Por Margarita Mora Alonso. Inspectora de Educación.
“Participar” del étimo latino participare; la RAE lo define como: “Tomar parte en algo”. Esta definición podría ser asimilada como colaboración, trascender nuestro afán individual para favorecer un acto colectivo. En la educación encontramos la colectividad más absoluta: la formación de personas. Nadie duda que este sea un objetivo importante, noble; pues atañe a la realización de potencias del ser humano. Por eso todos los ciudadanos, en algún momento de nuestras vidas, de una forma más o menos activa, “tomamos parte” (siguiendo la terminología de la Academia) en la educación.
Participar es intervenir para tomar decisiones sobre múltiples aspectos que van desde la disposición y utilización de los recursos hasta cada una de las acciones que impactan de alguna manera en los usuarios de nuestra educación que, al fin y al cabo, somos todos los ciudadanos.
El estallido de la crisis provocada por la enfermedad del COVID-19 ha incrementado el enorme impacto de lo educativo sobre los hogares al incluir un ámbito de tanta relevancia como es la seguridad para la salud. Los temores, la inquietud, la inseguridad de la comunidad educativa se mezclan con el esfuerzo, la dedicación y el deseo de lograr entornos seguros. Hoy más que nunca el diálogo y la colaboración son necesarios, de forma que el compromiso y la escucha atenta a cada sector puedan configurar un ambiente de serenidad y confianza, al tiempo que de respeto absoluto a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas. Tomar parte en nuestros centros se ratifica un factor de calidad educativa.
La participación social en la educación viene recogida en la Constitución española actual que desde su artículo 27 establece el derecho de todos a la educación y a la participación efectiva de todos los sectores afectados. Participar es de forma ineludible, en todo sistema democrático, un derecho legítimo de los ciudadanos. Para facilitarlo e impulsarlo es importante crear un marco legal con mecanismos y vías que hagan posible que las diferentes voces y propuestas alcancen a los niveles de gobierno central, autonómico, local o de centro educativo, en su caso.
En todo proceso de participación ha de existir una negociación, una mediación para que los sectores interesados intervengan e influyan en los aspectos que les interesan. Los gobiernos tienen responsabilidad al generar políticas educativas eficaces que fortalezcan el derecho de los ciudadanos a controlar, decidir y corresponsabilizarse de las decisiones. Y así lo han hecho en sucesivas normas que no nos detendremos a pormenorizar. Centramos más nuestra atención en una reflexión que en una constatación fehaciente de cada artículo referido a la representatividad o a la participación en la legislación educativa precedente.
Si nos planteamos cuál sería el primero de los grandes retos para lograr una participación social activa podríamos pensar en que se deben aumentar los canales informativos hasta lograr que la comunidad educativa esté ampliamente informada de todas sus posibilidades de participación. Solo así se ejercerá la responsabilidad desde una perspectiva de participación solidaria y tolerante.
En este sentido, seguimos la tesis de Pérez Rojas que afirma que “la participación social es un proceso de formación permanente en el que las personas aprenden a resolver sus problemas sociales y a su vez progresan en sus procesos educativos”. Formación, resolución, progreso, educación: todo ello implica “participare”.
Cualquier sociedad democrática tiene como objetivo aumentar la participación social. Se parte de que, en gran medida, es garante de procesos más justos, donde la transparencia y la rendición de cuentas sean frecuentes. Cualquier sociedad democrática, en paralelo, tiene como objetivo alentar la participación en educación; esta es la tesis que proponemos. Es una vía para asegurar mayor transparencia y rendición de cuentas, pero yendo más allá, sirve también para incrementar la corresponsabilidad y el compromiso entre los distintos sectores implicados.
Se acepta como axioma que un elemento esencial para lograr una activa participación ciudadana es la confianza en los poderes públicos. De igual manera, traspasando al plano educativo, se logrará mayor participación de los sectores si se confía en la buena ejecución de las instituciones que gestionan la educación.
