Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha advertido de la privatización los centros de crisis para las víctimas de violencia sexual, una serie de centros que consideran deben ser gestionados de forma directa.
En la reunión celebrada en el Ministerio de Igualdad, la Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha expresó su preocupación por la continuidad de los fondos para la creación de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y la financiación sostenida en el tiempo de los mismos.
Isabel Álvarez, Responsable del Área de Mujer IU C-LM, ha declarado que: “Si la continuidad es importante para la puesta en marcha de estos centros, es igual de imprescindible su gestión directa y la del resto de centros y proyectos, porque en este momento en nuestra región el afán externalizador tiene también en la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer sus mayores usuarias”, a lo que ha añadido: “desde el teléfono de atención a las víctimas, hasta los centros de la mujer, pasando por el asesoramiento legal o la asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de género y a las mujeres víctimas de agresiones y/o abusos sexuales han sido derivados a empresas o asociaciones ajenas a la estructura de la Consejería y del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha”.
Álvarez, se sorprende de que desde la Consejería de Igualdad reclame un seguimiento económico al Ministerio, “cosa que no se ha podido garantizar en proyectos regionales como en el caso del Estatuto de las Mujeres Rural donde no se destina presupuesto para su puesta en marcha”.
“Nos genera una suerte de malestar parecido a su zozobra que la Consejera y el Instituto de la Mujer se limiten a ser un intermediario, que prefiera la externalización y la privatización de los servicios antes que remangarse y realizar la tarea desde lo público abarcando una visión integral y estructurada para actuar e intervenir, para educar a una generación y re educar a varias”, ha señalado Isabel Álvarez, quien añade: “evidentemente necesitamos herramientas desde lo público que garanticen la coordinación, la gestión integral, el seguimiento y también la salvaguarda de los derechos laborales de las personas trabajadoras en este ámbito”.
“De esta forma estamos perdiendo el control y la gestión global de la atención a las víctimas de violencia y agresiones en favor de una pléyade de organizaciones diferentes y para acabar con la violencia hacia las mujeres es imprescindible una administración robusta que opte por la intervención directa y no limitarse confeccionar y colgar pliegos en el perfil del contratante, cuando lo hacen”, ha concluido Álvarez.
