Benjamín Prieto, visitaba estos días, junto al diputado provincial, Daniel Pérez Osma, la zona que en julio de 2019 fue asolada por el fuego para comprobar que, “desgraciadamente el Gobierno Regional no ha solucionado un problema que se agrava con el paso del tiempo, sobre todo por la aparición de plagas”
El entorno natural y arbóreo representan para municipios como el propio Barchín del Hoyo, Piqueras del Castillo, Gabaldón o Valverdejo un recurso importante, referente en sus economías, “este es ejemplo más, por parte de la Junta, de discriminar e ignorar a nuestra provincia, de esperar a que los conquenses nos olvidemos de a situación. Lo paradójico es que los gobernantes socialistas pretenden que nos creamos que toman medidas contra la despoblación”, señala el presidente de los populares en Cuenca
Pérez Osma, por su parte, recordaba cómo ya en octubre del año pasado, los populares pidieron a la Diputación que se implicara para impulsar medidas que ayudaran a Ayuntamientos y propietarios afectados, “la moción fue votada en contra por el actual Equipo de Gobierno. Cuando se trata de elegir entre defender a nuestros municipios y no molestar a la Junta, los diputados socialistas se decantan claramente por lo segundo”
Más de un año ha pasado ya desde que un incendio quemara casi 3.000 hectáreas de monte situado principalmente en los municipios de Barchín del Hoyo, Piqueras del Castillo, Gabaldón y Valverdejo. Los diputados regional y provincial, Benjamín Prieto y Daniel Pérez Osma, visitaban estos días la zona afectada para comprobar que, “lamentablemente, no se han tomado las medidas necesarias para regenerar la superficie”, señala el también presidente del Partido Popular de Cuenca. “Exigimos a la Junta de Comunidades contundencia y soluciones prácticas para evitar problemas como las plagas que comienzan en la madera quemada y, si no se ataja, afecta al resto de vegetación”, explica Prieto. El tiempo que transcurre desde que ocurriera la tragedia, “juega en contra de que toda esta zona vuelva a contar cuanto antes de un patrimonio medioambiental único, no sólo como riqueza paisajística sino como importante referente económico que era para los municipios de la zona”, continua Prieto.
La celeridad en la retirada de la madera quemada, el tratamiento de las plagas, arreglo de los caminos agrícolas aledaños y un plan de revitalización para la zona, con la asignación de ayudas económicas concretas, “son medidas básicas que, aunque parezca mentira, la Junta no ha adoptado”, insiste Prieto, “todo este proceder no es, si no, un ejemplo más de la discriminación y falta de atención del Gobierno de Page con nuestra provincia”. A juicio del diputado regional, “todavía no hemos comprobado ni un solo efecto práctico para luchar contra la despoblación por parte de la Junta. Ni tiene iniciativas nuevas, ni es capaz de afrontar soluciones para problemas puntuales cuando se trata de ayudar a los municipios”.
La Junta de Comunidades no es la única institución cuya inactividad e ineficacia quedan patentes en el incendio de Barchín. Como recuerda Pérez Osma, el Grupo Popular en la Diputación presentaba ya en octubre del año pasado una moción pidiendo a la institución que preside actualmente Martínez Chana que se implicara tanto en poner en marcha iniciativas para paliar los efectos medioambientales y económicos causados por el fuego como a la hora de instar al Gobierno Regional a que las soluciones llegaran lo antes posible, “nuestra propuesta fue votada en contra. Está claro que cuando los diputados socialistas tienen que elegir entre defender a nuestros municipios y no molestar en Toledo, se decantan claramente por lo segundo”.
A raíz del incendio, se constituía una Asociación de Propietarios Afectados muy activa desde el primer momento que ha intentado, sin demasiado éxito hasta ahora, que las administraciones fueran más diligentes en paliar los efectos que causaba el fuego. Los terrenos quemados pertenecen a más de 100 personas y cuatro son los términos municipales en los que se encuentran, los citados Barchín del Hoyo, Piqueras, Valverdejo y Gabaldón, “pueblos pequeños, que no suman, entre todos, 500 habitantes, pero que tienen todo el derecho a que sus problemas sean tratados y resueltos por las administraciones. Tienen los mismos derechos que quienes viven en otras zonas, no son ciudadanos de segunda”, concluye Prieto.
