Artículo de opinión de la Comisión Ejecutiva Local de la Agrupación Socialista de Ciudad Real
Un 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los pueblos del Mundo se conjuraban para que la vergüenza de otra guerra, grande o pequeña, no pusiera en entredicho la condición que toda persona encierra por el hecho de serlo.
Sus treinta artículos hablan de la libertad e igualdad ante la ley sin estar condicionado al color, raza, sexo, idioma o religión. Del derecho a la vida y a ser tratado con dignidad, sin sometimiento a la esclavitud, a torturas o tratos denigrantes. Del derecho de todos ante una justicia independiente, imparcial y garante de la inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. Del derecho a tener una nacionalidad y moverse libremente por el mundo. A fundar una familia, a la libertad de pensamiento, de expresión y reunión. Del derecho a la educación y sanidad gratuitas, así como a la cultura; al trabajo dignamente remunerado y a la protección contra el desempleo. Al descanso y al tiempo libre; y a que se establezca un orden social e internacional en el que estos derechos se hagan plenamente efectivos.
Han transcurrido setenta años. Todos los días recibimos cumplida información de la situación mundial a través de los medios de comunicación. La lista de los incumplimientos de los derechos Humanos a nivel mundial es tan extensa, incluso desde la comodidad de occidente, que escandaliza. Casi 70 millones de personas están desplazadas en el planeta por causa de conflictos bélicos. Desde el año 2014, unas 15.000 personas han muerto en el Mediterráneo.
¿Qué haríamos si nos dijeran que 20 Km más al norte la esperanza de nuestras vidas aumentaría 20 o 30 años; que la mortalidad infantil de nuestros hijos disminuiría en un 90%; que no estaríamos sujetos a hambrunas, violaciones, esclavitud ni otros tratos degradantes? Juzguen ustedes.
Una sociedad que respeta los Derechos Humanos es aquella que obliga a sus gobernantes a legislar contra la pena de muerte, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Un Estado que respeta los derechos humanos es aquel que defiende la igualdad de género; la no discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género; o los derechos de las personas con discapacidad. Un pueblo que ampara los Derechos Humanos es aquel preserva el desarrollo sostenible, la jurisdicción universal ante los crímenes contra la Humanidad; el que evita el comercio indiscriminado de armas o las expulsiones de los inmigrantes en caliente. Una nación que respeta los derechos Humanos garantiza el derecho de asilo y evita la discriminación por motivos de religión o creencias.
Un estado que respeta los derechos Humanos introduce medidas en su Constitución para evitar que en épocas de crisis económica las políticas de austeridad sean una excusa para anteponer los intereses financieros a las personas. No genera leyes de Seguridad Ciudadana caracterizadas por la pérdida de garantías jurisdiccionales, ni reforma el código penal con la intención de criminalizar la protesta social. Tampoco mantiene la ambigüedad en la separación de poderes ni el uso arbitrario del indulto.
Una sociedad que defiende los Derechos Humanos debe procurar que las mujeres participen en su desarrollo de igual manera que los hombres y que sus leyes sobre educación incluyan el estudio de estos derechos y, por ende, los valores cívicos y éticos de nuestra cultura.
La llave de esta puerta la tenemos todos nosotros. El avance de la ultraderecha en el mundo y también en Europa da motivos para la reflexión. Lo acabamos de sufrir en nuestras carnes en las última elecciones andaluzas. La irrupción legítima de VOX con un programa que atenta contra los derechos humanos, rozando la xenofobia, el racismo, la homofobia y la desigualdad entre hombres y mujeres, al que, por cierto, apoya algún obispo preconciliar, nos debe servir para el análisis.
La ultraderecha cabalga sobre los miedos e incertidumbre legítimos de la población cuando ésta se ha sumido en el hartazgo al ver que las promesas no se cumplen y los problemas considerados importantes son tratados por unos y otros como moneda de cambio. La ultraderecha se alimenta de la pérdida de fe en el sistema democrático. Y la responsabilidad es de todos, incluidos aquellos que se quedaron en casa y ahora se lanzan a la calle escandalizados.
El Ayuntamiento de Ciudad Real, con nuestra alcaldesa a la cabeza, desde el deber que les corresponde a las instituciones, viene trabajando para visibilizar todo ello y remover las conciencias en materia de cooperación internacional, igualdad de género, ciudad de acogida, apoyo a la infancia, participación ciudadana, etc.; en definitiva, para una ciudad más justa, solidaria y democrática, pues, como dice Pilar Zamora, las personas son lo primero.
Comisión Ejecutiva Local de la Agrupación Socialista de Ciudad Real
