Aunque la desescalada avanza muy lentamente, el gobierno de España podría pretender, en estos momentos, que las empresas tuvieran que rescatar todos sus trabajadores de los ERTE, como si ya estuvieran ejerciendo su actividad a pleno rendimiento.
La duda razonable acerca de si es esto lo que pretende el gobierno, surge por la ambigua redacción de la última normativa reguladora de los ERTES. Ante la confusa situación que se ha generado, las organizaciones empresariales se han visto en la necesidad de elevar una consulta al Ejecutivo para que aclare cuál es su intención real.
Si fuera cierto que esa es la intención del gobierno, nos encontraríamos ante un hecho insólito e injusto: el rescate forzoso de todos los trabajadores en ERTE cuando, precisamente por las limitaciones de actividad impuestas por el gobierno, las empresas ven reducidos sus ingresos de modo tan drástico que no podrán sostener sus plantillas. El resultado de este dislate solo sería más cierres de empresas y más paro.
Debemos recordar que el empresario, en estos momentos, no tiene libertad para desarrollar su actividad de forma plena. Sólo puede ejercerla dentro de los límites que le marcan los decretos reguladores del estado de alarma. Mediante estos decretos, el gobierno ha impuesto a los empresarios limitaciones muy importantes, entre otras, la reducción de la superficie que pueden emplear al abrir sus locales y el número de clientes que pueden atender.
Por otra parte, y esto es un hecho ya consumado, el gobierno suprimirá en el mes de julio los ERTE de fuerza mayor y los transformará en ERTES por causas económicas, organizativas o de producción. Este cambio de régimen de los ERTE es injusto por las mismas causas que hemos citado anteriormente. Pero, además, se trata de una medida que va a ser imposible de soportar por las empresas ya que carecen de ingresos suficientes para volver a cotizar el 100% de la cuota patronal a la Seguridad Social.
Con este tipo de medidas el gobierno parece poner de manifiesto que olvida u obvia que las consecuencias económicas del coronavirus no terminarán cuando finalice la última prórroga del estado de alarma. Esas consecuencias continuarán, inevitablemente, al menos, hasta final de año.
Por otra parte, el gobierno debe tener presente, también, que la actividad empresarial no será plena y, por tanto, que las empresas no podrán reincorporar sus plantillas al completo hasta que no se autorice una total libertad de movimiento de las personas en todo el territorio nacional. Esto es así porque la economía de las provincias no es autárquica, sino que depende, en gran medida, de las sinergias con los consumidores de otros territorios de España e incluso del extranjero.
Los trabajadores son el máximo activo de las empresas. Los empresarios están deseando reincorporarlos a sus puestos de trabajo, pero sólo podrán hacerlo cuando las circunstancias se lo permitan no cuando el gobierno lo imponga porque decida que es deseable que se produzca esa reincorporación.
Las empresas no han estado “hibernadas” como eufemísticamente sugiere el gobierno. Las empresas han estado cerradas, no han tenido ingresos y han seguido pagando impuestos y gastos fijos. Muchas de ellas, además, no han podido acceder a la financiación prometida por el Estado.
No se puede seguir gestionando la crisis económica derivada del coronavirus sin comprender que la situación de las empresas es agónica y que, ahora, su objetivo no es obtener beneficios, sino lograr la supervivencia. Para ello necesitan normas claras, sencillas y flexibles que les permitan incorporar a sus trabajadores de forma gradual y proporcionada al desarrollo real de su actividad. Desarrollo que depende de las decisiones del gobierno al establecer las condiciones de la desescalada.
