Por Alberto Beamud Montero. Graduado en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2017 y Máster en Intervención y Mediación Familiar por la Universidad de Sevilla.
El pasado 21 de septiembre celebramos el Día Mundial del Alzheimer, y es imprescindible que el Trabajo Social enfoque parte de su labor alrededor de la población que padece esta enfermedad u otras demencias con similares características, y más aún en los tiempos que acontecen donde las necesidades del colectivo se ven incrementadas.
Cuando hablamos de alzhéimer, hablamos de dependencia irremediablemente. Se trata de términos que antes o después se entrelazan en el día a día de quienes sufren esta enfermedad, ya sea la propia persona enferma o el familiar/cuidador que permanece a su lado en el proceso de ésta y visualiza el proceso de las fases.
Dicha dependencia posee unas características que se recogen en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia y de la que existe un eterno debate acerca de la eficacia en una atención integral que se ha visto agravada por las políticas de austeridad.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya ha puesto de manifiesto la falta de gasto en políticas sociales en buena parte del país, y en concreto en la región de Castilla-La Mancha. Esta carencia de dotación presupuestaria provoca que todos los colectivos vulnerables se vean año tras año en una situación de mayor gravedad, pudiendo derivar en un estado de exclusión social, tanto de forma individual como de forma comunitaria con el entorno que les rodea.
Por ello, si en el día a día han existido dificultades para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, este año a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se han visto incrementadas todas estas problemáticas. Las personas y familias que se acogen al Sistema de Dependencia se han visto aún más desamparadas, puesto que las resoluciones del grado se han ralentizado y las situaciones de emergencia social se han disparado en estos meses, en especial en las semanas que se alargó el Estado de Alarma en nuestro país. Los profesionales de Atención Primaria y los profesionales sociosanitarios se han visto desbordados, no pudiendo llegar en ocasiones a toda la población que precisaba de su atención inmediata.
Esto se puede trasladar a lo ocurrido con las personas con alzhéimer u otras demencias, ya que de las que se encontraban en una fase inicial de la enfermedad, se ha acelerado su deterioro cognitivo y su empeoramiento ha sobrevenido a sus familias. Lo mismo ha ocurrido con aquellas que se encontraban en una fase más intermedia donde, a pesar de las terapias no farmacológicas que se han realizado a posteriori por las profesionales de la terapia ocupacional o la psicología, no han alcanzado una gran recuperación para poder ralentizar el proceso de la enfermedad. Asimismo, una vez realizada la desescalada controlada por las autoridades sanitarias, se han obtenido grandes avances en algunas personas donde sí que se ha conseguido lentificar este deterioro gracias a la psicoestimulación física y sensorial que se realizan desde las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Recapitulando, se demuestra una vez más la importancia que posee en nuestra sociedad una inversión económica digna destinada a garantizar la cobertura social de los colectivos vulnerables, ya que, de no ser así, se evidencia un aumento de la situación de dependencia, pobreza y exclusión social de estos colectivos, además de unas consecuencias que repercuten indirectamente en el resto de la sociedad civil, evidenciadas en un impacto económico, laboral, de género o fiscal de quienes rodean a la persona enferma de Alzheimer.
Desde el Trabajo Social debemos ser agentes reivindicativos de lo que necesita la población y conscientes de la transversalidad de las consecuencias de una mala ejecución de las leyes como es el caso de la Ley de Dependencia por parte de los gobiernos que, ahora, con la pandemia de la COVID-19 se ven desarrollados una serie de impactos sociales que se quedan fuera de la Ley y surgen asimismo como necesidades vitales para garantizar una situación de bienestar.
Como recoge la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), existe una pandemia que ya existía anteriormente llamada “Alzheimer” que afecta a gran parte de la población mayor de nuestra ciudadanía –la cual hay que recordar que está potencialmente envejecida- y que, por tanto, hay que asistirla con mayor atención tras esta pandemia del coronavirus que aún no hemos superado y que puede seguir afectando a las personas que integren el Sistema de Dependencia de nuestro país, a través de una gran crisis económica.
Por tanto, tenemos ante nosotros una nueva oportunidad de poder atender con mejores condiciones a toda esta población, siempre y cuando los dirigentes de las distintas administraciones públicas integren dentro de sus políticas una clara inversión destinada a la protección social de las personas.
Alberto Beamud Montero, colegiado 13-1995. Graduado en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2017 y Máster en Intervención y Mediación Familiar por la Universidad de Sevilla, formado también en peritaje social. Pese a su corta edad (24), posee experiencia profesional en protección de menores, infancia en dificultad social, discapacidad, personas en situación de exclusión social y extrema vulnerabilidad. Actualmente, su ocupación profesional está vinculada como trabajador social de la Asociación de Alzheimer de Villarrubia (AFENADE) y también como trabajador social de la Residencia «La Masiega» de Daimiel.
