Lamenta el parlamentario regional del PSOE “la deslealtad con los habitantes de la provincia”, ya que la no aprobación de los PGE supone que Ciudad Real no reciba los 197 millones de euros previstos; inversión incrementada en un 87% respecto a las cuentas anteriores del PP.
Dice que después de siete años de unos PGE de Mariano Rajoy “realizados de espaldas a Ciudad Real”, se ha dicho no a unas cuentas eminentemente sociales, que ponían en el centro de las políticas a los ciudadanos y ciudadanas.
Fausto Marín, diputado regional de Partido Socialista, por la provincia de Ciudad Real, no entiende que dirigentes `populares´ de la provincia, como José Alberto Martín-Toledano, prefieran “por intereses partidistas y partidarios” que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, a que Ciudad Real se beneficie de la inversión prevista, de 197 millones de euros, que suponía un incremento del 87% respecto a años anteriores, “a eso se le llama deslealtad con los habitantes de la provincia de Ciudad Real”, señala el dirigente socialista.
Afirma Marín que con este `no´ del PP a los PGE “de la mano cómplice de los partidos independentistas y la extrema derecha”, tanto Martín-Toledano, como Carmen Quintanilla o Rosa Romero, están diciendo no a que los 98.800 pensionistas ciudadrealeños “recuperen la dignidad que el PP les había arrebatado; a que no se luche contra la pobreza infantil y energética; a que no se aumente la partida para combatir la violencia machista; a que no se favorezca el Estado de Bienestar, a que se paralice la subida del salario mínimo interprofesional a 100.000 ciudadrealeños, ni a que los 36.000 autónomos de la provincia vean satisfechas las mejoras sociales contempladas”.
En este punto, donde los dirigentes del Partido Popular solo ven alegría -dice el parlamentario socialista-, el PSOE “se sorprende del egoísmo, sectarismo y la hipocresía que desprenden”.
Por ello, Fausto Marín, lamenta que después de siete años de unos PGE de Mariano Rajoy “realizados de espaldas a Ciudad Real”, se haya dicho no a unas cuentas eminentemente sociales, que ponían en el centro de las políticas a los ciudadanos y ciudadanas, contemplando una subida del 10% del sistema de becas público, propuestas por la natalidad, como la ampliación del permiso de paternidad hasta 8 semanas para los padres, o medidas para el colectivo de las personas dependientes, como la de devolver a unas 3.500 cuidadoras el derecho a estar dadas de alta en la Seguridad Social, finaliza indicando.
