Al igual que los arquitectos es están reorganizando para llevar a cabo trabajos de estudio, completar su formación u otros, el Colegio entiende que, para no agravar el impacto económico posterior a la crisis sanitaria, sería deseable que la administración agilizara, en este tiempo de menor carga de trabajo, la tramitación de licencias de obras, u otros expedientes, para favorecer la recuperación.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) es plenamente consciente de que la pandemia del coronavirus está ocasionando graves pérdidas, en primer lugar, desde el punto de vista humano. Por eso, el Colegio apoya firmemente las medidas adoptadas por la autoridad para mitigar la propagación del virus, para salvar vidas y para evitar el colapso del sistema sanitario. “Solo hay una cosa antes que nuestra preocupación por la defensa del ejercicio profesional de la arquitectura, y es la salud de las personas implicadas en él”, valora Elena Guijarro, decana del COACM.
Teniendo esto presente, y para apoyar a los arquitectos cuando más lo necesitan, el COACM redobla ahora sus esfuerzos en varias áreas.
En primer lugar, se está manteniendo un contacto frecuente y diferentes reuniones telemáticas con responsables de las administraciones públicas, con el apoyo del Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE), para solicitar que los trámites de las diferentes administraciones locales y regionales implicadas que afectan a los arquitectos no queden paralizados, de forma que se pueda seguir trabajando con normalidad en el resto de las actividades no relacionadas con la ejecución directa de las obras. Actualmente también, están en punto muerto. “Si no podemos ejecutar, al menos, se deben agilizar las diligencias necesarias para restablecer la ejecución en cuanto se pueda”, afirma Guijarro.
Con esta medida, los arquitectos creen que se podría mitigar, al menos en parte, el impacto económico del COVID-19 y favorecer la recuperación del nuestro sector, una vez que se supere esta grave crisis sanitaria. “Si somos capaces de conseguirlo, evitaremos retrasos en la reanudación de la actividad y recuperaremos, incluso, parte del tiempo perdido si conseguimos la agilización de los trámites de licencias e informes previos, y podemos iniciar la ejecución de las obras en el menor plazo posible”, subraya la decana.
Información y formación
Ante la situación de crisis, la Junta de Gobierno del COACM ha trabajado intensamente, siguiendo las pautas marcadas también por CSCAE, para hacer llegar a todos los colegiados la información necesaria para que puedan superar esta excepcional situación.
Desde el Consejo Superior (CSCAE), y con la ayuda de todos los colegios regionales, se ha intentado definir las pautas de actuación en relación, tanto a las obras en curso, como con los trabajos individuales de los arquitectos en el estudio, así como para solicitar al Gobierno de la nación soluciones laborales y fiscales que ayuden a la profesión en esta crisis sin precedentes.
Desde el pasado 14 de marzo, también los arquitectos castellano-manchegos están recibiendo, por diferentes vías, toda la información que se recibe del Gobierno, del Consejo Superior y de los asesores jurídicos, que van desmenuzando los textos de los Reales Decretos y orientándoles sobre cómo debe ser su aplicación en el sector. Asimismo, se han enviado e-mailings masivos con enlaces a la página del CSCAE, al apartado de PREGUNTAS FRECUENTES, donde se actualizan las respuestas a tantas preguntas que van surgiendo con el devenir de los días en el colectivo.
Igualmente, el COACM ha puesto a disposición de los socios una batería de cursos “on line” para que, aprovechando de manera productiva el parón, los arquitectos puedan actualizar su formación y acceder a aquellos contenidos que más les interesen. “Haremos la oferta más amplia, compartiendo cursos con otros colegios, y estamos atentos a las sugerencias que recibamos de los socios, para incluirlos en la plataforma”, añade en este sentido la decana.
Por último, la Junta de Gobierno, el COACM ofrece la opción de aplazar el pago de la cuota correspondiente al segundo trimestre del año, para aquellos profesionales que se encuentren en una situación complicada económicamente.
