Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha celebramos la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una buena noticia. Una prestación que, si bien no es nuestro objetivo final, sí que puede considerarse un primer paso hacia una Renta Universal Garantizada (RUG).
La irrupción del IMV como prestación subjetiva unifica los criterios en toda España y contribuye a eliminar las enormes desigualdades que existen entre las rentas mínimas de todas las Comunidades Autónomas.
Es necesario que paulatinamente las rentas mínimas de las distintas CCAA vayan adaptándose, no despareciendo, para, tal como marca el Decreto, ser complementarias al IMV, ya que este último no es una Renta Universal garantizada y deja a mucha gente fuera.
La masificación de solicitudes, indicador claro de la situación de necesidad de muchas familias de Castilla-La Mancha, y el funcionamiento insuficiente de la Administración competente, el INSS, hacen que sean muchas las familias que, habiéndolo solicitado, aún no lo perciben.
Nuestra Renta Mínima, el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) seguía siendo uno de los peor dotados del país y uno de los que a menos porcentaje de población susceptible de recibirlo llegaba, a pesar del avance que había experimentado hasta el año 2019. Aun así, servía de garantía mínima de ingresos a muchas familias mientras se realizaba el tránsito al IMV, acompañados por los Servicios Sociales de Atención primaria en la mayoría de los casos.
Este Colegio quiere manifestar su profundo desacuerdo la medida de la Consejería de Bienestar Social de dejar sin efecto parcialmente la convocatoria del IMS de 2020 por las siguientes razones:
- Sus efectos son retroactivos al 2 de enero, fecha en la que aún no estaba en vigor el De hecho, no se ha aprobado ningún IMS nuevo desde septiembre de 2019.
- Los/as profesionales del trabajo social no hemos tenido conocimiento de que esta medida se iba a tomar y mucho menos con efectos retroactivos, por lo que se ha estado realizando un trabajo infructuoso con las
- Estamos en un momento de grave crisis económica derivada de la pandemia y nos encontramos con una tormenta perfecta en la que las familias vulnerables se encuentran con un IMS muy limitado, con un IMV atascado y unas Ayudas de Emergencia Social sin presupuesto desde marzo ¿Que podemos ofrecer entonces
- Nos encontramos a otro sector de población que se queda fuera del IMS y del IMV a los que tampoco se les puede ofrecer nada, teniendo que recurrir a la beneficencia.
- Muchos/as profesionales han tenido que recurrir a fondos municipales para paliar estas circunstancias, delegando la gestión de la pobreza en los municipios, por lo que las ciudadanía se ve expuesta al arbitrio de vivir en una localidad con fondos para atender estas necesidades o no, así como a criterios de acceso diferentes en cada municipio. Esto crea una desigualdad enorme entre la ciudadanía de
- Existe pues una vulneración de derechos de la población más empobrecida y un desprestigio de los profesionales que dan la cara en la primera línea de intervención.
La escalera de acceso a un derecho subjetivo como es el IMV hay que subirla escalón a escalón, avanzando con paso firme pero seguro. Sin embargo, consideramos que no ha habido una planificación progresiva, dejando a muchas familias sin opciones de ingresos mínimos durante meses.
También resulta necesario y urgente dotar de presupuesto las ayudas de Emergencia Social Básica (AES), ya que esta son destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas. La inexistencia de las mismas en medio de una grave crisis Social y económica favorece que aumente y se agraven las bolsas de pobreza en nuestra región.
Ante los datos desesperanzadores del último informe sobre la pobreza en nuestro país, que reflejan que 1 de cada 3 castellano manchegos se encuentran en situación de pobreza, consideramos que la Consejería de Bienestar Social debe dar un paso adelante en prestaciones de Atención Primaria, con una reordenación de las prestaciones económicas que gestiona adaptada a la convivencia con el IMV. Dicha reordenación debe ir dotada económicamente para atender a las familias que quedan fuera del IMV, complementar éste cuando sea necesario y para las situaciones de emergencia.
Y más allá de las prestaciones económicas, sin duda fundamentales especialmente en este momento, pedimos a la Consejería mayor implicación en el desarrollo técnico del Servicio de Ayuda a Domicilio y dotación económica para este servicio para que no haya listas de espera en ningún municipio. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del SAD promueve el empleo en el medio rural y permite a las personas mayores permanecer en sus domicilios, descolapsando así la demanda residencial.
Por otra parte, solicitamos al Gobierno Regional la coordinación de las Consejerías competentes en materia de Vivienda y Bienestar Social para el desarrollo de medidas eficaces y reales de alternativas habitacionales, antes que ostentar el dudoso honor de ser la primera CCAA en hacer una ley anti okupas.
