambientales asociados, y la posible presencia de proyectos meramente especulativos, para modificar en su ordenamiento jurídico y territorial en todas aquellas zonas, en sus diversos grados de sensibilidad ambiental, señaladas en la zonificación del MITECO que aún no lo estuvieran, con especial atención y urgencia a las zonas de máxima sensibilidad ambiental. También deberían incorporar con mayor claridad criterios de exclusión en la implantación de estas energías en aquellos lugares que por valía ambiental, o por situarse en el entorno inmediato a estos, resulten incompatibles con la conservación de la biodiversidad.
Es precisamente a nivel autonómico donde se están ignorando los problemas ambientales de muchos de los proyectos concretos con un elevado impacto. Las instalaciones de menos 50 MW las que más están proliferando en el territorio siguen repitiendo las malas prácticas de fraccionamiento de los proyectos para evitar la tramitación por el MITECO o para evitar la evaluación de los impactos sinérgicos de varios proyectos concentrados en un pequeño territorio. A esto se suma la actitud de gobiernos regionales como el de Andalucía, que acaba de retirar a instancia de la asociación de promotores renovables andaluces la guía y zonificación de renovables para ocultar los conflictos de muchos proyectos con la conservación de las aves esteparias.
Tampoco se está teniendo en consideración que se van a implantar nuevas tecnologías en energía eólica que no se han evaluado correctamente y que son susceptibles de generar un salto cualitativo de impredecibles consecuencias en la mortalidad de la fauna alada. Tal es el caso, de los grandes aerogeneradores de más 100 metros de diámetro de palas y de más 2-3 MW de potencia.
Castilla-La Mancha, mal ejemplo en planificación, regulación y transparencia
En este escenario la comunidad de Castilla-La Mancha destaca negativamente en diversos aspectos esenciales que afectan al desarrollo de las renovables. El primero es el de la falta de transparencia e información de los proyectos. La Consejería de Desarrollo Sostenible no ha facilitado los datos que desde Ecologistas en Acción se han pedido con reiteración sobre los proyectos en tramitación. Ni siquiera ha respondido a las dos peticiones de información ambiental remitidas en el último año por la organización. Así, la ciudadanía se ve obligada a enterarse en el diario oficial de los varios cientos de proyectos que se tramitan en la región. Un ejemplo, sólo en el día de hoy, en el tablón de anuncios de la Junta, se encuentran en información pública 16 proyectos de plantas fotovoltaicas y 2 de parques eólicos, así como 12 de líneas eléctricas, algunas de ellas asociadas a estos proyectos. Y esto se repite semana a semana, mes tras mes desde hace un año y medio.
El segundo aspecto negativo que lidera el Gobierno de Castilla-La Mancha es el intento de reducir las garantías ambientales y urbanísticas en la tramitación de proyectos que se refleja tanto en la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios como en la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. A través de estos textos legales se modifica a la baja la legislación de evaluación ambiental y la urbanística, y se ha hecho sin contar con el preceptivo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente y con el rechazo del propio Ministerio de Transición Ecológica que ha obligado a revisar estos textos.
Por último, el mayor problema, es la ausencia de planificación, lo que contribuye a que sean los promotores los que impongan sus criterios de ubicación, y nos los del interés general. Castilla-La Mancha ha hecho dejación de funciones y lo hace sin un instrumento básico que ayude a filtrar los proyectos especulativos y de mayor impacto sobre el medio ambiente y el territorio.
Ecologistas en Acción sigue denunciando la actuación de las empresas del oligopolio energético, que son las que han dictado las normas del mercado eléctrico y de su desarrollo. Empresas que juegan también con el sector de las energías renovables repitiendo los errores que han llevado a la crisis planetaria actual. Es urgente establecer fórmulas que favorezcan los consumos energéticos y eléctricos con beneficios a la comunidad y penalicen los privativos y acaparadores. Por ejemplo, mediante el impulso a la gestión de la electricidad desde la economía social y solidaria, eliminando o reduciendo la tributación de los proyectos energéticos generados desde esta óptica no lucrativa. Se necesita más ambición en este sentido y potenciar esas pequeñas y medianas instalaciones de poca potencia instalada, que nada pueden hacer en el mecanismo de subastas. Estas instalaciones, de iniciativa municipal, de comunidades energéticas o de cooperativas, cubrirían demandas locales y se perdería poca energía en el transporte.
