El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que la Ley es “ambiciosa y de vanguardia” en la defensa de los animales y realizada desde un Gobierno de progreso para avanzar en la dirección correcta en esta materia.
Además, hoy se ha analizado la propuesta de Castilla-La Mancha ante la reforma de la PAC, desde donde se apuesta por poner en marcha más medidas que permitan al sector autorregularse y tomar decisiones que defiendan bien los productos de agricultores y ganaderos.
Martínez Arroyo ha reivindicado una verdadera exención al cumplimento de normativa de competencia para el sector agroalimentario para que la oferta de materias primas se pueda concentrar mucho más que lo que hace actualmente.
El proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha da un paso más en su tramitación hacia su aprobación definitiva tras su visto bueno por el Consejo de Gobierno esta mañana. Ahora, el texto se remite a las Cortes regionales y se espera que vea la luz antes del próximo verano.
Se trata de una Ley “ambiciosa y de vanguardia” en la defensa de los derechos de los animales y en la lucha por el bienestar de los mismos en una sociedad “avanzada” y que tiene que hacerse desde un Gobierno de progreso, para avanzar en la dirección correcta en la materia.
Así lo ha anunciado esta mañana Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, quien ha dado cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno celebrado hoy en Toledo, recordando que esta normativa nace de un intenso trabajo y un diálogo permanente con la sociedad y significará un avance en la protección y cuidado todos los animales, no solo los domésticos.
El texto, que ha pasado ya por el dictamen del Consejo Consultivo y previamente por un periodo de exposición pública que sirvió para enriquecerlo con más de 1.000 aportaciones, sustituirá a una normativa del año 1990 que se ha quedado obsoleta. Así, ahora se espera que la norma cuente con el consenso de los tres grupos parlamentarios presentes en las Cortes.
Entre las novedades, el principio fundamental pasa por considerar a los animales seres que sienten y el fomento de la tenencia responsable de los mismos. También quedan recogidos aspectos como el aumento de la cuantía de las sanciones, pasando de pesetas a euros, y que se multiplicarán por diez, hasta los 60.000 euros; así como el fomento de tenencia responsable o la prohibición de las mutilaciones estéticas.
Además, prohíbe el mantenimiento permanentemente de animales atados o encadenados, su donación con fines publicitarios, como premios, recompensa o regalo; el empleo de animales salvajes en circos, la publicidad con fines económicos o las peleas organizadas.
Asimismo, se persigue el sacrificio cero en establecimientos que alojan animales y se simplificará la identificación animal, con un sistema de registro gestionado por el Colegio de Veterinarios de Castilla-La Mancha, con acceso a la administración competente.
En el texto queda reflejada la obligatoriedad de formación específica del personal que trabaje al cuidado de animales en núcleos zoológicos y contempla normas de información, divulgación y educación en materia de protección animal. También incorpora la creación del Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los Animales y se facilita el acceso y circulación de animales a los transportes públicos, restaurantes y hoteles.
Solo quedan excluidos de esta normativa los animales que cuentan con una normativa específica, como los pertenecientes a explotaciones ganaderas, la fauna silvestre, los espectáculos taurinos o los animales existentes en los parques zoológicos.
Una PAC que defienda la agricultura familiar y a las pequeñas y medianas explotaciones
Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha trasladado la postura de la región ante el reto que supone la nueva Política Agraria Común (PAC), donde Castilla-La Mancha es la primera región en contar, desde 2018, con un documento de posición común tras la interlocución con el sector. Estas medidas serán trasladas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se incluyan en defensa de los intereses de la agricultura española y la castellano-manchega.
En este sentido, el consejero ha analizado la situación presupuestaria y ha mostrado en nombre del Ejecutivo regional el apoyo al Gobierno de España por la defensa de los intereses del sector, defendiendo presupuesto justo y suficiente, al menos igual que el existente en este periodo de programación.
Defensa de un presupuesto justo
En Castilla-La Mancha, ha explicado, el marco financiero de siete años de la PAC supone 6.000 millones de euros, 850 cada año de media, y “esto es lo que está en discusión y necesario mantener esa posición de defensa de un presupuesto justo, porque es la política más importante y la que contribuye a compensar a los agricultores y ganaderos por la seguridad alimentaria que ofrecen y su trabajo en defensa del medio ambiente y gestión del territorio”.
Además, ha desgranado algunos de los aspectos más relevantes de la posición de Castilla-La Mancha, como la defensa de una política fuerte con especial atención a la puesta en marcha de medidas de mercado que permita al sector autorregularse y tomar decisiones que defiendan bien los productos de agricultores y ganaderos.
Sobre este asunto, el consejero se ha mostrado partidario de una verdadera exención al cumplimento de normativa de competencia para el sector agroalimentario para que la oferta de materias primas se pueda concentran mucho más que lo que hace actualmente.
Que no desaparezca ni un solo empresario del campo de Castilla-La Mancha
También en las ayudas directas, desde Castilla-La Mancha, ha dicho, “queremos un modelo familiar, de pequeñas y medianas explotaciones y que no desaparezca ni un solo empresario del campo de Castilla-La Mancha”, por lo que se ha mostrado crítico por las decisiones adoptadas en su día por el ex ministro Arias Cañete y Cospedal de eliminar de la PAC a aquellos agricultores que tenían derecho a recibir menos de 300 euros lo que hizo que muchas desaparecieran y “no queremos que eso suceda”.
Desde la región se apuesta por un modelo de convergencia de ayudas para que los agricultores que se dedican a actividad 
productiva en cualquier lugar de España cobren lo mismo por hectárea.
A esto se une el establecimiento de un techo por explotación, fomentando generación de empleo de calidad en las explotaciones y poner un pago redistributivo y que lo ahorrado de estas ayudas sirva para que los agricultores profesionales puedan tener ayuda extra, diferenciando así su compromiso respecto a los que no son profesionales.
