Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia de Castilla-La Mancha
La COVID-19 está provocando un gran impacto en Castilla-La Mancha, no solo por la crisis sanitaria que ha sobrecargado nuestro sistema de salud, sino también por los efectos que provocará en nuestra economía, los cuales afectarán directamente a la calidad de vida de las familias de la región, y especialmente a los niños y las niñas. Ellos han visto cómo su vida ha cambiado radicalmente en apenas tres meses.
El confinamiento, el cierre de los centros educativos, el empeoramiento de las condiciones de vida o el estrés al cual están sometidas las familias preocupadas por parientes enfermos o por cuestiones económicas, han causado un empeoramiento de su bienestar y salud física y mental.
Para amparar a los niños y niñas es imprescindible, ahora más que nunca, apoyar a las familias con hijos e hijas. No solo a las que estén en situación de pobreza y exclusión social, sino también aquellas que se hayan visto afectadas por la COVID-19 con un ERTE, que son más de 105.000 personas, las más de 199.000 personas que estén al paro, o las que hayan visto menguados sus ingresos como por ejemplo el colectivo de trabajadores autónomos.
Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con más niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social y los efectos de esta crisis están mostrando las numerosas brechas que persisten en nuestra sociedad (socioeconómicas y digitales). Éstas exigen una respuesta al nivel de los desafíos y de una atención preferente a los más vulnerables, como son los niños y las niñas.
Las Cortes de Castilla-La Mancha y las diputadas y los diputados que representamos a la ciudadanía de Castilla-La Mancha queremos expresar que hace falta que la infancia tenga un lugar preferente en la agenda política del Gobierno de Castilla-La Mancha. Promoviendo políticas específicas para los niños, niñas y adolescentes en este contexto de crisis sanitaria, con actuaciones inmediatas, pero también en el medio y largo plazo para protegerlos durante todas las fases de la crisis y la post-emergencia, en consonancia con la Declaración Institucional para orientar la implementación en nuestra región de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, desde un enfoque de derechos de la infancia.
Hace falta que las preocupaciones y necesidades de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma, derivadas de la COVID-19, sean contempladas de una manera transversal en la acción política del Gobierno de Castilla-La Mancha, en todas las áreas de gestión y en especial con estrategias dirigidas a garantizar el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
El derecho a un nivel de vida adecuado.
ODS 1: Fin de la pobreza
Ante la preocupación sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de las familias en riesgo de pobreza y exclusión social son imprescindibles medidas destinadas a procurar unos ingresos mínimos a las familias, vivienda y alimentación diaria a todos los niños y niñas.
Procurar a las familias, especialmente a las monoparentales o numerosas, las condiciones laborales para que puedan compatibilizar el cuidado de sus hijos e hijas con el trabajo durante el cierre de los centros escolares, en definitiva, para conciliar en estos difíciles momentos la vida laboral y familiar.
El derecho en la educación.
ODS 4: Educación de calidad
Hay que asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas en estas complicadas circunstancias. Equilibrando si es necesario el volumen de deberes con el esparcimiento propio, y priorizando el seguimiento, apoyo y refuerzo al aprendizaje del alumnado de las familias socioeconómicamente más vulnerables, así como la de los niños y niñas con necesidades especiales.
Tenemos que hacer todo lo posible porque, a pesar de la interrupción de la actividad educativa presencial, los niños y niñas tengan un acceso equitativo a la educación. Es importante tener en cuenta que no todos los hogares parten de tener acceso a internet, dispositivos, libros o materiales adecuados para el aprendizaje. Y planificar la vuelta a las aulas el próximo curso con todas las garantías, velando por el derecho a la educación y el derecho a la salud.
El derecho a la salud.
ODS 3: Salud y Bienestar
Es especialmente importante seguir protegiendo la salud de niños, niñas y adolescentes durante esta pandemia, tanto en cuanto a la COVID-19, como en dolencias comunes, revisiones, vacunación y, especialmente en la atención a la salud mental de los más jóvenes.
Se debe prestar especial atención a las situaciones de insalubridad y de riesgo para la salud en la cual viven familias con niños y niñas a causa de las malas condiciones de sus viviendas.
Se deben restablecer tanto los servicios de atención temprana como los servicios de rehabilitación a niños y niñas con discapacidad. La vigilancia, refuerzo y seguimiento de aquellos niños y niñas con necesidades especiales es básica por su desarrollo.
Y por supuesto se debe garantizar a todos los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma las medidas higiénico sanitarias adecuadas para cada edad, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El derecho a ser protegido frente a toda forma de violencia.
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas
La actual situación de aislamiento puede aumentar el riesgo de los niños y niñas a sufrir situaciones de violencia en los hogares. Por un lado, está demostrado que factores como el hacinamiento en las viviendas, el estrés provocado por la incertidumbre o la pérdida del trabajo, así como las inquietudes propias de la etapa infantil y adolescente son indicadores de riesgo para la violencia y los abusos. Por otro, se produce menos seguimiento de los niños y niñas por parte de agentes externos que pueden detectar situaciones de violencia. Preocupan especialmente los que se encuentran en situación de mayor riesgo.
La Agenda 2030, es ahora, más que nunca, un instrumento crucial para superar los nuevos retos que esta crisis ha puesto de relieve ante las situaciones problemáticas existentes y las nuevas realidades generadas a raíz de la pandemia del coronavirus.
Por todo lo mencionado, y atendida la magnitud de la problemática de la crisis de la COVID-19, las Cortes de Castilla-La Mancha DECLARAN:
Primero. Manifiestan su compromiso para afrontar de manera conjunta las consecuencias en el ámbito sanitario, social y económico, derivadas de la COVID-19, que puedan poner en cuestión las condiciones de vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Castilla-La Mancha.
Segundo. Solicitan al Gobierno de Castilla-La Mancha que se identifiquen los principales riesgos que esta crisis supone por la infancia y adolescencia y sus familias; así como las oportunidades de acción de las diferentes instituciones implicadas en el apoyo a la infancia y sus familias durante la crisis provocada por la COVID-19.
Tercero. Instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a que se realice un adecuado seguimiento del impacto de las políticas y medidas desarrolladas.
Cuarto. Instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a garantizar durante la crisis sanitaria y social el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, a través de los órganos de infancia y adolescencia establecidos en cada administración competente, teniendo presente su protección.
Quinto. Expresan la conveniencia de avanzar en la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo, en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, priorizando los países con mayor impacto de la COVID-19.
