El Gobierno regional ha estado subvencionando y avalando estos proyectos, condenando a nuestro medio rural a la invasión de la ganadería industrial, sin ni siquiera cumplir los requisitos para ello y sin ejercer control ninguno sobre los mismos.
El pasado 9 de enero se constata que la explotación ganadera de cerdos de ‘cebo’ del término municipal del municipio de Almendros (Cuenca), comienza a recibir animales sin contar con Licencia municipal ni concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a pesar de que extrae agua de un pozo realizado para tal fin en la masa de agua Lillo-Quintanar declarada en riesgo.
La plataforma Pueblos Vivos de Cuenca, Ecologistas en Acción, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Asociación de vecinos Almendruqueros ADERA (Asociación para la Defensa de la Economía Responsable de Almendros) se plantean una reunión para valorar si se personan conjuntamente contra la Administración Regional por la autorización de estas explotaciones del modo que se está realizando y sin ejercer control sobre las mismas.
“Existen irregularidades por parte de la administración en la concesión de las autorizaciones a las macrogranjas y como tal los tribunales ya nos han dado razón en dos ocasiones (Huerta de la Obispalía y Cañete). Esta no debería ser la tónica de funcionamiento y estas situaciones no se deberían de repetir a la hora de resolver las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales integradas (AAI)” apuntan desde Pueblos Vivos. La Plataforma entiende que la mencionada explotación porcina está vulnerando la legalidad y así se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Almendros y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
“Si desde la JCCM continúan concediendo Autorizaciones ambientales a las explotaciones de ganadería industrial, sin contar con los permisos pertinentes, sobre todo los de la Confederación Hidrográfica, nuestra labor como organización será también estar pendiente del avance de los proyectos, pues hemos de ser conscientes que se ponen en marcha sin cumplir los requisitos necesarios y para ello cuentan con el beneplácito del gobierno regional que autoriza las explotaciones y no ejerce un seguimiento y un control sobre las mismas. Ya hemos denunciado otras veces desde Pueblos vivos lo que ello significa, comenzar a funcionar vulnerando la legalidad. Esperemos que, desde lo judicial, seamos capaces de seguir poniendo freno a estos proyectos que ni siquiera