Cuando se habla de educación suele haber coincidencia en compartir que es vital para construir una sociedad más justa, más igualitaria, mejor formada, más competitiva. Socialmente se suele adjudicar a la educación un papel tan relevante que parecería que fuera la primera preocupación de todo gobierno y de todo ciudadano. Sin embargo, cuando descendemos a la práctica educativa no percibimos esa relevancia; cuando hay ocasión de tomar parte en la educación de nuestros hijos participando en los consejos escolares o en las AMPAS o en la gestión de nuestro centro o en la representación de nuestra aula, muchas veces nos abstenemos. ¿Es desconfianza hacia los órganos de gobierno? ¿Es apatía ante la falta de influencia real en las decisiones? ¿Es desinterés por la educación?
Da la impresión de que importa más la Educación (el concepto idealizado de ella), que el ejercicio real de la participación en las instituciones educativas. ¿Por qué? ¿Qué justifica esta paradoja? Son numerosas las tesis que nos hablan de una coyuntura social, un sustrato histórico que hace que nuestra sociedad, la castellano-manchega, la española, relegue esa posible participación real. No hay hábito ejercicio de la misma, por lo que no existe una perspectiva de logros ni de resultados. No hay un pasado de compromiso y colaboración con el mundo educativo: los gobernantes proponen políticas educativas, los centros son los lugares donde se aplican estas políticas y las familias, finalmente, se transforman en meros espectadores.
Si miramos hacia países tan admirados por sus éxitos escolares, como puede ser Finlandia, percibimos muchas diferencias con nuestra sociedad, no solo con nuestro sistema educativo. Muchas. Entre ellas, el grado de compromiso de las familias en la educación de sus hijos; han traspasado los modelos patriarcales hace mucho tiempo y consolidan tipologías diversas y libres de familias, que se organizan con fórmulas muy variadas, pero basados en la ausencia de discriminación por razones de género, identidad sexual, religión o nivel socioeconómico. La familia finlandesa se sustenta en valores de tradición luterana de responsabilidad y disciplina personal, poniendo en primer lugar como responsabilidad la educación de sus hijos. Aunque las asociaciones de padres y madres son menos relevantes que en España, sí que se consolida el respecto por el profesorado y por la educación y así lo transmiten a sus hijos.
La compatibilidad laboral y familiar contribuye de manera relevante a que puedan dedicar a sus hijos una atención estrecha y continúa y seguir su evolución cultural y educativa. Asimismo, hay algo importante a considerar que es la lucha constante del Estado contra la pobreza infantil, de manera que –aunque sí hay importantes datos de pobreza de adultos y especialmente masculina- nadie se quede en la calle, sin protección, pues se le garantiza la escolaridad, la salud y la vivienda, aportando unos 100 euros al mes por cada hijo hasta los 18 años.
Compartimos con el sociólogo norteamericano Saúl David Alinsky -fundador de las Community Organizing o experiencias sobre la necesaria organización social para lograr la mejora- la idea de que, para conseguir cualquier logro social, cualquier cambio político, es imprescindible contar con un grupo de personas organizadas para alcanzarlo. Por eso, atendiendo a la educación, se requiere una forma organizativa, adecuada a cada contexto y que responda a las necesidades de cada comunidad educativa, más o menos formal, más o menos flexible, pero en todo caso que sea eficaz y esté viva.
Estas ideas que planteamos en este breve artículo aplican las teorías que el profesor De la Riva[1] establece para las organizaciones sociales en general. Los centros educativos como estructuras cambiantes, en permanente actualización, se transforman periódicamente y dependen de la composición, caracteres y relaciones existentes entre los componentes de dichos centros.
En ellos ha de configurarse un clima de confianza suficiente para que garantice la comunicación entre los diferentes sectores. El trabajo en equipo, con las responsabilidades que corresponden a cada uno y con el respeto a las atribuciones que les son propias actuarán como revulsivos impulsores de actuaciones compartidas.
Los modelos de centros actuales en nuestra Comunidad Autónoma apuestas, dentro de los márgenes normativos, por hacer más participativo el proceso de selección y renovación de los directores, reduciendo la presencia de la representación de la administración en favor de otros sectores, especialmente el claustro.
La creación de un clima de confianza es un proceso complejo. Ningún centro se libra de conflictos de poder ni son garantes de la satisfacción de los componentes, pese a que procuren la mayor participación posible. El conflicto puede debilitar o, si es enriquecedor, puede fortalecer los proyectos. La Historia demuestra que las revoluciones exitosas y las causas con mayor impacto responden a procesos organizativos conscientes, unidos en los objetivos y en las emociones, que sintonizaron en lo relacional y también, incluso, en lo simbólico. Comunicación y encuentro, debate y lazos emocionales sirven como sustratos para considerar la participación en la construcción de las decisiones como una acción útil, eficaz.
Se hace imprescindible alentar la participación en los centros educativos, mucho más en tiempos tan difíciles como los vividos con la pandemia y los retos a que nos enfrentamos. Se hace imprescindible la atención a cada uno de los componentes y sectores; todos y cada uno deben ser protagonistas de los procesos y lo más importante, han de sentirlo así. El compromiso mutuo se logra después del conocimiento, aceptando, respetando y reconociendo las labores y atribuciones correspondientes: los padres y las madres, los profesores y profesoras, los alumnos y alumnas, el personal no docente y también agentes externos, pero próximos, como los inspectores.
Cuando los centros trabajan desde la seguridad y la cohesión interna se nota en la consolidación de los proyectos, en la capacidad de acción y generalmente también en la calidad de la misma. No se trata de que los componentes del centro vayan unidos y configuren una estructura comunicativa y sólida, independiente del objetivo. Ni mucho menos. Los fines no son excusas para fortalecer la participación, sino que son las razones para fortalecer la participación.
En Castilla-La Mancha la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha establece en su artículo 29 una serie de medidas de fomento en los centros educativos. La administración en el ámbito de sus competencias y en el marco de los cauces de participación establecidos para la comunidad educativa, con el fin de promover la cultura participativa entre la ciudadanía, tiene como fin fomentar y difundir la educación para la participación a través de medidas como el fomento de investigaciones y experiencias innovadoras sobre la enseñanza de la participación ciudadana; difusión de experiencias y metodologías destinadas a la infancia, adolescencia y juventud, que promuevan la educación en valores democráticos y la participación del alumnado y de la comunidad educativa en los órganos sectoriales correspondientes; la promoción de encuentros y creación de redes que impulsen la educación en la participación; la imprescindible formación del profesorado para la práctica y enseñanza en metodologías de este tipo y finalmente la elaboración de materiales educativos, acciones y programas que promuevan la educación en valores en coordinación con la Universidad a través de la oferta formativa de postgrado en materia específica de participación ciudadana.
En referencia a la participación en el nivel autonómico, la normativa que esté en vigor ha de responder plenamente a las necesidades y a las características de la sociedad en la que está implantada. Si hay algo que dota de fuerza a una institución es que responda a colectivos a los que representa; que esté actualizada. Es por ello que atender a aspectos claves como la representación del mundo rural en el Consejo Escolar Regional, la revisión de la representación del alumnado o de las madres y padres con vinculación directa con los centros educativos y con un indudable sector que respalda esa representación, y también la vinculación con los centros educativos o con la representatividad de la renovación pedagógica o de la innovación didáctica darán dinamismo a la cultura participativa en el mundo educativo.
La inspección de educación es un factor de calidad y como representante de la comunidad educativa ha de tener presencia constante y contribuir a estimular la participación social en educación. Sin duda, tiene una voz autorizada y es un canal perfecto para llegar a las direcciones de los centros y de igual manera acudir a asesorar, a reflexionar, a alentar con frecuencia y presencia a los núcleos de familias y profesorado para evitar las desconfianzas y contribuir a crear lazos, siempre desde el respeto a las atribuciones de cada uno y al cumplimiento de la normativa vigente. Cada sector de la comunidad educativa, pero en especial cada alumno, cada alumna, de nuestra región merece que pensemos con, para y por ellos y trabajemos para lograr un sistema educativo que garantice entornos seguros y permita su pleno desarrollo personal, académico y profesional.
El horizonte marca un camino donde se hace necesaria la confluencia y el diálogo para avanzar. La pandemia nos sitúa en una posición de riesgo que se afrontará con mayor fortaleza allá donde los agentes que componen un centro educativo trabajen unidos. Hoy más que nunca tenemos que tomar parte en la educación.
Margarita Mora Alonso
Inspectora de Educación actualmente en la Inspección General de Educación de CLM
Miembro de ADIDE – CLM
[1] De la Riva, F. ; Moreno, A., Aprender a participar, Narcea, 2019.
