El presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Escalona considera que la instrucción de la Fiscalía va en buena dirección respecto a las viviendas de particulares pero que se queda corta en lo que se refiere a los inmuebles propiedad de los bancos
Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledo, mostraba su satisfacción porque se hayan anunciado pasos adelante en la lucha contra la ocupación ilegal, así como valoraba las instrucciones del ministro del Interior y de la Fiscalía General del Estado sobre las ocupaciones ilegales de viviendas afirmando que va en la buena dirección respecto a las viviendas de particulares, pero considera que se queda corta en lo que se refiere a las ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de los bancos.
Respondiendo a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que esta mañana ofrecía en la Diputación de Toledo, afirmaba que ha leído la instrucción de la Fiscalía General del Estado y que está expectante por conocer las órdenes que traslada el ministro del Interior a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Considera Álvaro Gutiérrez que la instrucción de la Fiscalía le parece que va “en buen camino, que es necesaria y que puede solucionar en parte determinadas ocupaciones ilegales cuando son en viviendas particulares”.
Pero, teniendo en cuenta que la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas propiedad de los bancos, cree “sinceramente que deberían dar un paso más” considerando que “se queda un poco corta la instrucción respecto de las ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de bancos que son los grandes poseedores de las mismas”, ya que propone un “procedimiento bastante más largo y bastante menos contundente que cuando las viviendas son de particulares”.
Para el presidente de la Diputación provincial y alcalde de Escalona una de las claves de este problema es que “la ocupación provoca efectos negativos no solamente al propietario, sino también y principalmente a todo el entorno y a los vecinos de esas viviendas ocupadas de forma ilegal”.
“Por eso -afirmaba- el desalojo tiene que ser inmediato y contundente, no puede prolongarse en el tiempo, porque los efectos se notan fundamentalmente en la convivencia, en la imposibilidad de vivir al lado de estos sujetos cuya ocupación en el 95% de los casos tiene que ver con la delincuencia, en algunos casos incluso de delincuencia organizada”.
Quería dejar muy claro Gutiérrez que ni él ni ningún alcalde está hablando de “ocupación por la necesidad social de personas con vulnerabilidad absoluta”, es más, “esas personas tienen toda la empatía y ayuda de las administraciones que estamos dispuestos a ayudarles al igual que los mismos vecinos”.
Porque “nuestra reivindicación va contra la ocupación ilegal que procede de la delincuencia, de ese 95% de ocupaciones que son delincuencia pura y dura. Y cuando alguien comete un delito es un delincuente y como delincuentes hay que tratarles”.
Esta es la reclamación del presidente de la Diputación de Toledo y de muchos alcaldes y alcaldesas, tal y como trasladaba a los medios de comunicación.
Reconociendo y agradeciendo las afirmaciones del ministro del Interior, a la espera de ver en qué se plasman, y la Fiscalía General del Estado, concluía que “hay que tratar de defender no solamente la propiedad legítima, que por supuesto, sino también la convivencia en paz del resto de vecinos y vecinas” y, por eso, “creo que debe ser más contundente en el desalojo de viviendas propiedad de bancos”.
Entidades bancarias que en algunos casos considera que tienen cierta relajación sobre sus propiedades y a quienes apeló también a su responsabilidad para que “pongan de su parte para que estas ocupaciones no se produzcan o que, cuando suceda, sean activos para denunciarlo y para tratar de echarlos”.
