El curso 19/20 pasará a la historia por el más atípico, el más difícil para profesorado, familias y alumnado por la suspensión de las clases presenciales. Solo esperamos que, para los próximos cursos, con el SARS- CoV-2 entre nosotros, se dé una mejor respuesta que solo puede pasar por aumentar el presupuesto en educación.
Poco importa ahora lo sucedido antes de la pandemia: un inicio de curso y de legislatura esperanzador, con una Consejera escuchando a la representación del profesorado, con buenas intenciones, pero sin presupuesto para llevarlas a cabo, pero con la idea de ir poco a poco recuperando lo perdido en la era Cospedal y lo no conseguido en la primera legislatura de Page. Gracias a la presión sindical conseguimos mejorar las plantillas orgánicas del profesorado, conseguimos que las ratios volvieran a los niveles que marca la normativa en algunas etapas y que enfermar no tuviera una penalización económica para el profesorado. Y hasta aquí las buenas noticias.
Llegó la pandemia y nuestro sistema educativo no estaba preparado, nadie lo estaba. Pero aquellas comunidades que contaban con mejores circunstancias de partida (plantillas más amplias por tener ratios más bajas y menos horas lectivas) han podido dar una respuesta mejor. A nivel legislativo, el Ministerio de Educación y FP ha puesto más piedras en el camino, con documentos inciertos, delegando su responsabilidad primero en las comunidades autónomas y después en los equipos directivos de los centros. Vimos cómo nuestro presidente autonómico trató de degradarnos, cosa que nunca conseguirá y cuya declaración contra el profesorado le perseguirá para toda su carrera política.
Durante el confinamiento, ha quedado patente que la plataforma de comunicación de la que dispone la Consejería de Educación, es totalmente insuficiente. Es un hecho que venimos años denunciando, pero la Administración nunca ha abordado su mejora por razones presupuestarias. Sin una herramienta pública útil de comunicación entre los centros y su alumnado, el profesorado se ha visto abocado a improvisar. Nadie consultó al profesorado qué necesitaba para poder realizar su labor, todo el esfuerzo se situó en aspectos burocráticos bajo unas instrucciones y legislación dudosa y ambigua. Aunque, viendo lo que se ha hecho en otras comunidades, como mantener los centros abiertos al inicio de la pandemia o la apertura de estos antes de llegar a la nueva normalidad, aún debemos congratularnos.
Llegamos al final de curso con un agotamiento generalizado, especialmente entre los que están preparando las medidas de seguridad de cara al próximo curso, donde todo apunta a que se hará más con lo mismo: mismo presupuesto, mismas plantillas, mismo personal no docente en los centros, mismo equipamiento tecnológico, mismas ratios (solo se bajará a lo legalmente establecido con anterioridad a la pandemia). Sin embargo, a todo esto, hay que añadir más burocracia, más responsabilidades para asegurar la salud de la comunidad educativa, más contenidos, más desigualdades entre el alumnado. La Administración tan solo ha remitido a los centros una instrucción con unas directrices sanitarias bastante generales. Consideramos que debería haber una mayor implicación del departamento de riesgos laborales de la Consejería y de las Direcciones Provinciales en las medidas a adoptar en cada centro educativo, y no escudarse en la “autonomía de los centros” para dejar en manos de compañeros y compañeras que no están especializados en esos temas y sobre los que se les está haciendo caer una enorme responsabilidad. No sabemos si habrá más dotación personal, no sabemos qué plan de formación se está trabajando, ni si se dotará de equipos informáticos al profesorado, que ha asumido por su cuenta y riesgo todos los costes del teletrabajo.
A 30 de junio de 2020, no podemos ser optimistas para el curso que viene. Sabemos que el profesorado estará mejor preparado, pero no creemos que se estén poniendo los medios necesarios para evitar que los rebrotes, que los habrá, influyan en el menor número de personas y afecten lo mínimo al derecho a la educación del alumnado. El profesorado, cuya plantilla ha envejecido en los últimos años por los recortes que sufrimos desde hace más de una década, estará expuesto socialmente en los centros educativos masificados en muchas localidades.
STE-CLM seguirá luchando para asegurar la seguridad y salud del profesorado, seguirá dando voz al profesorado y presionará en todos sus ámbitos de representación para que más antes que después nuestra región tenga el sistema educativo público que se merece.
