Artículo de Opinión de la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, de Niñas y Niños
¿Tenemos derecho a comprar lo que nos apetezca y cuando nos apetezca? ¿El único límite es el tamaño de nuestra cartera?
Formulo estas preguntas porque cada vez es más recurrente el argumento de que hay personas que ‘libremente’ quieren vender su cuerpo y, si esto es así, ¿por qué no legalizar actividades hasta ahora ‘alegales’? ¿Por qué no recaudar impuestos por dichas transacciones? ¿No estarían más protegidas dichas personas? (léase mujeres donde digo personas).
La trampa de esta idea es que realmente no reflexionamos a fondo sobre todas las puertas que se abren bajo esa premisa del liberalismo más liberal de todos, porque cuando escuchamos estos argumentos es para justificar que hay gente dispuesta a pagar por sexo o por un bebe en un vientre de alquiler. La necesidad y la pobreza hacen que haya miles de mujeres abocadas a ser quienes ‘venden’. ¿Pensaríamos igual si esa misma necesidad y pobreza las abocara a vender un riñón?
Desde esa ‘libertad’ de quien sufre una perentoria necesidad económica o vive bajo extorsión y amenazas o en régimen de semilibertad en un país extranjero y sin documentación, o todo a la vez…. ¿Estaría justificado que legislásemos para que pudiera vender sus órganos?
Para mí la respuesta es clara en los tres supuestos: no, no y no. Por esa razón, hoy, 23 de septiembre, ‘Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, de Niñas y Niños’, reivindicamos el fin de esta aberración que podemos calificar como la esclavitud del siglo XXI.
En España hay miles de mujeres y niñas esclavizadas, usadas como objetos para ser explotadas sexualmente. La mayoría llegan engañadas, vienen con las expectativas de una vida mejor, la misma que deseamos todas las personas, y se encuentran con una realidad y unas circunstancias que nada tienen que ver con sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas. Por tanto, hay que alejar la tentación de pensar que están ahí porque lo han decidido. No es cierto, no se corresponde con la realidad.
Desde este momento, su vida se convierte en una pesadilla en la que los daños físicos y psicológicos que provoca la explotación sexual caminan de la mano.
A esto hay que unir las enormes dificultades para salir de la situación en la que están. Las deudas contraídas, el hecho de no conocer a nadie en el lugar al que llegan, la extorsión y la intimidación a la que son sometidas por mafias, proxenetas y explotadores, el miedo a no poder seguir enviando dinero a sus familias en sus países de origen -muchas veces el único ingreso que reciben-, o las amenazas de las que son objeto ellas mismas y sus familiares son algunos de los hilos que tejen esa red pegajosa y tiránica en la que quedan atrapadas.
No podemos dejar pasar un día más sin mirar esta realidad de frente porque es la manera de demostrar que realmente creemos en los valores democráticos que deben prevalecer en todo estado de derecho, que nos definen como país y de los que sentimos orgullo. Por eso, y aprovechando este día, volvemos a reivindicar una Ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ya que, personalmente, se me antoja que hay tantos motivos para promulgarla como mujeres en esta situación.
Mientras, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha seguiremos trabajando -aunque nuestro marco competencial en esta materia es estrecho y nos da poco margen- en colaboración con las entidades del Tercer Sector y gracias a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la ayuda a mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual.
Al contrario de lo que desde hace algunos años se repite machaconamente, nuestra región no tiene un problema mayor en esta materia que el resto de España. De hecho, según el último estudio del Instituto de la Mujer de España, en Castilla-La Mancha se encuentran ubicados entre el 8 y el 10% de los prostíbulos de nuestro país, aunque esos datos no hacen que nuestro compromiso sea menor.
La política debe servir para que la sociedad sea más justa, más feliz y más libre; pero una libertad bien entendida que jamás puede sustentarse sobre la base del sufrimiento ajeno. Por eso tenemos muy claro que #LasMujeresNoSeCompran.
Blanca Fernández
Consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional
