La organización ecologista señala a Iberdrola, propietario único de la nuclear, como responsable de desviar y ralentizar la transición energética pidiendo exenciones de impuestos para sus nucleares
Ante el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica de renovar la licencia de la central nuclear de Cofrentes, propiedad de Iberdrola, hasta su cierre en 2030, Greenpeace muestra su preocupación y considera, además, que es desoír las peticiones de sus socios de Gobierno y del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que reclaman su cierre.
Sabiendo que, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, es viable cerrar todas las nucleares y las térmicas de carbón antes de 2025, la organización ecologista considera que:
- El cierre nuclear programado no debería ser solo una decisión empresarial, porque las personas son el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable y la consulta pública es obligatoria en materia nuclear.
- El cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía y puede y debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local. El desarrollo de planes de inversión local, la transición energética prioritaria en estas comarcas, junto con el cierre nuclear es una oportunidad única.
- Los costes de los residuos radiactivos, y de los riesgos de accidente deben ser asumidos por las empresas y no por la sociedad, y aumentando su vida operativa se aumentan ambos.
“Sabemos que las nucleares están envejecidas y no son necesarias para mantener la seguridad de suministro y, sin embargo, a todas les están renovando sus licencias, sin participación pública ni ninguno de los criterios que hoy se exigen para cualquier instalación energética por pequeña y renovable que sea”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace: “Iberdrola quiere ser el referente de las energías renovables, pero pide una reducción de impuestos para sus nucleares. Esto va mucho más allá del greenwashing: Ignacio Sanchez Galán lo que plantea es un timo”.
